ERC recuperará los 2,1 millones de euros de la fianza al Tribunal de Cuentas cuatro meses después

Barcelona / MadridLa persecución del movimiento independentista a través del Tribunal de Cuentas llevó a sus líderes al límite cuando el órgano decidió rechazar los avales con fondos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir las fianzas de 34 ex altos cargos de la Generalitat. Para afrontar esta situación –se les reclamaban hasta 5,4 millones de euros–, Junts aportó de manera cautelar los inmuebles del expresidente Artur Mas y los exconsellers condenados por el 9-N, y ERC decidió abonar 2,1 millones en metálico. Después de la renovación de su composición el noviembre pasado, el ente rectificó y decidió aceptar la aportación del ICF. Los tempos, sin embargo, son lentos y casi cuatro meses después los republicanos todavía no han recuperado el dinero: el Tribunal de Cuentas rechazó el pasado lunes sustituir los 2,1 millones de ERC por los avales del ICF argumentando que no lo podía pedir el partido. Según ha sabido el ARA, el exconseller de Exteriors Raül Romeva ya ha presentado un nuevo escrito, esta vez en nombre suyo, y la petición será previsiblemente aceptada. 

En la diligencia emitida el 6 de junio, el tribunal expone que la formación solicitó que se liberara el depósito que aportó de manera cautelar el pasado mes de octubre de 2021 y que se le devolviera “de manera inmediata” el dinero. “No es procedente atender la petición”, respondía el órgano, alegando que “ERC no tiene la condición de parte” en el procedimiento. Trasladaba a la formación, eso sí, que la “posible sustitución de una medida cautelar por la otra” se podía tramitar “a petición de cualquier de los demandados la presunta responsabilidad contable de los cuales fue garantizada por el depósito de ERC”.

Ante esta situación, la defensa de Romeva presentó un segundo escrito –al cual ha tenido acceso este diario– en el que recuerda que Esquerra abonó esta cantidad para evitar “el embargo” de los bienes de los investigados. Una vez “garantizada la responsabilidad provisional” de los demandados con los avales del ICF, continúa el texto, “el mantenimiento del depósito efectuado por ERC constituye una sobregarantía de las responsabilidades de mi representado, motivo por el cual solicita que se sustituya la garantía consistente en el depósito en efectivo” por los avales. 

La negativa inicial al ICF

Los dos millones de euros que aportó ERC son los correspondientes a los gastos imputables a los excargos de gobierno entre 2016 y 2017. Se sumaron los inmuebles que pusieron a disposición del tribunal Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, y Junts asegura que también aportó una cantidad de dinero que no especifica y de la cual no ha pedido el regreso. Ambas formaciones optaron por esta vía ante la decisión del órgano de rechazar el aval del lCF. 

La delegada instructora del Tribunal de Cuentas, Esperanza García, argumentó que el decreto elaborado por el Govern para cubrir las fianzas –y avalado por el Consejo de Garantías y la Fiscalía– no amparaba el ICF para presentar los avales públicos en el caso concreto de la causa de Exteriores, puesto que no daba cobertura a aquellos casos en los que los implicados hubieran actuado con “luto, culpa o negligencia grave”. Sin embargo, la renovación de los miembros del Tribunal de Cuentas pactada entre el PSOE y el PP el pasado mes de octubre, que se tradujo en un cambio de mayorías en el órgano, abrió la vía del ICF, que ahora permitirá a los partidos recuperar su aportación privada mientras no llegue una eventual condena.

Sentencia a finales de año

En paralelo, el pasado jueves el secretario del departamento segundo de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas rechazó los recursos contra la admisión del escrito de acusación de la Fiscalía que habían presentado el expresidente Carles Puigdemont, los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, y los exdelegados del Govern en el exterior Josep Manuel Suárez y Martí Anglada. Ahora los afectados pueden recorrer de nuevo y la consellera Elena Hernáez volverá a oponerse a su petición. 

Entonces, instará a los investigados a presentar sus escritos de defensa y de cara a septiembre convocará la audiencia previa al juicio, donde las partes pueden exponer razones por las cuales no tendría que continuar el procedimiento, así como solicitar las pruebas de cara al juicio. Hacia octubre o noviembre tendría que tener lugar el juicio, que se alargará unos días en función de los testigos que se llamen a comparecer y las pruebas periciales que se pidan. La intención del Tribunal de Cuentas es que la sentencia llegue antes de 2023.