¿Cómo se ha llegado al procesamiento del fiscal general?

MadridHace nueve meses que el Tribunal Supremo hizo el paso de imputar por primera vez en democracia a un fiscal general del Estado. La investigación por revelación de secretos del magistrado Ángel Hurtado ha derivado en el procesamiento de Álvaro García Ortiz, que se ve abocado a un juicio ante la sala penal una vez ayer la sala de apelación del alto tribunal confirmó que existen suficientes indicios de delito por juzgarle por haber filtrado presuntamente "información reservada" sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Es imposible explicar el alcance del caso sin mencionar a la presidenta madrileña y su particular batalla con Pedro Sánchez, que es quien designó al fiscal general del Estado en verano de 2022. Para el PSOE la causa contra García Ortiz se enmarca en la estrategia de persecución de la derecha política y judicial contra el presidente de el PP mientras que la líder del PP tratar de destruirla.

Ahora bien, más allá de la judicialización de la trifulca política, el detonante de la causa por revelación de secretos es otra por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y por falsedad documental. En este caso quien está procesado es Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, quien también será juzgado por un tribunal de Madrid por estos supuestos delitos contra la Hacienda pública relacionados con su actividad profesional. El caso salió a relucir el 12 de marzo de 2024 y, desde un primer momento, la líder del PP madrileño y su entorno, encabezado por Miguel Ángel Rodríguez (MÁR), su polémico jefe de gabinete, optaron por defenderse de este escándalo con argumentos políticos. Al día siguiente por la noche El Mundo publicó una versión errónea de los hechos según la cual la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, cuando estuvo al revés. A partir de ahí comienza una guerra por el relato con el gobierno español y el fiscal general del Estado.

El 14 de marzo de 2024 García Ortiz ordenó la difusión de una nota de prensa para desmentir la información deEl Mundo. Previamente, en la noche del 13, algunos medios como la Cadena SER ya adelantaron que el novio de Ayuso era quien había ofrecido un pacto de conformidad con el ministerio público. "El 2 de febrero el letrado defensor de Alberto González Amador se puso en contacto, a través de correo electrónico, con la Fiscalía Provincial de Madrid (12:45 horas) para proponer un pacto con el ministerio fiscal a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal", decía el comunicado difundido por la Fiscalía. Ante esta respuesta pública, González Amador y el gobierno madrileño iniciaron una cruzada contra el ministerio público, que ha terminado con el procesamiento de García Ortiz.

La querella inicial

Inicialmente, contra quien dirigió la querella por revelación de secretos el novio de Ayuso era la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, que es quien envió el correo del 2 de febrero el abogado de González Amador. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) abrió una investigación contra ellos, que fue escalando hasta el máximo responsable de la Fiscalía. Ya antes de que se imputara a García Ortiz, MÁR, la mano derecha de Ayuso, señalaba al fiscal general y vaticinaba incluso que acabaría en prisión. "Pa'lante", celebró ayer en X el jefe de gabinete de la presidenta madrileña sobre la confirmación del procesamiento cuya expresión se ha hartado de repetir en el último año y medio relacionada con García Ortiz.

A raíz de la investigación contra ambos fiscales, García Ortiz envió un escrito al TSJM en el que los descargaba de la responsabilidad y la asumía en primera persona. Esto derivó en el archivo de las diligencias contra Salto y la imputación al Supremo del fiscal general. La investigación contra Rodríguez continuó en el alto tribunal, pero finalmente se archivó también ayer dejando así a García Ortiz como único procesado. En el Supremo, la investigación se centró no en la nota de prensa sino en la anterior filtración del correo a la prensa. El hecho de que antes del comunicado se hubiera publicado ya en algunos medios el contenido del mensaje de la defensa de González Amador situaba la revelación de secretos en una fase previa a la difusión de la nota.

Los indicios: versiones opuestas

La investigación en el Supremo ha estado rodeada de polémica. El gobierno español ha acusado a Ángel Hurtado, el instructor del caso, de actuar sin tener ninguna prueba concluyente que fue el fiscal general quien filtró el correo a la prensa. Varios periodistas declararon como testigos, todo acogiéndose al secreto profesional por no revelar las fuentes, que conocieron el contenido del correo antes de que llegara a manos del fiscal general. La investigación ha revelado que a García Ortiz le llegó a las 21.59 del 13 de marzo. Ahora bien, no se ha encontrado ningún mensaje del fiscal general o enviándolo a ningún periodista u ordenando a alguien de su equipo. Para Sánchez, que ayer se mostró de nuevo convencido de su "inocencia", y también para la Fiscalía, que recorrió el procesamiento, o para uno de los magistrados del Supremo de la sala de apelación, como es Andrés Palomo, que se pronunció en contra del criterio mayoritario y defendió no juzgarle en un voto particular.

Por el contrario, al otro lado, tanto para los otros dos magistrados que han confirmado la decisión, como para Hurtado o las acusaciones populares y el PP sí que hay base suficiente para que el caso llegue a juicio. Entre los indicios que esgrimen está el hecho de que el fiscal general cambiara de móvil poco después de la imputación y borrara los mensajes de sus dispositivos. También la insistencia que tuvo con otros miembros de la Fiscalía para conseguir el correo de la defensa de González Amador y la coincidencia horaria entre el momento en que lo recibió y la publicación que realizó la Cadena SER sólo un par de horas más tarde. A lo largo de toda la investigación y llegados a este punto, los argumentos jurídicos y la conveniencia política se mezclan en los argumentos a favor y en contra de una decisión inédita, como es la de juzgar al máximo responsable de la institución que persigue delitos.