Derechos sexuales
Sociedad 13/04/2022

Obligada a hacer 200 km para poder abortar: “Era como si estuviera haciendo una cosa ilegal”

El acoso a las mujeres que abortan en clínicas privadas ya se castiga en el Código Penal

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El interior de una consulta gin ecológica en una imagen de archivo

Madrid"Escribí esto con la intención de que pudiera servir para que las cosas cambiaran". Así empieza el relato que redactó Lorena tiempo después de abortar. En 2014, esta mujer de 43 años se vio obligada a desplazarse de Salamanca a Madrid para poder ejercer el derecho a abortar. Un camino que acabó siendo más largo de lo previsto y no solo por los 214 kilómetros que separan las dos ciudades: "Tenía la sensación de que estábamos haciendo algo ilegal". Y recuerda los días en los que iba arriba y abajo por el Clínico [el hospital público de Salamanca] para obtener el consentimiento del centro y poder abortar. Un visto bueno que nunca llegó.

Lorena decidió abortar en la semana 20 de embarazo. En España, cualquier mujer de más de 18 años puede interrumpir por voluntad propia un embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación y hasta la semana 21 está permitido practicar lo que se conoce como aborto terapéutico, una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en el argot técnico, por motivos médicos. El 8,8% de los abortos en el Estado en 2020 estuvieron motivados por motivos médicos, y el 90,87% a petición de la mujer.

En el caso de Lorena se trataba de un embarazo deseado, pero en una de las pruebas rutinarias los médicos detectaron una hemorragia interventricular. "Era imposible salvarle la vida", explica, y añade que su propia vida "también estaba en peligro". Para poder llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo necesitaba la firma de diferentes profesionales del centro hospitalario, un proceso que tardó "varios días". Lorena también recuerda "el cansancio y las noches sin dormir". Cuando ya casi lo tenía todo a punto, el hospital de Salamanca se lavó las manos y le dijo que mejor que fuera a Madrid: "Me dijeron que no se podía abortar, que en Salamanca no se practican estos abortos. Estás tan descolocada y te coge tan de sorpresa que no tienes tiempo de pensar". El día siguiente se encontró camino a Madrid con su marido y sus padres. "Entiendo que hay personas que por diferentes motivos no comparten lo que vas a hacer, pero te hacen sentir mal", lamenta.

A pesar de que el aborto es legal desde hace más de treinta años y el IVE es una prestación más del servicio sanitario público –por lo tanto, las personas que quieran abortar tienen que tener acceso–, la realidad es bien diferente. En el Hospital Clínico de Salamanca no se practican abortos de ningún tipo y se argumenta que hay objeción de conciencia, si bien no se especifica de cuántos profesionales. En el conjunto de la comunidad de Castilla y León, solo el hospital público Santiago Apóstol, en Miranda de Ebro, ofrece el procedimiento farmacológico. Este es uno de los gobiernos autonómicos que ha optado por la externalización del servicio, derivándolo a clínicas privadas con las cuales se ha establecido un concierto, explican desde el colectivo Movimiento Feminista de Salamanca, para que practiquen solo el aborto farmacológico. Eso lleva a una gran parte de las mujeres de la región a desplazarse de provincia o incluso de comunidad, como es el caso de Lorena.

Objeción, una decisión individual

Hasta en siete provincias del Estado no se ha practicado ningún aborto en los últimos treinta años, como destapó una investigación de Newtral. Además, en casos como Ceuta y Melilla las mujeres se tienen que trasladar a la Península porque no hay ningún hospital ni clínica privada que haga abortos. "El desplazamiento no siempre está cubierto por la Seguridad Social. Es una discriminación geográfica, pero también socioeconómica", destacan desde Woman's Link. Según datos del ministerio de Sanidad, en 2020 el 84,15% de los abortos en España se hicieron en centros privados.

"Se puede discutir si estamos de acuerdo o no con la objeción de conciencia, pero lo que queda claro es que es un derecho reconocido individualmente y la ley [del aborto] del 2010 lo dejó muy claro", explica la coordinadora de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Silvia Aldavert. En concreto, la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo recoge que son los profesionales que están "directamente implicados" en un IVE –y no los centros sanitarios como tales– los que tienen derecho a negarse a practicar el aborto. Ahora bien, la ley también dice que esto no puede ir en detrimento del "acceso y la calidad asistencial de la prestación [del aborto]", y recalca que la objeción "es una decisión siempre individual y se tiene que manifestar anticipadamente y por escrito".

