Acabamos de cerrar las elecciones catalanas y europeas. Y conforme pasan los años y las dinámicas económicas y sociales van cambiando y acentuando algunos de sus parámetros de funcionamiento, crece la sensación de que la política ha ido perdiendo peso en los equilibrios de poder que siempre han existido. Cuando apenas terminados mis estudios de grado entré de profesor ayudante de derecho político en la Universidad de Barcelona, en un lejano octubre de 1974, era costumbre que los recién llegados acompañaran a los profesores de toda la vida para aprender algo de cómo funcionaba esto de enseñar en la universidad. Acompañé al catedrático de entonces, Manuel Jiménez de Parga, a una clase de primero. Era el primer día de curso, y él empezaba siempre preguntando: "A ver, ¿quién me puede decir quién manda en España?". Los más de cien alumnos, medio asustados y aún atolondrados por el hecho de estar en la universidad, se agitaban nerviosos hasta que alguien se atrevía a llamar “Franco” o “las Cortes”. El profesor iba insistiendo hasta que alguien decía “la banca” o “Estados Unidos” y, de hecho, empezaba entonces su clase sobre los diferentes tipos de poder existentes. Las clases posteriores de mi maestro, Jordi Solé Tura, iban adentrándose en las distinciones entre poderes formales y poderes reales.
Hoy en día, estas distinciones se siguen haciendo en cualquier curso universitario que trate estos temas. El problema que tendríamos ahora es que quizás nos costaría aún más que antes nombrar con claridad a quien manda. Más allá de los políticos y cargos institucionales, podríamos citar nombres que todos sabemos, pero en muchos casos estaríamos hablando de empleados que, cobrando grandes sueldos, están al servicio de fondos de inversión millonarios muy poco visibles. Estamos en un capitalismo de gestión de activos financieros, muy distinto al capitalismo de dueños, con nombre y apellido. Son estos fondos de activos los que controlan los puntos centrales de los sistemas esenciales sobre los que descansan las vidas de buena parte de los habitantes del planeta: transporte, vivienda, energía, agua e incluso la salud. Estos inversores pueden ser personas de carne y hueso, pero son sobre todo instituciones: fondos de pensiones, fondos soberanos, fondos de salud o compañías de seguros.
Cada vez la concentración de recursos y poder se hace más y mayor, y la capacidad de operar en tiempo real en cualquier rincón del mundo se hace más y más fácil. Unos trabajan y mueven dinero sin problemas, pensando en el medio y largo plazo, y los políticos, que mandan representándonos, se mueven a muy corto plazo, y deben encarar una elección tras otra. Los poderes públicos necesitan siempre recursos, y más cuando deben encarar los sustos que crisis, pandemias y guerras plantean. Los retos son mayúsculos: renovar infraestructuras, cambiar el modelo energético, asegurar el suministro de agua, y todo esto debe hacerse sin aumentar demasiado los impuestos, ya que si no las inversiones cambian de destino. Unos juegan una liga y otros juegan una muy diferente. Las cifras son elocuentes: los grandes fondos controlan más del 40% de todo el capital financiero del mundo; poseen una tercera parte del capital de las 500 empresas más importantes de EE.UU.; en España, los nueve grandes fondos tienen 30.000 millones de euros colocados en las empresas del Ibex 35, y en muchos casos tienen su control efectivo. En sus análisis de principios del siglo XX, Hilferding hablaba de los bancos, del capital financiero, tratando de ir más allá del capitalismo de los inicios donde estaba la figura del dueño. Una persona con nombre y apellidos que estaba presente en el día a día de la empresa. Si ya entonces el capitalismo se iba haciendo abstracto, anónimo, ahora deberíamos empezar a hablar de capitalismo invisible. Pero esa invisibilidad, que les hace menos responsables, no les da menos poder. Y si no que se le pregunten a Larry Fink, el CEO del gran fondo Blackrock, que controla un fondo de inversión superior al PIB de cualquier país del mundo, con la excepción de China y EEUU.
Las cosas han ido como han ido. Y estamos donde estamos. Pero uno de los elementos más preocupantes de la situación es que antes, fueran los dueños o fueran los bancos, había gente que debía asumir cierta responsabilidad sobre lo que se hacía o no se hacía. El problema que tenemos ahora con estos dueños invisibles, cada vez más poderosos, es que no se sienten responsables de nada que no sea asegurar la rentabilidad a los inversores de sus fondos. Una rentabilidad que además marca también los retornos de sus gestores en salarios y otros beneficios. En este escenario nada estimulante, surgen muchas preguntas. Un ejemplo de estos dilemas sería preguntarnos: ¿la economía verde y sostenible hacia la que necesitamos transitar, es suficientemente provechosa para que estos dueños invisibles inviertan en ella? Si la respuesta es negativa o incorpora demasiadas dudas, quizás entonces convendría ir pensando que los estados y los poderes públicos en general asumieran una postura política mucho más activa en cuanto al control de las infraestructuras e industrias clave para el futuro del planeta.
