El Gobierno perdonará las deudas por los errores en las ayudas a la dependencia
Illa asume que "no tiene sentido" exigir a las familias que devuelvan dinero si es la administración la que ha fallado
BarcelonaHasta 1.300 euros reclama el departamento de Derechos Sociales a un joven con un alto grado de dependencia que ha entrado en un centro especial de trabajo y, por tanto, no debería haber continuado cobrando la prestación económica fijada. Pero como la burocracia no está preparada para automatizar los cambios, la orden de la transferencia de la ayuda continúa llegando, hasta sumar una cantidad que para la familia "es como si no existiera", no se toca. Este es uno de los ejemplos que explican lo que la Generalitat llama "pagos indebidos" y que, sobre todo, se deben a errores o la lentitud de la administración; sea, como en el caso del joven, por incompatibilidades, por la revisión a la baja de un grado de dependencia o por la muerte del beneficiario. Solo el año pasado, la consejería pidió la devolución de 10.665 de estas deudas.
A partir de ahora, la Generalitat los perdonará. El anuncio lo ha hecho este lunes el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ha justificado la acción como "el remedio a una situación que nunca se debería haber producido: reclamar el dinero de una persona que ha muerto parece una broma de mal gusto, pero hacía décadas que pasaba", ha admitido en una visita a una residencia del barrio barcelonés de Gràcia.
Ana Mourelo sabe bien qué es recibir una de estas cartas y grado III reconocido (el máximo) para exigirle que devolviera 362 euros por haber cobrado la prestación del mes entero cuando la criatura había muerto el día 2. Aunque la familia lo comunicó en varias ocasiones antes de acabar el mes para evitar esta situación, finalmente recibió la transferencia y, posteriormente, la reclamación.Illa ha indicado que "no tiene sentido" esta reclamación sobre todo en momentos de dolor y de duelo que "no son sencillos", pero al mismo tiempo ha indicado que con la normativa en la mano, la obligación de la Generalitat era reclamar los importes indebidos. Esta es la tercera vez que el Govern condona la deuda por pagos indebidos: la primera fue la de los beneficiarios de la
y la segunda, . En ambos casos se aprobó una amnistía, salvo en los casos en que se probó que había habido mala fe de la persona beneficiaria.
La consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, asumió entonces que el sistema informático de la administración había quedado obsoleto y deficiente para absorber tantos expedientes. Así, y para evitar nuevos pagos indebidos, la Generalitat ha anunciado una modernización en los procesos administrativos que consistirá en rediseñar las prestaciones para hilar más fino a la hora de calcular las cantidades mensualmente y no acumular deudas, además de informatizar los sistemas del departamento. "Ya no pasará más", ha afirmado Illa, refiriéndose a la reclamación de pagos indebidos, al tiempo que ha indicado que "la reforma de la administración es justo para eso".
200 euros por la espera
Por otro lado, y dentro del Pla Cura para agilizar las ayudas a la dependencia, el presidente también ha anunciado que las personas que estén esperando una plaza pública en un centro de día, de residencia o del servicio de atención domiciliaria (SAD) recibirán automáticamente entre 100 y 200 euros, en función del grado reconocido, hasta que les toque el turno y puedan entrar al servicio. De media, la espera para un centro geriátrico es de 587 días (un año y siete meses) y para uno especializado en discapacidad, 1.191 días (cinco años).
El padre de Mónica Maldonado lleva dos años y medio en lista de espera para una residencia y, mientras tanto, recurre a los ahorros para pagar una cuidadora en casa porque casi ya no tiene movilidad y el Alzheimer ha avanzado muy deprisa en este tiempo. "¿200 euros? Es mejor que nada, pero con eso no pagamos ni al podólogo. Queremos residencias, no dinero", se queja.