2018: el pacto (parcialmente) incumplido
El Consell per la República, el debate constituyente o una multiconsulta formaron parte del acuerdo de investidura ahora hace tres años
BarcelonaERC y JxCat ahora están enfrentados por la investidura, pero no hace tanto, en 2018, sí llegaron a un acuerdo. Un pacto que nunca han cumplido del todo. Una de las cuestiones que decidieron, de hecho, fue crear el Consell per la República, el punto que más los separa ahora para investir a Pere Aragonès.
El Consell, punto de consenso solo al inicio del mandato
Desde las elecciones del 14 de febrero ha habido un tema clave en las negociaciones entre ERC y JxCat: el debate sobre la estrategia independentista y el rol del Consell per la República. No es la primera vez que este ente que preside Carles Puigdemont aparece en las negociaciones para formar gobierno, puesto que en 2018 fue uno de los resultados del pacto de investidura entre Esquerra y JxCat para hacer presidente a Quim Torra. En el documento hecho público, los dos partidos se comprometían a crear el Consell, que presidiría Puigdemont y que serviría para “fomentar todas aquellas acciones que sirvan para avanzar hacia la República”, para “impulsar debates constituyentes” y las “estrategias y los consensos” del independentismo. También incluían en el acuerdo una asamblea de representantes que acompañara al Consell.
Tres años después, los dos organismos se han creado, pero Esquerra decidió congelar su presencia antes del 14-F. Considera que se ha convertido en un ente “partidista”, mientras que Junts niega este punto y pide a los republicanos que se impliquen para reformularlo, si quieren. Desde el 14-F, de hecho, han discutido si tiene que ser o no el ente en el que se discuta la estrategia del Procés. JxCat ha insistido en insertar un tipo de estado mayor en el seno del Consell per la República y los republicanos lo han rechazado. Ellos quieren un nuevo espacio fuera del ente que preside Puigdemont que, como mucho, se coordine con el Consell.
La Constitución y la multiconsulta que no llegaron nunca
En la parte final del pacto firmado ahora hace tres años entre JxCat y ERC había la parte más ambiciosa. Para intentar convencer a la CUP de que diera sus votos para la investidura de Jordi Sànchez -que finalmente no pudo presentar candidatura por el veto del Supremo-, los dos socios de gobierno se comprometieron a impulsar un proceso constituyente que derivara en una Constitución catalana. Finalmente, todo ello tenía que quedar validado por una “multiconsulta” en la que los ciudadanos pudieran expresar su opinión. Es sin duda la parte del acuerdo que ha quedado más pendiente de cumplir. Sí es verdad que el entonces president Quim Torra en 2018 puso en marcha un comité de expertos, liderado por el cantautor y exdiputado Lluís Llach, para empezar a poner las bases de este proceso constituyente a través de una plataforma que se denominó Fòrum Cívic Constituent. Este órgano inició los trabajos, pero nunca dio el salto a la fase de debate ciudadano, como estaba previsto. De hecho, Llach anunció la disolución del Fòrum cargando contra “la falta de unidad estratégica de los partidos independentistas” y acusándolos de renunciar a sus objetivos. La fase de elaboración de la Constitución catalana no llegó nunca, y la multiconsulta, todavía menos. No ha quedado un buen recuerdo de este último intento de activar un proceso constituyente. En las negociaciones actuales no está sobre la mesa. Tampoco una carta magna propia ni ninguna consulta del estilo.
Medidas sectoriales ejecutadas y otras a la espera
En el pacto entre Esquerra y Juntos, de 46 páginas, se incluía una batería de medidas que sirvieron, posteriormente, para elaborar el programa de gobierno. Un documento parecido en formato al que los republicanos han pactado con la CUP y al que también estaban avanzando con Junts antes de la ruptura de las negociaciones. Otras cuestiones a las que se comprometían eran reducir la presión fiscal a las rentas más bajas -en la última reforma de los presupuestos se aumentó el mínimo exento de IRPF-, rebajar las tasas universitarias (se ha hecho en un 30%) y desarrollar la Agencia Tributaria de Catalunya -de la que no se han reportado adelantos concretos-. O, en el ámbito también financiero, se conjuraban para convertir el Instituto de Crédito Oficial (ICF) en una banca pública, una promesa pendiente desde el 2015 y que también se ha incluido ahora en el pacto entre ERC y la CUP. También se comprometieron a hacer un salario catalán de referencia de 1.100 euros mensuales, que Trabajo ha aprobado -de 1.239 euros- sin competencias para hacerlo efectivo.
Al mismo tiempo incorporaban “limitar o eliminar los indultos por casos de corrupción” -no han hecho iniciativas al respeto- o desmilitarizar Catalunya. Lo que sí ha cumplido el Govern de JxCat y ERC ha sido recuperar el control público de la empresa Aigües Ter Llobregat y regular los precios de los alquileres, un sector en el que han ido más allá de lo que pactaron en 2018, cuando solo pretendían potenciar el índice de referencia de los alquileres.
