El Tribunal Constitucional deja de ser el tribunal favorito del PP

MadridSe acabó la época en la que el Tribunal Constitucional era prácticamente una extensión del PP y los populares, habitualmente satisfechos con sus decisiones, reclamaban "respeto" a quienes osaban criticarlas. Con Mariano Rajoy de presidente, por ejemplo, el gobierno español lo utilizó de ariete contra el proceso soberanista y ya antes, recogiendo las firmas contra el Estatut, los populares habían puesto el futuro de la España autonómica en manos del tribunal de garantías. Era indiferente si había magistrados con el mandato caducado o incluso si el presidente había militado en un partido político (Francisco Pérez de los Cobos reconoció haberlo hecho en el PP). Pero todo esto ha pasado a mejor vida ahora que en el TC hay mayoría progresista por primera vez desde 2013.

Con la perspectiva de que el TC se pronuncie sobre la ley de amnistía en los próximos meses –una vez fijada la composición de magistrados que abordarán todos los recursos relacionados con el olvido judicial del Proceso– el PP prepara el terreno para cuestionar un posible aval en la norma. Los siete progresistas del pleno del TC, que son mayoría, se han convertido en el blanco de una ofensiva empresa por los populares con el objetivo de desacreditarlos y que Alberto Núñez Feijóo asume ya sin miramientos. Hasta el punto de que el líder del PP afirmó que el TC es "un tribunal político al servicio del gobierno" y advirtió de que sus magistrados "no están exentos de incurrir en delitos de prevaricación".

"Me preocupa mucho que en este tribunal estén un exministro del gobierno y una ex asesora de la Moncloa", ha argumentado en una entrevista en El Mundo publicada este lunes. Feijóo ha obviado que en el caso del primero, Juan Carlos Campo, se apartó voluntariamente de participar en cualquier decisión relacionada con la amnistía –rebajando la mayoría progresista a seis en este asunto– por haberla tachado de inconstitucional cuando era ministro de Justicia. En cambio, el conservador José María Macías, que como vocal afín al PP en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lideró un duro informe contra la norma mientras se tramitaba en el Congreso, se resistió a abstenerse. Con la recusación de Macías, forzado a apartarse, los populares han incidido en ese marco contra el TC acusándole de haber vulnerado su derecho a efectuar alegaciones. De ahí que tanto el partido como Isabel Díaz Ayuso hayan recurrido a la decisión que deja en sólo cuatro la cuota conservadora en la deliberación.

El gobierno de Madrid es quien elevó más el tono contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, al que calificó de "ministro 24 del gobierno de Sánchez". Según Ayuso, si se ha apartado Macías es por una estrategia "de expulsar a los vocales discrepantes por el simple hecho de no aceptar tragárselo todo". Pocos días después, el PP, además, tomó una decisión inédita hasta ahora en ese ataque a Conde-Pumpido, que va más allá de la dialéctica. Los populares llevaron por primera vez al TC al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por haber vulnerado su derecho a "un procedimiento justo y equitativo" con el aval del Constitucional a la reforma del gobierno español que permitió que el CGPJ en funciones nombrara a sus dos candidatos a magistrado del TC.

Feijóo también ha esgrimido como ejemplo de esta deriva del TC las sentencias de los ERE de Andalucía que anularon las condenas del Tribunal Supremo. Este escenario podría repetirse con la ley de amnistía de que el alto tribunal se ha resistido a aplicar. "Eso ha hecho temblar los cimientos del Estado [...] lo que está pasando con el Constitucional no había pasado nunca", ha sentenciado el presidente popular en El Mundo. El PP enmarca el ataque al TC en una denuncia más amplia de un intento de Pedro Sánchez de controlar a todas las instituciones del Estado para mantenerse en el poder. Una deriva que los populares sostienen que se está extendiendo a la judicatura con la llamada ley Begoña o con la propuesta de reforma del sistema de acceso a la carrera judicial. "Quieren colocar a sus afines para que salven su entorno [...] una vez renuncian a defender su inocencia sólo les queda blindar su impunidad", ha dicho el portavoz del PP, Borja Sémper, en rueda de prensa en Génova haciendo referencia a los casos que salpican al entorno del presidente del gobierno español.

Malestar en el TC

Fuentes del TC consultadas por el ARA aseguran que existe un "gran malestar" en el órgano ante la ofensiva de la derecha, que también se extiende a críticas en público de jueces y fiscales conservadores y también querellas de entidades de extrema derecha contra algunos de sus magistrados. Enmarcan este clima como una "presión" vinculada a que tengan que resolver sobre la amnistía en las próximas semanas y meses. Sin embargo, aseguran que no existe "preocupación" porque la ley orgánica del TC faculta al tribunal a anular cualquier resolución que socave su ámbito de jurisdicción, por lo que podrían revocar las investigaciones por prevaricación que hipotéticamente el Supremo pueda abrir contra alguno de sus integrantes.

Los demás choques del Constitucional y el Supremo

En esta semana "crucial en temas de corrupción" el PP profundizará en su cruzada. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por revelación de secretos en el Supremo, comparece este martes por la tarde en la comisión de Justicia del Senado. Al respecto, Feijóo ha mostrado "preocupación" por el hecho de que García Ortiz pueda acudir al TC para salvarse de una hipotética condena del TS. Además, este jueves el exministro de Transportes José Luis Ábalos declara como investigado por el caso Koldo en el Supremo, una vez que el Congreso dio luz verde al suplicatorio.

Justamente este lunes el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, ha admitido que no tiene pruebas de que en los pisos que alquilaba en Madrid fueran Ábalos y el ministro Ángel Víctor Torres para verse con "señoritas", tal y como afirmó en su declaración. Por otra parte, el Supremo citó como testigos el próximo 12 de marzo en la causa del fiscal general a dos excargos de la presidencia del gobierno español: Pilar Sánchez Acera y Francesc Vallès.

¿Quién filtró el correo que incrimina a la pareja de Ayuso?