Política 12/10/2021

Medio año de equilibrios para aislar a Vox en el Parlament

El bloque soberanista y el PSC consiguen limitar la acción de la extrema derecha, pero topan con límites del reglamento

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La cabeza de filas de Vox al Parlamento , Ignacio Garriga y el portavoz del grupo, Joan Garriga durante un pleno.

BarcelonaEl 11 de marzo de 2021, un día antes de que se constituyera el Parlament de la decimotercera legislatura, el PSC, ERC, JxCat, la CUP y los comuns se pusieron de acuerdo para dar respuesta a una situación inédita: la entrada de la extrema derecha, con once diputados, a la cámara catalana. No normalizar su presencia, combatir los discursos de odio o impedir el acceso de los ultras a los cargos de responsabilidad de la institución eran los objetivos del decálogo que los partidos subscribieron a guisa de cordón sanitario alrededor de Vox. Pero alinear a 115 parlamentarios (de 135) con una estrategia común no era fácil, y los socialistas se desmarcaron formalmente del acuerdo poco después de que empezara a andar. El debate sobre cómo aislar los de Ignacio Garriga sin darles protagonismo, la amenaza de los ultras con recurrir a la justicia y, sobre todo, los límites del reglamento marcan desde hace siete meses un pacto que, a pesar de los equilibrios, ha dado resultados. El último fue la semana pasada, con el acuerdo de los cinco partidos para pedir a la mesa que valore si se puede sancionar a Garriga por su discurso xenófobo.

"Vox no está condicionando la agenda y su impacto es muy residual", reivindica la diputada de ERC Najat Driouech. "No hay ninguna agresión sin respuesta", añade la cupaire Basha Changuerra. Con más o menos intensidad, todas las formaciones implicadas valoran positivamente el despliegue del decálogo. Destacan que, a pesar de ser la cuarta fuerza en la cámara, la extrema derecha no tiene representación en la mesa -a diferencia de lo que pasa en el Congreso - ni ocupa de momento ninguna presidencia en las comisiones. En abril, además, los partidos soberanistas trabajaron duro para conseguir una fórmula de votación innovadora para que tampoco obtuviera el senador autonómico que le correspondía. Este último punto fue recorrido por los ultras al Tribunal Constitucional (TC) y, a pesar de que era uno de los compromisos del decálogo, no recibió el aval del PSC. "Aquella fórmula estaba hecha ad hoc para dejar a Vox fuera y podía ser motivo de inconstitucionalidad", justifica Raúl Moreno, portavoz adjunto de los socialistas. A pesar de distanciarse entonces del frente común, Moreno asegura que los "mecanismos de coordinación" con el resto de partidos no se han roto en ningún momento. Las cinco formaciones, de hecho, mantienen el compromiso de no secundar ninguna iniciativa de Vox, que pierde sistemáticamente todas las votaciones en la cámara.

Pero, ¿cómo se organiza en el día a día el cordón sanitario? Representantes de ERC, JxCat, la CUP y los comuns mantienen encuentros regulares para abordar la estrategia a seguir, pero también se comunican de forma más fluida a través de un grupo de Telegram que hierve en cada intervención de los diputados de Vox. Según explica Jéssica González (En Comú Podem), es en este canal donde a menudo se ponen de acuerdo para desmentir o rebatir al momento los discursos de los parlamentarios de la ultraderecha. Una tarea que, admite Changuerra, no es sencilla cuando se tiene que contraatacar con datos. Otras veces es la presidenta del Parlament, Laura Borràs (Junts), quien recuerda que no se pueden usar expresiones discriminatorias. A pesar de que desde la CUP reclaman más "contundencia" con retiradas de la palabra o expulsiones de la cámara, fuentes cercanas a Borràs defienden su estrategia para evitar seguirle el juego a Vox. "Se espera que acaben la intervención para hacer entonces las indicaciones correspondientes y evitar así el minuto de bronca que ellos buscan", sostienen. El objetivo común de todos los partidos, de hecho, es evitar que los de Garriga puedan recurrir al "victimismo" y acabar dándoles un altavoz más grande, como consideran que pasa en Madrid.

El riesgo de la judicialización

Este es uno de los argumentos del PSC para no sumarse a algunas de las iniciativas del cordón sanitario; el otro, "no hacer cosas ilegales o que puedan ser recorridas", explica Moreno. Y aquí es donde está el gran escollo para cumplir con uno de los puntos del decálogo: impedir la presencia de la extrema derecha en las mesas de las comisiones. Hasta ahora se ha conseguido con el argumento que no se han constituido todas, pero el reglamento establece que las presidencias de las comisiones se tienen que distribuir "proporcionalmente" entre los grupos "en función del número de diputados". Fuentes parlamentarias, con todo, alertan que no conceder hacia Vox podría ser recorrido por el partido y llegar a tener consecuencias penales para la mesa. Los grupos se han emplazado a llegar a un acuerdo esta semana para desbloquear este punto y, según varias fuentes, valoran optar por una solución intermedia: conceder a los ultras la coordinación de alguna comisión sin peso político. Esto implicaría saltarse uno de los compromisos del pacto, pero evitaría la judicialización y la publicidad de una previsible victoria de Vox ante el TC, apuntan las fuentes.

Otro de los retos a afrontar es el impulso de varios cambios normativos para limitar la acción de la extrema derecha, como por ejemplo modificar el requisito de unanimidad para las declaraciones institucionales a favor de una mayoría cualificada o agilizar la posibilidad de sanciones. Estos puntos implicarían abrir el melón de la reforma del reglamento, y esto genera muchas resistencias entre los partidos porque supondría abordar otros aspectos que no tienen que ver con el cordón sanitario hacia Vox. Aún así, la secretaria segunda del Parlament, Aurora Madaula (JxCat), confirma que la voluntad de la mesa es ponerse manos a la obra pronto para llegar a un acuerdo sobre el tipo de reforma que habría que hacer. A pesar de las dificultades técnicas, Madaula afirma que "se están moviendo cosas" y que el decálogo "está funcionando", y pone como ejemplo que el discurso de Garriga podría comportarle una multa de entre 600 a 12.000 euros.

A la espera de ver cómo se resuelve este caso concreto, los partidos se centran ahora en el objetivo de poner en marcha la comisión de estudio sobre el racismo institucional. Es allá donde confían poder nutrir el debate antifascista con la sociedad civil y llevar así la lucha contra Vox más allá de los muros de la cámara. "No podemos ser naif pensando que pararemos la extrema derecha en el Parlament con un decálogo [...] Está en la calle, donde podemos incidir", sostiene González. Los datos, por ahora, indican que se va por el buen camino: la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (mayo de 2021) señalaba que Vox perdía ahora entre tres y cuatro diputados y pasaría a ser sexta fuerza, y Garriga aparecía como el líder político más mal valorado (con un 2,31 sobre 10). Inmigración e inseguridad, caballos de batalla del partido para atraer votos, se sitúan en los barómetros del CEO muy lejos de ser los principales problemas para los catalanes.

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