Del consentimiento paterno a la baja laboral: todas las claves de la nueva ley del aborto

MADRIDDespués de un tira y afloja entre los dos socios del gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, para cerrar los últimos flecos de la nueva ley del aborto, incluyendo la baja laboral por reglas dolorosas, el texto final ha llegado este martes al consejo de ministros. El ejecutivo ha dado luz verde al anteproyecto de ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, conocida popularmente como ley del aborto. Ahora bien, este es solo un primer paso. El documento –que se tramita por la vía de urgencia– tendrá que pasar ahora por los órganos consultivos, como el Consejo General del Poder Judicial, volver después al consejo de ministros y, finalmente, al Congreso de Diputados, donde los partidos políticos podrán presentar enmiendas. La norma entrará en vigor en 2023.

"Acabemos con los obstáculos para poder ejercer el derecho al aborto", ha dicho la ministra de Igualdad, Irene Montero (Unidas Podemos), en rueda de prensa posterior al consejo de ministros. De hecho, la batuta de la reforma la ha llevado su ministerio, si bien en el redactado de la norma han participado carteras como Hacienda , Justicia o la Seguridad Social. "Responde a muchas de las demandas del movimiento feminista", ha dicho Montero, a quien ha agradecido la lucha por "todos los adelantos en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres".

En concreto, el texto deja atrás la reforma del Partido Popular del año 2015 y recupera parte del marco legislativo de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, entre los cambios principales hay el del fin de la exigencia del consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años que quieren ejercer su derecho al aborto, un requisito que los populares volvieron a introducir ahora hace siete años.

Acceso al aborto

La norma quiere blindar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud. Por eso, se "garantizará el aborto en la sanidad pública y se pone énfasis en la proximidad del domicilio de las mujeres". El objetivo es eliminar los desplazamientos a centenares de kilómetros de casa para poder abortar, explican fuentes del ministerio de Igualdad. Para hacerlo posible se creará un registro de objetores de conciencia que garantice el derecho individual de los profesionales a objetar y, a la vez, el derecho de la mujer a abortar. Se regulará del mismo modo que el registro que recoge la ley de eutanasia. Se garantizará que siempre haya personal disponible para la interrupción voluntaria del embarazo, apuntan fuentes del ministerio de Igualdad. Además, la norma establecerá que quien se declare objetor lo será tanto en la sanidad pública como en la privada.

El texto, además de eliminar el requisito de consentimiento paterno a partir de los 16 años, también elimina los tres días de reflexión obligatorios, mientras que se entregará al instante, a las mujeres que lo pidan, toda la información sobre el aborto, explican fuentes del ministerio que dirige Irene Montero. La ley incluirá una baja laboral por interrupción del embarazo y se incorporan la asistencia y el acompañamiento especializados para las mujeres que hayan abortado y lo necesiten. Otra novedad será la distribución gratuita de la píldora del día después en los centros de salud sexual y reproductiva. Ahora mismo, esta pastilla vale unos 20 euros en las farmacias.

El texto mantiene los plazos de la ley que aprobó Zapatero pero que el PP recurrió al Tribunal Constitucional –se prevé que resuelva el recurso este verano–. En concreto, se mantiene que el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación y que, a partir de entonces, se puede hacer un aborto terapéutico (una interrupción del embarazo por causas médicas) hasta la semana 21.

Salud menstrual

Por primera vez la ley dedica un apartado a los derechos relativos a la salud menstrual. Finalmente, la norma introducirá una baja laboral para las mujeres con una regla muy dolorosa e incapacitante. La prestación la asumirá la Seguridad Social. Además, en los institutos, las prisiones, los centros de atención a la mujer y los organismos públicos, entre otros, se repartirán gratuitamente productos de salud menstrual como tampones, compresas y copas menstruales "con el objetivo de acabar con la pobreza menstrual". Unidas Podemos también quería que la norma introdujera la aplicación de un IVA superreducido a los productos de higiene femenina, pero el ministerio de Hacienda siempre se ha mostrado escéptico, como explicó el ARA . En todo caso, este martes Montero se ha mostrado "convencida" que el IVA se bajará "esta legislatura" en una entrevista a TVE.

Educación sexual

La norma también incluirá que la educación sexual será "integral" en las principales etapas educativas. En este sentido, se quiere formar "de manera específica en educación sexual y menstrual" a profesores, funcionarios de prisiones y trabajadores públicos, según fuentes del ministerio de Igualdad. También se repartirán anticonceptivos en los centros educativos y se desplegarán campañas sobre educación sexual, también en centros sociales y prisiones. Se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y una línea de atención telefónica. Las pastillas anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social y se promoverán los métodos anticonceptivos masculinos, para que "no sea solo una responsabilidad de las mujeres", apuntan fuentes de Igualdad.

Violencia reproductiva contra las mujeres

La gestación subrogada, que ya es una práctica ilegal en España, pasa a calificarse como un delito de "violencia contra la mujer", explican fuentes del ministerio de Igualdad, que matizan que la gestación subrogada en el exterior "no se toca" en la ley y que, por lo tanto, queda en unos limbos jurídicos. El embarazo y el aborto forzados también serán tipificados como delitos de violencia y se establecen medidas para la prevención de algunas manifestaciones contra las mujeres vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos.

Maternidad

La norma buscará fomentar las "buenas prácticas" en todas las etapas del embarazo, especialmente en el parto y posparto, y se incorpora la baja posparto desde la semana 39 de gestación sin consumir ningún día del permiso de maternidad, apuntan fuentes de Igualdad.