El Ayuntamiento de Barcelona permite que los funcionarios cobren hasta dos años sin trabajar antes de jubilarse

BarcelonaEl Ayuntamiento de Barcelona facilita que sus funcionarios puedan dejar de trabajar hasta dos años antes de jubilarse manteniendo el mismo sueldo. ¿Cómo? Los premia con días extra al final de su vida laboral. Según ha constatado el ARA a través de una petición de transparencia, existe una figura en el convenio del Ayuntamiento 2021-2024 –excepcional en la función pública, según los expertos consultados– que permite al personal funcionario acumular los días de asuntos personales no consumidos –las vacaciones están excluidas– para gastarlos de inmediato antes de jubilarse. Además, por cada día no disfrutado el Ayuntamiento les regala otro. Esto hace que los trabajadores puedan dejar de trabajar antes conservando la misma retribución, ya sea de forma compactada –en los dos años previos a la jubilación– o parcial –hasta cuatro años antes–. Solo hay un tope: "Los días acumulados no podrán sumar en ningún caso más de 24 meses". Esta figura, llamada "cese progresivo", entró en vigor el 24 de diciembre de 2021 y fue aprobada por todos los grupos del consejo municipal excepto Ciudadanos, que se abstuvo, además de ratificada por CCOO y UGT.

Según los datos entregados por el Ayuntamiento, en estos momentos hay 65 personas que se han acogido a este plan. La media de tiempo que están cobrando sin trabajar es de 4,2 meses, aunque hay varias personas que han acumulado lo suficiente para disfrutar del permiso durante más de 7 meses. Las retribuciones van en función del puesto de trabajo y la experiencia –entre 27.000 y 73.000 euros–. El que más tiempo acumula en esta situación es un funcionario del área de Urbanismo que cuenta con ocho meses (263 días) acumulados y un sueldo de 45.401 euros anuales. De estos 263 días, el trabajador ha aportado 90 y el consistorio le ha bonificado 173. De acuerdo con la misma información de transparencia, también hay hasta tres funcionarios con una categoría de director nivel 28 que tienen casi cuatro meses y medio acumulados con una retribución de 73.358 euros anuales. De estos cuatro meses y medio, la parte aportada por el Ayuntamiento triplica la parte del funcionario (véase el gráfico).

¿Y eso quién lo paga? Se paga a través de los presupuestos del Ayuntamiento, ya que aunque se parezca a una jubilación parcial o anticipada, la Seguridad Social no interviene para nada, confirman fuentes del propio consistorio. Hay que tener en cuenta que el gobierno español ha restringido las diferentes formas de avanzar la jubilación: los expertos consultados dejan claro que los funcionarios, al menos formalmente, no pueden jubilarse parcialmente –a diferencia de los trabajadores de la empresa privada– y que las jubilaciones anticipadas son cada vez más complicadas para todos los trabajadores: deben llevar 35 años cotizados y existe una penalización de la pensión de entre un 13% y un 21%. Basta con observar las últimas cifras entregadas por la Seguridad Social: solo el 18% de los trabajadores que deciden jubilarse anticipadamente de forma voluntaria optan por el máximo permitido, es decir, 24 meses.

El Ayuntamiento aporta más días que el trabajador

¿Cuáles son los días que pueden acumularse en el llamado "banco de tiempo" de cada trabajador? ¿Y sobre la base de qué criterios le añade el Ayuntamiento? Se trata de días personales y de antigüedad que los trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona tienen aparte de las vacaciones, que no se pueden acumular.

Si un funcionario, pues, se reserva estos días que tiene durante el año –que, como hemos visto, en función de la antigüedad pueden llegar a ser más de veinticinco–, el Ayuntamiento permite que los disfrute al final de la vida laboral y le suma uno más por cada uno no consumido (es decir, veinticinco más cada año). Pero no solo: el consistorio también bonifica un día por cada año trabajado y otro día por cada quinquenio al que se acoja al "cese progresivo".

Además, los premios económicos por antigüedad (una figura extra que tienen en Barcelona aparte de los trienios) también pueden canjearse por días adicionales: por ejemplo, si se renuncia al 45% de la paga correspondiente a los 45 años de antigüedad, el consistorio da 35 días libres al trabajador para poder gastarlos antes de la jubilación. Este punto, en cualquier caso, ahora está en duda, ya que el Ayuntamiento ha suspendido el plus de antigüedad por un aviso de la Sindicatura de Cuentas –que ha dicho que no tiene cobertura legal– y se ha abierto una negociación con los trabajadores que también puede afectar a esta bolsa de tiempo.

Sin embargo, en función de los años trabajados, un trabajador puede llegar a sumar hasta 89 días más aparte de los que haya ido acumulando, siendo 730 el máximo que puede ahorrarse al final de su vida laboral.

Entre 2 y 73 días excepcionales

La mayoría de las 65 personas acogidas ahora mismo a este tipo de prejubilaciones carecían de días en su bolsa de tiempo –el convenio actual es del 2021 y no se los habían guardado–. Ahora bien, para que pudieran disfrutar igualmente de la medida el Ayuntamiento, de forma excepcional, decidió concederles hasta 72 días extras en función de la antigüedad. Tan solo así se entiende que un funcionario del ámbito de la gerencia municipal (ver gráfico) pueda dejar de trabajar dos meses y medio antes manteniendo su salario de 45.401 euros anuales. O que un técnico de nivel 24 haya podido hacerlo cuatro meses y medio antes con una retribución de 49.801 euros al año: tenía 29 días propios y el consistorio le ha dado 102.

Desde el Ayuntamiento justifican la medida porque se trata de una "larga reivindicación sindical": los funcionarios, remarcan, a diferencia de los trabajadores privados, no pueden jubilarse "parcialmente". También argumentan que así se puede "rejuvenecer" la plantilla o "reordenar" las cargas de trabajo.

¿Qué dicen los expertos? Núria Pumar, profesora del derecho del trabajo de la Universitat de Barcelona, deja claro que no se opone a ninguna medida que vaya a favor de los trabajadores y que se haya logrado a través de la negociación colectiva –recuerda que existen entidades bancarias que cuentan con figuras así–, pero añade también que es una regulación "no habitual" y que no va en la línea de las directrices europeas, que piden alargar la edad efectiva de jubilación.

Más crítico se muestra Carles Ramió, profesor de ciencia política y derecho administrativo de la Universitat Pompeu Fabra. Considera que la medida genera una "pésima imagen" de la administración y que agrava "la asimetría" con el sector privado: recuerda que en la mayoría de empresas no tienen los días extras de los funcionarios –que se suman a los días de vacaciones – y mucho menos se los doblan al final de la vida laboral. En la misma línea se expresa el catedrático de derecho administrativo de la Universitat de Barcelona Jordi Garcia. Afirma que, pese a ser legal, en estas materias "es necesaria responsabilidad moral y ética" a la hora de gestionar los recursos públicos, teniendo en cuenta las condiciones del resto de trabajadores públicos y privados. Ambos apuntan a los políticos como responsables.