El soberanismo hace de la ofrenda a Companys un clamor contra el Tribunal de Cuentas

BarcelonaEl Tribunal de Cuentas se ha convertido esta mañana en el protagonista indirecto de la tradicional ofrenda floral en el cementerio de Montjuïc para homenajear a Lluís Companys, fusilado por el franquismo el 15 de octubre de 1940. El Govern, el Parlament y varios partidos han desfilado por el Fossar de la Pedrera y lo han hecho todos –o casi todos– con un denominador común: la crítica a la causa contra la acción exterior de la Generalitat y un recordatorio de que, 81 años después, la represión no se para. La lectura de todas las partes ha sido que, a pesar de que ahora no hay fusilamientos, se sigue persiguiendo a las instituciones catalanas. Incluso hay quien ha dicho que ahora no se mata a nadie pero se busca la "muerte civil" de algunos dirigentes políticos.

El Govern ha sido uno de los primeros en acudir al Fossar. Al frente, el president Pere Aragonès, el vicepresidente Jordi Puigneró y la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà. Aragonès ha sido el primero en abrir una jornada marcada por los paralelismos. Según el president, el fusilamiento de Companys fue un "ataque" a las instituciones catalanas como también lo es, a su entender, la causa abierta por el Tribunal de Cuentas. "Han intentado acabar con las instituciones de manera física, como demuestra el fusilamiento de Companys, pero también con la represión", ha expuesto. No ha habido respuesta, sin embargo, de cómo reaccionará el Govern una vez ha quedado claro que este tribunal no acepta el aval del Institut Català de Finances (ICF) para hacer frente a las fianzas de los encausados. El president se ha limitado a prometer "firmeza" y "solidaridad colectiva".

Este viernes no solo no ha habido diferencias en el mensaje de ERC y JxCat, sino que a veces han sido prácticamente calcados. Para el presidente de ERC, Oriol Junqueras, la causa del Tribunal de Cuentas –de la que él es uno de los investigados– es un "nuevo ejemplo de que la represión nunca se para". "La represión continúa muy viva", ha dicho la presidenta del Parlament, Laura Borràs (JxCat). El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha sido quien ha acusado al Estado de buscar "la muerte civil" de los dirigentes independentistas investigados a través del embargo de su patrimonio. Aún así, ha tenido una visión optimista: ha considerado que, si en el caso de Companys Europa colaboró en su fusilamiento –lo detuvo la Gestapo–, ahora el independentismo contará con la "complicidad europea" a la hora de tumbar las causas judiciales que sí fructifican en el Estado.

Advertencias al Govern

Pero no todo han sido mensajes exclusivos contra el Tribunal de Cuentas, puesto que también se han oído advertencias al Govern. Demòcrates, por ejemplo, ha criticado al órgano fiscalizador con sede en Madrid, pero, a continuación, ha cargado contra la mesa de diálogo. "No hay vía de diálogo con el Estado hasta que no cesen las hostilidades", ha dicho su dirigente, Antoni Castellà. También la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha pedido no dedicar "ni un gramo" de fuerza a intentar "reformar el estado español". "La lucha es el único camino", ha proclamado el diputado de la CUP Carles Riera. Además, ha habido reproches contra el Estado por no haber pedido nunca disculpas por el fusilamiento de Companys. En concreto del vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, y del diputado del PDECat en el Congreso, Genís Boadella.

Los 'comuns' prometen una "reforma a fondo" del órgano

La ofrenda floral a Companys no es exclusiva del independentismo. El líder de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, también ha asistido y lo ha hecho, además, con un mensaje contra el Tribunal de Cuentas, en la misma línea de todo lo que se ha oído durante la mañana. En su caso, aprovechando su papel en Madrid, ha asumido el compromiso de impulsar una "reforma a fondo" de este tribunal, que ha considerado politizado. El único partido que se ha desmarcado de estas críticas reiteradas ha sido el PSC. El líder socialista en el Parlament, Salvador Illa, ha admitido que el aval que tumbó el jueves el Tribunal de Cuentas era "ajustado a derecho", pero ha pedido respetar la decisión de este órgano.