Un gobierno gobierna, no se manifiesta

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Un avión sobrevolando la laguna de la Ricarda

BarcelonaLa portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha declarado que no le sorprendería que algún conseller participara en la manifestación convocada para el domingo 19 contra la ampliación de El Prat, lo cual resultaría paradójico porque la posición oficial del ejecutivo es que está a favor de la ampliación siempre que no haya afectación medioambiental grave. Este es el consenso en el Govern y es el acuerdo al que llegó el vicepresidente, Jordi Puigneró, con Aena. Es verdad que el primer documento presentado por Aena el pasado viernes, el llamado DORA, prevé alargar la tercera pista por encima del espacio protegido de la Ricarda, y esto precipitó que el president Aragonès se posicionara en contra. Pero las palabras de Plaja dejan entrever que las dudas alrededor del proyecto se están multiplicando en el seno del Govern, sobre todo de la parte de ERC, y en el seno del partido. De hecho, la portavoz adjunta del grupo parlamentario de ERC, Meritxell Serret, avanza en una entrevista en el ARA su predisposición a participar en la manifestación y asegura que todo el grupo comparte la opinión.

De la parte del gobierno español, que es quien lleva la voz cantante en Aena de la mano del ex diputado socialista Maurici Lucena, tampoco hay una posición unitaria. La semana que viene la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, visitarán el espacio de la Ricarda, una manera de evidenciar su oposición al proyecto. Tenemos, pues, los gobiernos español, catalán e incluso el consistorio barcelonés con diferencias entre los socios alrededor de la ampliación de El Prat, un proyecto de una altísima complejidad técnica y con muchas derivadas, porque afecta no solo a la protección de un determinado paraje natural sino al modelo mismo de desarrollo económico, y significa también una fuerte inversión.

Aun así, lo mínimo que se puede pedir a los gobernantes es seriedad y no dejarse arrastrar por las consignas fáciles. Si el gobierno catalán ha consensuado que está a favor de la ampliación porque quiere asegurarse el dinero de la inversión (1.700 millones de euros), pero sin malograr la Ricarda, su trabajo es presionar para que el plano director prevea una vía para que las mejoras que se hagan respeten la laguna y el parque agrario. Porque la manifestación del día 19 no es para defender la Ricarda sino para que no se amplíe la capacidad del aeropuerto, puesto que el lema de la plataforma Zeroport es "Por el decrecimiento del puerto y el aeropuerto".

Estamos, por lo tanto, ante un debate de fondo que se tiene que encarar con la máxima de rigurosidad técnica y en la que hay que exigir las máximas garantías a Aena. La primera duda que hay que resolver es si con la ampliación se asegura que Barcelona dispondrá de un hub aeroportuario internacional, un viejo anhelo del mundo económico que no quiere que El Prat sea solo una puerta de entrada de turistas con compañías de bajo coste. Y una segunda duda es si las decisiones sobre el sistema aeroportuario tienen que continuar centralizadas en Aena, que privilegia Barajas, o si se tiene que dar entrada a las instituciones catalanas, otra vieja reivindicación de la Generalitat. En conjunto, demasiadas incógnitas y un debate necesario que difícilmente se puede responder con un eslogan.

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