El TSJC, protagonista en la política catalana

BarcelonaLa judicialización de la política implica el traslado a los tribunales del debate público, lo que también significa un desplazamiento del poder. En los últimos años esta tendencia se ha hecho evidente en la política catalana. La justicia ha marcado enormemente el debate público, tanto respecto al Procés como desde la llegada de la pandemia, que abrió nuevos interrogantes sobre los límites que un estado puede imponer a sus ciudadanos. En este escenario el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha sido un protagonista destacado.

La consulta del 9-N

Juicio a Mas, Ortega y Rigau

La convocatoria del 9-N en 2014 llegó tras la suspensión cautelar por parte del Constitucional (TC) de la ley de consultas populares no referendarias. Cinco días antes de que se celebrara, ahora como proceso participativo, el TC también impuso su veto a esta iniciativa, pero el Govern mantuvo la convocatoria igualmente. Por este motivo el ex president Artur Mas, la ex vice presidenta Joana Ortega y la ex consellera Irene Rigau fueron juzgados en el TSJC. Mas atribuyó el proceso a una represalia del Estado, lo que el fiscal Emilio Sánchez Ulled negó en una intervención inusual: "Este juicio también es democracia", defendió. En marzo de 2017, el TSJC inhabilitó a los tres miembros del ejecutivo -durante dos años, 18 y 21 meses respectivamente- por desobedecer "deliberadamente" al TC.

La compra de urnas del 1-O

Crece la presión por el 1-O

La presión judicial sobre el Govern alrededor de la celebración del referéndum del 1-O se acentuó. La Fiscalía se querelló en el TSJC contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, y el secretario general del departamento, Francesc Esteve, por el acuerdo para licitar la compra de urnas para el referéndum. Cuando Borràs pasó a ser investigada por rebelión, el TSJC remitió al Supremo las diligencias que afectaban a la consellera. Dos años después archivó la causa contra Esteve.

Actuación policial del 1-O

Un matiz polémico

El TSJC tomó el control sobre el referéndum del 1-O y dictó una orden dirigida a los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil, instándoles a cerrar los colegios electorales el domingo mismo. La resolución de la magistrada Mercedes Armas introdujo un matiz que luego fue objeto de polémica: en los fundamentos de derecho del escrito, razonaba que tenían que "adoptar todas aquellas medidas que impidan la consecución del referéndum", pero "sin afectar a la normal convivencia ciudadana". Mientras los Mossos comandados por Josep Lluís Trapero priorizaron en sus actuaciones la seguridad ciudadana y la paz social, la Policía Nacional y la Guardia Civil usaron la represión física para desalojar los colegios y cumplir así las órdenes del TSJC.

Inhabilitación de la mesa

Condena a cuatro diputados

20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros fue la condena que recibieron cuatro miembros independentistas de la mesa del Parlament de la XI legislatura. El TSJC consideró a Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet y Anna Simó culpables de desobediencia por haber permitido la tramitación de iniciativas y leyes del Procés desoyendo las resoluciones del TC. En cambio, absolvió a la diputada de la CUP Mireia Boya, porque no era miembro del órgano rector de la cámara.

Caso de Jové y Salvadó

Por los preparativos del 1-O

El TSJC confirmó en julio el procesamiento de los dirigentes de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por los preparativos del 1-O. Los acusó de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos. Jové formaba parte precisamente de la delegación catalana que negociaba con el gobierno español en la mesa de diálogo. La causa está abierta.

Investigación a Buch

Por el escolta de Puigdemont

El TSJC también mantiene una causa abierta contra el ex conseller de Interior Miquel Buch. La Fiscalía lo acusa de haber puesto un escolta a Carles Puigdemont en Bélgica con dinero público. Buch, sin embargo, no está ahora en las listas de JxCat y después de las elecciones perdería su condición de aforado y, por tanto, su caso pasaría a un juzgado ordinario.

Inhabilitación de Torra

Aboca a Catalunya a elecciones

La primera condena de la historia a un president en ejercicio de sus funciones también vino de la mano del TSJC. Con la sentencia de inhabilitación de Quim Torra -confirmada después por el Supremo- el Govern perdió al president en plena pandemia y el país se vio abocado a elecciones. Se lo consideró culpable de desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC) por haber mantenido una pancarta a favor de la libertad de los presos políticos en el Palau de la Generalitat en campaña electoral. Torra se enfrenta ahora a una segunda causa por desobediencia, también por haber colocado la pancarta.

Inhabilitación de Solé

Por su participación en el 1-O

La segunda inhabilitación de un miembro del Govern en activo también es cosa del TSJC. El motivo: desobediencia grave a raíz de su participación en el 1-O. La sentencia aún no se ha ejecutado, a la espera del recurso de Solé en el Supremo. Por lo tanto, podrá mantenerse de momento al frente de la conselleria de Acción Exterior, de donde depende la gestión de los procesos electorales. No obstante, Solé sí ha tenido que abandonar su puesto en las listas de ERC de cara al 14-F.

Inmersión lingüística

En pleno debate de la ley Celaá

En plena polémica sobre la ley Celáa en el Congreso, el TSJC dictó una sentencia contra el modelo de inmersión lingüística catalán y estableció que todas las escuelas catalanas están obligadas a hacer un 25% de las clases en castellano. La conselleria de Educación anunció un recurso sobre la decisión. Ciudadanos y el PP insistieron en que el pronunciamiento prevalece sobre la ley recientemente aprobada por la cámara baja.

Tensiones por el covid-19

Los límites del Govern

El TSJC se ha encontrado a menudo en la disyuntiva de ponderar entre la urgencia de proteger la salud pública y los derechos de la ciudadanía durante la pandemia. En algunas ocasiones dejó sin efecto cautelarmente determinadas medidas del ejecutivo para hacer frente al coronavirus, como el cierre de bares y gimnasios el pasado mes de julio. Ante este choque, el Govern optó por pedir el aval al TSJC en varias ocasiones antes de dictar determinadas restricciones que afectan a los derechos fundamentales. Así se evitaban situaciones de incertidumbre jurídica.

Mantenimiento del 14-F

Suspensión del decreto del Govern

A diferencia de otras veces, esta vez el Govern no pidió el aval al TSJC antes de dictar el decreto de suspensión del 14-F, acordado con el visto bueno de todos los partidos con representación parlamentaria. Después de que varias organizaciones cívicas y formaciones extraparlamentarias impugnasen el decreto, el alto tribunal lo dejó sin efecto cautelarmente, anulando una decisión política de aplazar las elecciones ante la gravedad de la pandemia.