Para las organizaciones que luchan para garantizar el derecho del aborto, el problema está en el hecho que "se objeta en bloque y por eso no se ofrece el servicio en los hospitales públicos", añade Aldavert. El ministerio de Sanidad, a preguntas del ARA, sostiene que no se tienen datos de cuántos objetores de conciencia hay en el Estado, mientras que desde el ministerio de Igualdad trabajan en un registro de objetores parecido al de la ley de la eutanasia, que en este caso está en manos de las comunidades autónomas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anticipado que "es imprescindible regular la objeción de conciencia de los médicos" porque "no puede estar por encima del derecho de decidir de las mujeres".

Complicaciones en la operación

A Lorena la derivaron a una clínica del norte de Madrid que, por fuera, recuerda a "un chalé". El primer día le dieron la medicación necesaria y no fue hasta el día siguiente que le practicaron el aborto. "En la sala de espera había unas cuántas chicas, de entre 15 y 18 años quizás. Recuerdo que una de las chicas no paraba de llorar y sus padres ni la consolaban. Me dieron un código, el número a partir del cual después me llamarían, y esto me impresionó. Entré sola al quirófano, sin mi marido. Me sentía muy insegura y sabía que si algo se complicaba, corría mucho peligro", comenta Lorena. El aborto se complicó porque perdió mucha sangre. Se fue al día siguiente por voluntad propia: "Me dieron el alta voluntaria y una factura para la Seguridad Social". Cuando llegó a Salamanca los dolores seguían y decidió ir al hospital público donde le habían acompañado hasta la semana 20 de embarazo: "Tenía la placenta abierta con riesgo de hemorragia".

"No se puede comparar la seguridad que da un hospital público en comparación con una clínica concertada, sobre todo cuando el feto ya es grande y aumenta el riesgo para la mujer o cuando se trata de un aborto quirúrgico. No te tomas una pastilla [lo que se conoce como aborto farmacológico], sino que te provocan un parto y es un riesgo", explica Pilar, una comadrona jubilada que ahora forma parte del Movimiento Feminista de Salamanca.

Una nueva ley que hace "corto"

"Los anuncios del ministerio de Igualdad sobre los cambios en la ley los recibimos con muy buena sintonía, pero el modelo dista mucho de lo que tenemos actualmente", lamenta Aldavert. La cartera que dirige Irene Montero (Unidas Podemos) quiere obligar a los hospitales públicos a ofrecer abortos, eliminar el periodo de reflexión de tres días y poner fin a la exigencia del consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años que se quieran acoger, un requisito que introdujo el PP en el 2015. 

"La realidad nos muestra que no es tan fácil. Tenemos unos servicios públicos saturados y faltan recursos profesionales y de infraestructura", opina la coordinadora. Además, pide un "cambio de imaginario en relación con el aborto" para romper "el estigma" que todavía implica y formar "en valores" a los futuros médicos para abordar el aborto "desde una perspectiva de los derechos".

Organizaciones como Woman's Link y la Associació de Drets Sexuals i Reproductius han denunciado reiteradamente las "barreras" para abortar en España: más allá de la objeción de conciencia o la desigualdad territorial, apuntan a la falta de información a lo largo del proceso, obstáculos en el acceso a la sanidad de las mujeres migrantes y el acoso a mujeres que abortan en clínicas privadas, que será castigado penalmente a partir de este miércoles . Aldavert también reclama despenalizar el aborto a partir de las 22 semanas de gestación: "Es un drama absoluto e incluso hay mujeres que tienen que ir fuera de España".

"Ninguna familia se merece sentir lo que nosotros vivimos. Ya es difícil tomar una decisión así para que, encima, sean estas las vías de abortar que se te quedan grabadas para siempre en el recuerdo", lamenta Lorena, que escribió aquel texto de dos páginas en el marco de un proyecto impulsado por unas comadronas del Hospital Clínico de Salamanca, junto con el movimiento feminista de la ciudad. No fue hasta entonces que vio que su "calvario" también lo vivían otras mujeres.

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