Luz verde para que la Iglesia indemnice a las víctimas de pederastia
El plan de reparación no será de obligado cumplimiento, pero la Conferencia Episcopal se compromete a pagar por las órdenes y diócesis que no quieran hacerlo
BarcelonaLa Iglesia española ha aprobado este martes un plan integral, que incluye indemnizaciones económicas, para reparar a las víctimas de violencia sexual. Un plan que se aplicará cuando la vía judicial esté ya cerrada porque el delito ya ha prescrito o porque el agresor ha muerto. La encargada de evaluar cada denuncia será una comisión asesora formada por 10 integrantes que analizará los daños causados a la víctima para encontrar la mejor forma de repararlos. A esta comisión, de la que todavía no se han hecho públicos los nombres, podría sumarse un representante de las víctimas o de las asociaciones que las acompañan. El presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, ha dejado caer que seguramente todos los miembros que la integren, en su mayoría juristas y expertos médico-forenses, estarán vinculados de algún modo a la Iglesia española.
Argüello ha querido remarcar que la mayoría de las situaciones de abusos que se denuncian actualmente son anteriores a los años 90 y, por tanto, tienen la vía penal cerrada. Así, según Argüello, la Iglesia asume su responsabilidad, incluso va más allá de las soluciones que aporta la vía judicial. Los casos en los que el agresor sea una persona laica pero vinculada a una entidad religiosa, también se incluirán. Sin embargo, el plan aprobado en Madrid de forma casi unánime por los obispos –había 67 de los 79 con derecho a voto– no es de obligado cumplimiento por parte de las distintas congregaciones o obispados. "No firmamos un decreto que obligue a todas las diócesis, las 400 congregaciones religiosas, sino que nos dotamos de unos criterios de comunión", ha argumentado. Sin embargo, Argüello ha garantizado que, aunque se dé el caso de que un obispo no quiera reparar a una víctima, habrá una "puerta mayor", el conjunto de la Iglesia, que, si se acreditan los abusos, asumiría esta responsabilidad.
La reparación, según el texto aprobado, debe ser integral y responder a las necesidades de cada persona: puede ser pastoral y espiritual; médica, terapéutica, psicológica y social; y legal, jurídica y económica. Según el escrito, los victimarios son los principales responsables de la reparación, pero cuando el agresor no pueda hacerle frente, la Iglesia tiene la responsabilidad moral de asumir el caso subsidiariamente. La reparación económica puede ser en forma de indemnización a partir de una sentencia, y también pagando un dinero una vez que la Iglesia reconozca y asuma voluntariamente los hechos. La comisión que evaluará las denuncias, junto con la Vicesecretaría para los Asuntos Económicos de la CEE, tendrá en cuenta los baremos propuestos por la ley civil y los criterios de otras conferencias episcopales del entorno a la hora de fijar las indemnizaciones.
Topada con el gobierno central
Argüello, que compareció junto a Jesús Díaz Sariego, presidente de la Conferencia Española de Religiosos, lanzó un mensaje al gobierno de Pedro Sánchez: "La Conferencia Episcopal, la Iglesia, tiene sus reglas de funcionamiento, para las que pedimos respeto a la sociedad y también a las administraciones públicas". El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, criticó el lunes el plan de los obispos por no contar con la participación de las víctimas. "No lo hemos aprobado para responder al gobierno, sino para responder a las víctimas. Como sabe el ministro de la Presidencia, estamos dispuestos a colaborar desde el respeto", ha dicho el presidente de la CEE, quien ha dejado claro que asumen ese plan como una "obligación moral" y que, efectivamente, tal y como criticó Bolaños, lo hacen de forma "unilateral" porque es una iniciativa propia a la que nadie les obliga.
Este martes, la portavoz del gobierno socialista, Pilar Alegría, ha vuelto a cargar contra la decisión de la CEE. "No compartimos un sistema de compensación que no es vinculante", ha dicho Alegría tras el consejo de ministros. El ejecutivo, de acuerdo con las directrices del Defensor del Pueblo, defiende que debe ser el Estado, a través de una comisión independiente, quien estudie cada denuncia y fije las cantidades de la indemnización.
En su intervención tras la asamblea plenaria extraordinaria –la quinta de la historia de la CEE–, Argüello también se ha reservado un dardo para las asociaciones de víctimas. "Hay muchas víctimas que no están asociadas", ha dejado caer para minimizar la representatividad de las entidades, muy críticas con la forma de hacer de la cúpula eclesiástica.
