La crisis del covid lleva al límite a los trabajadores inmigrantes precarios

BarcelonaTrabajaban en la economía informal en sectores como los cuidados o la restauración y cuando el covid obligó a pararlo todo se quedaron sin nada. Ni paro ni la almohada temporal de un ERTO. Esta vulnerabilidad, que afectó especialmente a personas extranjeras que hacía poco tiempo que se buscaban la vida en Catalunya, explica en buena parte que, a pesar del cierre de fronteras y la caída de la movilidad internacional debido a las restricciones sanitarias, el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (Saier) de Barcelona casi no haya notado un descenso de la actividad en 2020. En total atendió a 19.001 personas. Y esto representa una bajada de sólo el 8% en relación con las 20.620 a las que asistió el año anterior.

"Las personas que ya estaban en la ciudad han sufrido un incremento de la vulnerabilidad", ha radiografiado el concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, a la hora de dar una explicación al hecho de que el descenso de atendidos no haya sido tan bajo como se esperaban cuando estalló la crisis. Y que hayan subido las demandas para cubrir necesidades básicas como la alimentación, el alojamiento para familias o las ayudas para trámites muy concretos como el reconocimiento de estudios de personas que hace un tiempo que viven en la ciudad.

Durante los primeros compases del confinamiento, el Saier atendió a muchas mujeres que se dedicaban a los cuidados o al ámbito del hogar y que, de un día para el otro, fueron avisadas de que a partir de ahora no hacía falta que volvieran al puesto de trabajo. Esto las dejó sin ningún ingreso y sin la posibilidad de cobrar el paro, y recurrieron a este servicio municipal que se enfoca a personas que hace menos de dos años que están en la ciudad para buscar ayuda para salir adelante. El Saier ha visto cómo durante el 2020 tenía que incrementar las partidas destinadas a atención social para cubrir necesidades básicas y, en cambio, disminuía ligeramente la primera acogida, que sigue representando el 45% de las atenciones. También ha visto cuánto más se desequilibraba la balanza entre hombres y mujeres atendidos y ahora ellas ya son mayoría, a pesar de que sea solo por un 1% de diferencia.

Más precarizadas

"Muchas mujeres se han quedado sin nada y muchas de las que todavía conservan el trabajo han visto cómo les han empeorado mucho las condiciones con recorte de sueldo o perdiendo los días libres que podían tener por miedo de que se contagien y lleven el virus a la casa donde trabajan", explica Carmen Juares, de la asociación Mujeres Migrantes Diversas. Explica que están viendo muchos casos de mujeres en situación muy precarizada, al "límite de encontrarse en la calle", y que se trata de mujeres trabajadoras, que en muchos casos hacen jornadas larguísimas por sueldos muy bajos y que algunas tienen que pagarse ellas mismas la Seguridad Social para no incumplir los criterios de la Ley de Extranjería. "Son mujeres que cobran 900 euros o 950 y que se tienen que restar 275 para poder pagarse la Seguridad Social. ¿Cómo tienen que vivir? Esto no te permite tener ahorros. Cuando dejas de cobrar te quedas sin nada", explica.

El Ayuntamiento ha reiterado también hoy la necesidad de introducir cambios en la Ley de Extranjería para facilitar la regularización de las personas migrantes que llegan a la ciudad y que quedan abocadas a la economía informal. El concejal de Derechos de Ciudadanía ha apuntado que sí recoge la posibilidad de que las personas que han trabajado de manera irregular para alguien durante un mínimo de seis meses lo puedan denunciar pero ha asegurado que es un proceso difícil porque no todo el mundo está dispuesto a denunciar y suele alargarse mucho.

El 80% de los atendidos en el Saier se encuentran en situación administrativa irregular y el 44% son solicitantes de asilo, un porcentaje ligeramente más bajo que el de los años sin pandemia. El grueso de las personas atendidas provienen de países de Latinoamérica, sobre todo de Colombia y Venezuela, que encabezan el ranking, pero también de Honduras y Perú, mientras que Marruecos se sitúa en el quinto lugar.

El gobierno municipal reprocha a la Generalitat y al Estado que, a pesar de tener las competencias en materia de migración y acogida, no hayan aumentado la aportación al servicio, mientras que el consistorio ha más que doblado los recursos que destina desde el 2016 hasta ahora: ha pasado de 2 millones a 4,8.

Crítica al gobierno del Estado

El regidor de los comunes Marc Serra ha acusado el gobierno español –integrado ahora por las mismas fuerzas que el del Ayuntamiento– de destinar el dinero que llegan de Europa para políticas de acogida, unos 330 millones de euros, "a blindar fronteras, construir Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y a gasto policial". "No acaban llegando a los municipios", ha reprochado; y ha añadido que los recursos "existen pero no se están utilizado de la manera adecuada".

El director del Centro de Información de Trabajadores Extranjeros (CITE) de CCOO, Carles Bertran, avisa también que prevé ahora un boom de la demanda a Extranjería por el fin de las prórrogas que se dieron durante el estado de alarma a las autorizaciones de residencia y por "las muchas denegaciones" del Estado de las peticiones de asilo: "Preveíamos un aumento importante de la demanda y un cierto colapso". Confía que a raíz de la actual situación de crisis, el gobierno español flexibilice los criterios de la Ley de Extranjería y que no se pida, por ejemplo, un año de contrato laboral a jornada entera porque ahora esto es "casi imposible".