La justicia francesa prohíbe el catalán en los plenos de la Cataluña del Norte como lengua preferente

BarcelonaGolpe contra el catalán en la Catalunya del Nord, con una sentencia que lo prohíbe de facto en los plenos de los ayuntamientos. El Tribunal de Apelación de Toulouse ha dictaminado a favor de la sentencia del juzgado de Montpellier y ha ratificado este jueves la imposición del francés como lengua prioritaria en los consistorios. La sentencia ha tumbado definitivamente el reglamento que impulsó el consistorio de Elna para poder intervenir en catalán siempre que después se tradujera al francés y que otros municipios imitaron. Según la resolución, "autorizar la expresión de los cargos directamente en catalán infringe el artículo 2 de la Constitución, en virtud del cual el francés es la lengua de la República".

Los magistrados han concluido que las lenguas regionales "pertenecen al patrimonio de Francia" y que su uso no se puede prohibir "ni en acciones públicas ni privadas", de acuerdo con el artículo 21 de la ley Toubon, del 1994. Sin embargo, remarcan que el artículo 2 de su carta magna dice que "el uso del francés es obligatorio para las personas jurídicas de derecho público". Por eso, la justicia ha manifestado que los documentos administrativos de la Cataluña del Norte también deben redactarse únicamente en francés.

Sin embargo, el Tribunal de Toulouse ha dejado la puerta abierta a que se puedan traducir al catalán las intervenciones. Admitió que la Constitución "no impide" que la presentación de las deliberaciones e intervenciones de los concejales, "una vez expresadas en francés, puedan ser traducidas al catalán". Un uso, en todo caso, subordinado y sin validez legal.

Este mismo jueves los alcaldes de los cinco municipios afectados –Elna, Banys, Portvendres, Tarerac y Sant Andreu de Sureda– y Òmnium Cultural se han reunido para decidir la respuesta a esta ofensiva judicial. El cónclave ha resuelto que presentarán un recurso contra la sentencia en el Consejo de Estado con el objetivo de llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para evitar que el catalán sea "una lengua de segundo orden" en las administraciones de la Catalunya del Nord . En conversación con el ARA, el teniente de alcaldía de Elna, Pere Manzanares, se muestra esperanzado: "Hemos iniciado un camino largo, pero hemos dado pequeños pasos. Nosotros no hemos ganado, pero el prefecto ha perdido un poco". Reunidos para "hacer piña", Manzanares recalca que el horizonte de Estrasburgo abre la posibilidad de que otros territorios como Occitania, además de otros municipios norte-catalanes, se sumen para pedir a Europa que se reconozca el derecho a utilizar la lengua.

Los argumentos y el camino judicial

Según explica Manzanares, hay tres elementos de la sentencia que abren la puerta a la esperanza. Pese al texto desfavorable, tumba dos argumentos legales del prefecto: una ordenanza de 1539 para imponer el lenguaje francés –un siglo antes de que los condados del Rosellón fueran tomados por Francia– y el uso de la ley Toubon para imponer el francés, una ley que se aprobó para desterrar anglicismos, pero que el concejal añade que se ha utilizado reiteradamente contra las lenguas regionales. Asimismo, sostiene que puede ser "un argumento relevante" para el TEDH el hecho de que la sentencia diga que el artículo 75.1 de la Constitución del país no implica "ningún derecho". Este artículo es el que hace constar que "los idiomas regionales pertenecen al patrimonio de Francia". En el paso previo al Consejo de Estado, no tienen muchas esperanzas.

Òmnium contribuye a una batalla legal que puede ser clave para empezar a reconocer derechos lingüísticos en la Catalunya del Nord. Una vía que va por largo y la respuesta internacional puede alargarse casi una década, según las fuentes consultadas. Manzanares sostiene que los norcatalanes están "en una vía diferente a la corsa y la ultramarina", pero que el intento por reconocer los derechos puede fructificar.

La decisión final de la justicia francesa ha llegado dos años después de que el Ayuntamiento de Elna cambiara su reglamento para permitir el uso del catalán en las intervenciones de sus concejales. La reforma establecía que las intervenciones debían ser traducidas al francés para no chocar con la ley, e hizo que el municipio fuera pionero en adoptar una medida para defender el uso del catalán en el estado francés. Posteriormente, imitaron la decisión las otras cuatro localidades. Los concejales de la zona que se oponían al cambio lo denunciaron, y en abril del 2023 se produjo el juicio en el Tribunal Administrativo de Montpellier contra los cinco consistorios. En mayo de 2023 los jueces dictaminaron la anulación de los cambios en los reglamentos de estas localidades, pero los alcaldes llevaron la sentencia al Tribunal de Apelación de Toulouse.