La asociación unionista que llevó a Colau a la Fiscalía pide también que se investigue a Asens, Pisarello y Badia

La Fiscalía de Barcelona abrió el 16 de marzo una investigación a raíz de la denuncia contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por presuntamente haber adjudicado subvenciones de manera irregular a entidades afines. La asociación unionista Abogados Catalanes por la Constitución fue quien presentó la denuncia, y este lunes la ha ampliado -confirman desde la entidad- para pedir también que se investigue a los concejales Gerardo Pisarello y Eloi Badia y al diputado por Barcelona en el Congreso, Jaume Asens, como ha avanzado el Abc. Considera en su escrito, al que ha tenido acceso el ARA, que pueden haber cometido presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de capitales públicos y tráfico de influencias, y ahora añade, además, el delito de organización criminal. La Fiscalía tendrá que decidir ahora si amplía o no la investigación a partir de estos nuevos elementos que denuncia la asociación de abogados, relacionada con Sociedad Civil Catalana.

Consideran que existen cargos que pertenecen a asociaciones próximas a Colau y que posteriormente "han sido contratadas por procedimientos ajenos a los de la concurrencia pública". Por lo tanto, solicitan a la Fiscalía que constate si cumplieron "su deber de abstención" en la concesión de subvenciones y firmas de convenios y contratos.

Concretamente, la asociación señala el Observatori DESC como "asociación principal" de las presuntas irregularidades. Recuerda que tanto Colau como Pisarello, Asens y Badia "han formado parte del Observatori y prestado servicios profesionales a DESC", así como, apunta el escrito, Vanessa Valiño, pareja de Pisarello, la concejala Gala Pin y varios responsables de comunicación. Además, señala a Carlos Matías como portavoz de la PAH que fue "contratado como asesor" en el consistorio y a Jordi Borja, que "fue presidente de la Mancomunitat de Municipis de L'Àrea Metropolitana".

La entidad enmarca estas supuestas acciones irregulares entre el 2015 y el 2017, aunque en algunos casos se podrían haber extendido más allá. Por otro lado, la denuncia acusa al gobierno de Colau de un "abuso de concesión directa de diferentes mecanismos de financiación a las asociaciones y colectivos" y de haber dado "continuidad a subvenciones que se denominan excepcionales y se conceden anualmente", así como de haber "fragmentado" contratos y no haber "justificado" algunas subvenciones.