La Fiscalía avala que Borràs no entre en prisión mientras espera una decisión sobre el indulto

BarcelonaLa Fiscalía avala que se suspenda el ingreso en prisión de la expresidenta del Parlament Laura Borràs mientras se tramita la petición de indulto que ha realizado el propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La también expresidenta de Junts fue condenada a cuatro años y medio de prisión por el fraccionamiento de contratos cuando era presidenta de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). En un escrito, el ministerio público afirma: "El ministerio fiscal, con el fin de evitar posibles perjuicios a la condenada en caso de que se resolviera favorablemente la petición de indulto, no se opone a la suspensión del cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta". En este sentido, la Fiscalía remarca que esta suspensión debe ir ligada a que el TSJC eleve al gobierno español la petición de indulto. La medida de gracia supondría anular la pena de prisión, pero no la de inhabilitación y multa.

La Fiscalía avala, así, la petición que hizo la propia defensa de Borràs hace pocos días, cuando pidió al TSJC que dejara en suspenso la condena hasta que el gobierno español no se pronunciara sobre el indulto. Los abogados de Borràs pedían al tribunal que, ahora que la sentencia ya era firme, antes de tomar "cualquier otra medida", elevaran al gobierno español la propuesta de indulto parcial. Después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia, el TSJC preguntó a las partes cómo consideraban que debía procederse para ejecutar la resolución. Por eso, la defensa de Borràs pidió tramitar el indulto que recogía la misma sentencia. Sin embargo, la petición de Borràs suponía un cambio respecto a lo que había dicho hasta ahora públicamente, ya que había rechazado pedir esta medida de gracia.

En marzo de 2023, Borràs fue condenada por delitos de prevaricación y falsedad documental a una pena de cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación, además de una multa de 36.000 euros. El Supremo descartó que Borràs pudiera beneficiarse de la amnistía -que solicitó-, argumentando que esta ley no es de aplicación en delitos de corrupción que no tienen relación con el Proceso. El indulto que proponía el TSJC era parcial y comportaba que la condena de prisión de Borràs no superara los dos años, lo que evitaría que tuviera que entrar en prisión. Esta medida de gracia se aplicaría por la pena asociada al delito continuado de falsedad documental, pero no a la inhabilitación de cuatro años por ese mismo delito ni a la condena de prevaricación, con una pena de nueve años más de inhabilitación.

Los otros dos condenados

Por lo que respecta a los otros dos condenados en el caso de la ILC, la Fiscalía pide que la pena de dos años de cárcel que el TSJC impuso al informático Isaías Herrero se sustituya por trabajos en beneficio de la comunidad. El ministerio público tiene en cuenta la "colaboración y arrepentimiento" que el condenado mostró en el juicio y también que ha acreditado que ha superado su adicción a las drogas. En el caso de Andreu Pujol, otro informático que ayudó a Herrero a presentar presupuestos y facturas falsas, la Fiscalía también pide suspender el ingreso en prisión -fue condenado a un año y dos meses- y avala ampliar los plazos para pagar la multa de 2.250 euros porque la empresa de Pujol se ha disuelto.