Maquinistas, policías e inspectores de Hacienda boicotean los traspasos del Estado a Cataluña

BarcelonaIn extremis, domingo por la noche los sindicatos mayoritarios desconvocaban la huelga de maquinistas en Cercanías tras un acuerdo con el ministerio de Transportes y el Gobierno para que la nueva operadora de ese servicio ferroviario sea finalmente una filial de Renfe, al menos durante dos años. El jueves varios sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil convocaban –sin demasiado éxito– una concentración ante la delegación del gobierno español en Barcelona para protestar por la delegación de competencias en inmigración. Más allá del quórum, estos dos ejemplos describen el rechazo que han generado entre los funcionarios del Estado los distintos traspasos que el gobierno español ha pactado con ERC y Junts. Una oposición que era previsible, pero que amenaza con boicotear los acuerdos hasta el final.

Las demandas entre los trabajadores estatales están cortadas por el mismo patrón en la mayoría de los casos: ven peligrar condiciones laborales adquiridas hasta ahora en el marco de la legislación española –que la Generalitat les ha garantizado que mantendrá– y se oponen a que Catalunya pueda quedar segregada de la red funcionarial estatal. Uno de los ejemplos lo encontramos en las peticiones de los maquinistas de Renfe. Para desconvocar la huelga del lunes, los sindicatos pedían mantener los derechos laborales que tenían hasta ahora, aplicándoles el convenio colectivo vigente. Querían la garantía de que no se les tocaría cuestiones que consideraban clave como la antigüedad y la movilidad entre distintos territorios del Estado. Según publica este viernes SER Cataluña, los maquinistas cobran de media 58.000 euros y pueden jubilarse a los 62 años. Con la creación de una filial de Renfe para gestionar el servicio de Cercanías, los trabajadores consideraron que sus peticiones quedaban cubiertas.

Un 80% de los maquinistas que conducen los trenes de Cercanías provienen del resto del Estado, según un dato adelantado por El Periódico y confirmada por el ARA de fuentes de UGT y, de éstos, existe una movilidad superior al 90% después del contrato inicial, es decir, que deciden no quedarse a trabajar definitivamente en Catalunya. Precisamente, uno de los puntos que tiene sobre la mesa el gobierno español, catalán y Esquerra es que esta movilidad esté garantizada después de los dos años de transición, cuando la nueva operadora de Cercanías debería pasar a ser una empresa autónoma que colgara de la Generalitat, según los republicanos. Ahora bien, desde Semaf, el sindicato mayoritario de Renfe, añaden que la movilidad no es la única preocupación de los trabajadores, sino no querer dejar de trabajar por la compañía, porque consideran que ofrece más "ventajas", no sólo de movilidad territorial, sino por las funciones a ejercer.

Los inspectores de Hacienda

La situación es similar en el caso de los inspectores de Hacienda. Fuentes de la Agencia Tributaria española explican que Catalunya y Canarias son los destinos históricos entre los funcionarios de todo el Estado que comienzan su carrera. Ahora bien, cuando pueden deciden volver a sus territorios de origen y, por tanto, Cataluña se convierte por ellos en un territorio de paso. Consultado por el ARA, el sindicato Gestha, que agrupa a los técnicos de Hacienda, pone cifras: sólo el 10% de los aproximadamente 1.800 inspectores de Hacienda del Estado provienen de Catalunya. Sin embargo, el territorio catalán es uno de los primeros destinos para muchos de ellos cuando acceden a la plaza. Cerca del 20% acabará pidiendo el traslado, según explica Gestha, principalmente por volver a casa.

Según los datos del propio sindicato, en el último concurso de traslado, 94 de los 377 inspectores que trabajaban en Catalunya pidieron cambiar de territorio, lo que representa un 25% del total. La proporción es similar en cuanto a los técnicos: en este mismo concurso se han ido de Catalunya 420 técnicos de los casi 1.500 que trabajaban, lo que supone un 28% del total.

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Ante estas cifras, desde Gestha son reacios al pacto para cambiar el modelo de financiación en Cataluña, porque consideran que "no responde a principios de eficiencia tributaria": "La cesión de tributos a la Agencia Tributaria de Cataluña implicaría, necesariamente, una cesión llena de personal, medios técnicos y bases de datos. y en el resto de España", apuntan fuentes del sindicato, que piden una "colaboración institucional" entre las dos agencias tributarias y que los nuevos trabajadores de la Agencia Tributaria catalana pasen a cobrar lo mismo que los funcionarios estatales. Más contundentes son desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que reúne al cuerpo superior de inspectores, que se oponen frontalmente a que la Agencia Tributaria de Catalunya asuma la gestión de todos los impuestos porque creen que va en contra de la Constitución y supondrá un "fraccionamiento" de la misma.

El traspaso de Mossos

La oposición de los sindicatos policiales españoles a compartir las competencias en inmigración con los Mossos no es por las condiciones laborales, sino por considerar que les sacarán poder. Una queja que ya hicieron oír a Policía Nacional y Guardia Civil durante el despliegue del cuerpo de Mossos d'Esquadra por toda Catalunya, en los años noventa, después de que el Estado cediera las competencias en seguridad a la policía catalana.

"Al principio de todo [en los años ochenta] no dio miedo a nadie", apunta al ARA Miquel Sellarès, que fue director general de seguridad ciudadana de la Generalitat entre 1983 y 1984, quien también considera que los cuerpos policiales estatales probablemente no eran "conscientes" de la envergadura del acuerdo. Sellarès diferencia aquella situación de la actual, porque en los ochenta apenas se estaba desarrollando la autonomía catalana. Ahora bien, a medida que los Mossos fueron asumiendo mayores funciones, la oposición fue creciendo. Ocurrió con las competencias de tráfico. No hubo un traspaso directo de agentes estatales al cuerpo de la policía catalana, sino que se hicieron convocatorias nuevas para incorporar agentes nuevos y se abrió una ventana para que los guardias civiles que quisieran acogerse, pudieran hacerlo –los agentes que entraban en el cuerpo de Mossos lo hacían sabiendo que tendrían mejores. Sin embargo, esto no impidió la resistencia de los cuerpos policiales estatales. Jaume Bosch, una de las personas que también fue en los inicios del despliegue del modelo policial catalán, asegura, sin embargo, que la oposición fue mucho menor a la que hicieron sentir cuando la policía foral de Navarra asumió también esta competencia.