Vivienda y seguridad: la fórmula con la que el Gobierno quiere frenar la extrema derecha

BarcelonaLa última encuesta del CEO pronostica un empuje sin precedentes de la extrema derecha en Catalunya: si ahora se celebraran elecciones, Aliança Catalana escalaría hasta la tercera posición y empataría con 19-20 escaños con Junts, y Vox crecería hasta los 13-14 diputados. Mientras Junts cuestiona el sondeo, el Govern lo interpreta como una "fotografía de un momento puntual" de la sociedad catalana que, dice, se enmarca en un contexto internacional de auge de los extremismos. Los socialistas bajarían entre 2 y 4 escaños, pero Salvador Illa se mantendría como el político preferido para presidir la Generalitat y su gobierno sacaría la mejor nota en gestión en una década –que, sin embargo, es un 4,9, un suspense–. Ahora bien, el ejecutivo catalán no esconde la inquietud por el incremento de las simpatías hacia Alianza y Vox en parte del electorado y el "riesgo" que supone para la cohesión social. Por eso quiere hacer frente actuando con más celeridad en dos flancos muy concretos: la vivienda y la seguridad.

"Todas las encuestas señalan que la vivienda y la convivencia son los temas que más preocupan a los catalanes", expone en el ARA la consellera y portavoz, Sílvia Paneque. Así lo recoge también el CEO, que sitúa a la vivienda como el primer problema de los catalanes (31%), seguido de la inmigración (10%) y la seguridad (9%). Paneque no cree que tras el ascenso de fuerzas extremistas haya una pulsión identitaria: Catalunya es y quiere ser un país "de acogida". De esta forma, el ejecutivo asume la tesis defendida por la mayoría de expertos, según la cual este incremento se explica por el aumento del malestar con las instituciones y la desigualdad. En todo caso, sostiene la portavoz, las políticas para generar "oportunidades" y promover el conocimiento del catalán entre los recién llegados son también una palanca para favorecer la cohesión y cortar los discursos de odio por razón de origen o religión.

La CUP acusa al PSC de inflar Alianza

Desde el inicio de la legislatura, la necesidad de mejorar la seguridad ha estado en el corazón del discurso del Govern, que no se cansa de repetir que, en Catalunya, "quien la hace la paga". No ha ocurrido lo mismo con el debate sobre la inmigración: el PSC se ha mostrado favorable a asumir más competencias en este ámbito, tal y como pactó Juntos con el PSOE en una reforma que tumbaron a PP, Vox y Podemos en el Congreso. Sin embargo, no es un tema que motu proprio haya puesto sobre la mesa, más allá de defender la inmigración y su aportación a la sociedad catalana para contrarrestar los discursos de Vox y Alianza. En un nuevo intento de combatir la asociación entre inmigración e inseguridad, a partir del próximo año Interior dará más datos sobre la nacionalidad de perfiles delictivos en el balance anual de criminalidad, con el objetivo de ser más "transparentes". El Gobierno también ha firmado un convenio con el Estado para monitorear el discurso de odio online y evitar que las redes se conviertan en "centrifugadoras" de aestos mensajes.

Estos son los mensajes que suele trasladar a Salvador Illa cuando debate con Sílvia Orriols en el Parlament. Pero el protagonismo que ha adquirido la confrontación con Aliança en el comportamiento del presidente, en la línea de la estrategia de Pedro Sánchez en el Estado, ha llevado a la CUP a acusar al PSC de haberle dado alas para sacar provecho electoral. Una tesis que ha sido duramente replicada por los socialistas catalanes. "Si alguien no ha sabido frenar en el ámbito independentista el crecimiento de Aliança Catalana, no es culpa nuestra", rebatió la portavoz parlamentaria Elena Díaz, en alusión a Junts, que ya no veta entendidas con este partido en los municipios de cara al 2027.

La estrategia del partido

Fuentes socialistas destacan que, desde un punto de vista comunicativo, han intensificado los mensajes en redes contra las mentiras de la extrema derecha. Hay diputados que han protagonizado fact-checkings para TikTok y vídeos para explicar qué hacen donde gobiernan. Uno de ellos es Christian Soriano, uno de los más jóvenes del grupo parlamentario y concejal de seguridad en El Vendrell. También lo hace la diputada Mónica Ríos, portavoz junto a Soriano en la comisión de Interior.

Fuera del Parlament, el PSC procura que los vecinos vean a sus dirigentes a pie de calle para que puedan hablar de temas como la seguridad o la lucha contra los empleos. Especialmente en el área metropolitana, aspiran a contrarrestar así las visitas de Vox en barrios con problemas de convivencia para hacer vídeos en los que acusa a los alcaldes de inacción. La sensación entre los alcaldes socialistas, según las fuentes consultadas, es que no hay que desatender las razones de fondo que hacen que los vecinos se dejen seducir por fuerzas ultras y, sobre todo, no caer en el "buenismo" en el que alguna voz considera que ha podido incurrir a la izquierda.

Un ejemplo es la polémica con la ordenanza de Martorell, donde gobiernan Junts y el PSC como socio minoritario, para prohibir rellenar botellas de agua en las fuentes. ERC y Comuns han puesto el grito en el cielo por el hecho de que el consistorio quiera multar esta práctica, que en el municipio hacen sobre todo personas sin hogar o que viven en pisos ocupados. La sección local de los socialistas apoya, mientras Pallars se limita a decir que respeta "la autonomía local", sin entrar a defenderla o rechazarla.