El nuevo laberinto jurídico de Carles Puigdemont

BarcelonaDesde hace siete años que el expresidente Carles Puigdemont vive inmerso en un auténtico laberinto judicial en el exilio. Un laberinto en el que, contra todo pronóstico, se ha llevado victorias –como la negativa a ser extraditado de Bélgica, Alemania e Italia o la adquisición de la condición de eurodiputado– pero también derrotas, como la última ante el Tribunal General de la Unión Europea, en la que perdió la inmunidad por ser juzgado por el 1-O.

Con la aprobación del texto definitivo de la amnistía esta semana, se le abre una nueva etapa que puede acabar con el calvario judicial y su regreso a Cataluña, pero su aplicación, como reconocen sus promotores, no será fácil por la oposición de los jueces a la medida, especialmente en el caso de el expresidente.

Su futuro no sólo depende de la causa del 1-O, sino que el Tribunal Supremo le ha abierto otro frente con la causa de Tsunami por terrorismo y, además, no podrá dejar de mirar de reojo lo que ocurra en el tribunal de Luxemburgo porque depende de que pueda volver a acceder sin problemas con la Junta Electoral Central a ser miembro del Parlamento Europeo si sale elegido el 9 de junio.

A continuación enumeramos las carpetas que tiene abiertas el expresidente y que avanzarán paralelamente a partir de la aprobación definitiva de la amnistía a mediados de mayo.

¿Un retorno inmediato?

El Supremo decidirá si, como dice la ley, retira la orden de detención

Si ahora hay algo que impide al expresidente volver a Catalunya es la orden de detención nacional que mantiene vigente el juez instructor del Proceso Pablo Llarena por el referendo del 1 de Octubre. Por tanto, para poder volver inmediatamente después de la aprobación de la amnistía –en verano, por ejemplo–, el Tribunal Supremo debería retirar esta medida cautelar tal y como marca la ley una vez entre en vigor. Ahora bien, lo más probable es que el alto tribunal plantee una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que busque ralentizar el procedimiento.

Del mismo modo que Puigdemont se encontrarían el exconseller Lluís Puig o el también eurodiputado Toni Comín, encausados ​​por el 1-O. En el caso de Marta Rovira, el problema no es la causa del referendo –no recae sobre ella ninguna orden de detención porque sólo está procesada por desobediencia– sino que para la secretaria general de ERC la dificultad del regreso está en la imputación de terrorismo por Tsunami.

El caso Tsunami

El Supremo no puede actuar contra Puigdemont sin suplicatorio

A diferencia de Rovira, en el caso de Carles Puigdemont la imputación por terrorismo no dificulta su retorno inmediato. Paradójicamente, pese a que por esta vía los tribunales podrían intentar dejarle fuera de la amnistía –el delito de terrorismo está excluido del olvido judicial–, por ahora el Supremo no puede hacer nada contra él relacionado con la causa de Tsunami porque es eurodiputado.

Según fuentes jurídicas, no puede citarle a declarar como investigado ni tampoco emitir órdenes de detención porque antes debería tramitar un suplicatorio en el Parlamento Europeo, tal y como en su momento hizo para juzgarle por el 1- O. Un trámite que se prolongó un año y que aunque lo emitiera ahora difícilmente se resolvería antes de las elecciones europeas del 9 de junio. Dicho de otro modo: para el expresidente es clave mantener la condición de eurodiputado frente al Supremo.

Ser eurodiputado

Está pendiente una sentencia que puede abrirle un frente con la JEC

El expresidente Carles Puigdemont fue elegido eurodiputado en diciembre del 2019 y ahora volverá a presentarse a las elecciones del 9 de junio. Ahora bien, no adquirió la condición de miembro de la Eurocámara de forma inmediata, sino seis meses después de ganar las elecciones europeas en Catalunya a raíz de la sentencia del TJUE sobre Oriol Junqueras, en la que convenía que el Supremo debería haber autorizado el líder de ERC, antes de la condena por el 1-O, a salir de prisión porque como eurodiputado electo tenía inmunidad de desplazamiento para tomar posesión. A raíz de ello, el entonces presidente de la Eurocámara, David Sassoli, reconoció a Puigdemont y Comín como eurodiputados pese a que su antecesor en el cargo, Antonio Tajani, les había denegado el acceso como miembros del Parlamento en el día de su constitución porque no habían jurado la Constitución española como marca la Loreg. En ese momento la Junta Electoral Central, pese a proclamarles electos, eliminó su nombre de la lista que envió al Parlamento Europeo por no haber realizado este trámite.

Ahora bien, este asunto que parecía resuelto (el de ejercer de eurodiputado sin pasar por Madrid) volvió a ponerse en duda ahora hará dos años, el 6 de julio del 2022, por una resolución del Tribunal General de la Unión Europea. En esta sentencia, el tribunal de primera instancia de Luxemburgo avaló el veto inicial de Tajani en Puigdemont y Comín como eurodiputados, considerando que se derivaba de una decisión de España que él no podía discutir. Es decir, aclaran fuentes jurídicas consultadas por el ARA, el TGUE, que normalmente se ha mostrado menos favorable a las tesis de defensa de los eurodiputados independentistas, se reafirmó en que para tener acceso a las credenciales de diputado deben cumplirse también los requisitos que marquen los estados, entre ellos España.

¿Puede esto dificultar el acceso de Puigdemont a su condición de eurodiputado si sale escogido las europeas? Las mismas fuentes aseguran que dependerá de lo que diga la instancia superior, el TJUE, donde el expresidente presentó un recurso. Ahora bien, aseguran que, sobre el papel, debería mantener al menos la inmunidad de forma automática si sale reelegido, dado que ya ha sido reconocido una vez como eurodiputado de pleno derecho sin haber jurado la Constitución.

¿Cuándo saldrá esta nueva sentencia? No queda claro, pero lo cierto es que si no se hace pública antes de la constitución del nuevo Parlament el 16 de julio, el acceso de Puigdemont al pleno de constitución de la Eurocámara puede quedar en manos del criterio del siguiente presidente del Parlamento Europeo. Más aún si, en caso de ser reelegido, la Junta Electoral intentara torpedear su acceso a las credenciales de eurodiputado. Hay que ver qué ficha mueve también al Supremo en esta partida de ajedrez.