Violant Cervera: "Crearemos una red de once 'casas' para atender los abusos sexuales infantiles"

BarcelonaViolant Cervera (Lleida, 1969) es la consellera de Derechos Sociales de la Generalitat. Diputada en el Parlament entre el 2012 y el 2017 por CDC y Junts pel Sí, ahora afronta el reto de abordar la emergencia social que ha agravado la pandemia. De su departamento depende el escudo social ante la pobreza creciente, el derecho a la vivienda ante la amenaza de los desahucios o la gestión de las residencias todavía con el embate del coronavirus.

El coronavirus ha vuelto a entrar en las residencias, que vuelven a limitar visitas. ¿Es la única solución o bien la más fácil como le reprochan algunos familiares?

— Yo no creo que sea un paso atrás, a todos nos ha sorprendido esta oleada y ha asustado mucho a los trabajadores de las residencias porque todo el mundo recordaba la primera. La mayoría han sido casos asintomáticos o leves pero también ha habido casos graves y algunas muertes entre personas que tenían patologías anteriores o eran usuarios de mucha edad. Nos preocupó mucho esto y lo que hemos hecho es volver a activar algunos protocolos. Pero niego la mayor porque no son los mismos restrictivos de la primera oleada: limitamos de 3 a 2 a los visitantes, obligamos a hacerse antígenos y hemos limitado las salidas cortas, que ahora solo pueden ser de más de tres días.

¿La última palabra, pues, la tiene la residencia y no el TSJC, como pasa con otras medidas que limitan la movilidad?

— No llevamos todas las decisiones al TSJC, solo las que el Tribunal considera que atentan contra los derechos fundamentales. Si el TSJC no nos ha dicho nada es que no debe de interpretar que limitar una salida corta es atentar contra derechos fundamentales.

Viendo qué ha pasado en las residencias, especialmente en la primera oleada, ¿es partidaria de que una comisión parlamentaria lo investigue?

— Soy partidaria de que después de un hecho tan grave como el que ha pasado aquí y por todas partes, se investigue y se analice para poderlo corregir y mejorar en el futuro. No tiene que ser una comisión parlamentaria a la fuerza; hay muchas maneras de hacerlo y a mí lo que me gusta es que los análisis no sean para criminalizar sino para poder mejorar. Dicho esto, las residencias ya han sido analizadas, algunas han ido a Fiscalía e incluso han sido juzgadas por lo penal, en algunos casos se han cerrado y hay un par con un expediente vivo. También Inspección ha abierto expedientes a quienes se ha considerado que no lo había hecho lo suficientemente bien.

¿Qué cambios tienen que afrontar a la fuerza las residencias?

— Este es un debate importante, el del modelo de la autonomía personal, y crearemos un grupo parlamentario en el Parlament para abordarlo. Antes las residencias eran el lugar donde pasabas los últimos años de tu vida. Ahora todo el mundo quiere vivir preferentemente en su casa y las residencias son cada vez más asistenciales, donde viven las personas cuando ni con toda la ayuda externa es suficiente y necesitan una atención más continuada. A nosotros nos gustaría primar que la gente pueda vivir en su casa el máximo tiempo posible, pero las residencias no son hospitales, son casas para las personas. Estamos trabajando en la creación de la Agencia Integrada Social y Sanitaria, que tiene que estar mancomunada por salud y por nosotros y sumar al mundo local para poder mejorar la gestión de todo tipo de residencias y también de los sociosanitarios. Es una de mis prioridades y ya trabajamos en el embrión con una colaboración con Salud mucho más estrecha que antes. Tendrá que ser un proyecto de ley; por lo tanto, harán falta dos años para verlo en marcha.

Mientras, la ley de la dependencia sigue sin cumplirse. Personas que mueren mientras esperan recibir la ayuda y trámites que se eternizan.

— Nosotros tenemos competencia exclusiva en asistencia social, pero en 2006 el gobierno español hizo una ley que en aquellos momentos como CiU rechazamos porque estaba mal planteada, mal financiada e invadía competencias. Más allá de esto, la ley fija que la financiación tiene que ser al 50% entre Estado y CCAA, pero lo que nos encontramos es que el Estado está aportando solo un 15%; por lo tanto, tenemos un problema de financiación. Si el presupuesto actual del departamento de Derechos Sociales son 3.100 millones de euros, destinamos a dependencia entre 1.400 y 1.500 millones, que es mucho dinero. Somos conscientes de las listas de espera y de que la carencia actual entre que se reconoce el grado y se recibe la ayuda se tiene que reducir porque es excesiva. Lo queremos reducir pero todo esto repercute en los presupuestos, que todavía no están cerrados.

La emergencia en vivienda es una urgencia que recae sobre su departamento. La moratoria de los desahucios hasta el 31 de octubre da oxígeno pero no resuelve el problema.

— La prórroga de la moratoria da cierto margen pero es un parche. Lo que queremos es legislar desde Catalunya sobre medidas estructurales.

Pero la ley catalana que regula el precio del alquiler se encuentra ya recurrida en el TC. ¿Qué futuro le augura? 

— Pedimos al Estado que no suspenda la ley en trámite en el Parlament de Catalunya porque son medidas estructurales para garantizar la vivienda y acabar con la angustia de la gente que puede perder su casa. Además, como medida propia dentro del programa Reallotgem, el Govern se ha ofrecido a pagar el alquiler de personas con pocos recursos para que no los desahucien: hacemos un contrato con el propietario y le garantizamos el alquiler y después un segundo contrato con la persona que vivirá en la vivienda y que se compromete a pagar una cantidad de entre el 10% y el 18% de su renta. En Catalunya tenemos carencia de vivienda social y por eso tenemos que recurrir a la búsqueda de pisos útiles a través de herramientas como el tanteo y retracto o de conseguir pisos de la Sareb, como nos hemos propuesto.

¿La medida apela a la buena voluntad del propietario para aceptar un pacto?

— Sí, no se puede obligar a un particular si no quiere negociar.  

En otoño algunos auguran una crisis de vivienda sin precedentes. ¿Con qué recursos extra contará el departamento?

— Ya buscaremos los recursos, como hemos hecho con la renta garantizada, que se ha ampliado con 140 millones más de los previstos. En políticas de vivienda, tendremos que ver cómo queda. Se están negociando los presupuestos ahora. El presupuesto de la Agencia Catalana de la Vivienda es de 200 millones de euros y el 60% se dedica a políticas sociales.

La Bilateral con el Estado no ha servido para solucionar la incompatibilidad del ingreso mínimo vital (IMV) y la renta garantizada de ciudadanía (RGC).

— La solución tendría que ser traspasarnos la gestión de la IMV a Catalunya. Aquí tenemos la renta garantizada con requisitos, que tendría que servir para completar el IMV. Pero nos encontramos con que los dos sistemas chocan y para añadir dificultad hay mucha lista de espera para recibir el ingreso estatal y, cuando se rechaza, no sabemos los motivos.

La renta garantizada quizás no tiene lista de espera pero muchas personas están excluidas. ¿Ampliarán los criterios?

— Es posible que se tenga que revisar alguno de los criterios para ampliar el acceso, como la compatibilidad con pequeños trabajos. ¿Cómo podemos tener a cero la lista y a tantas personas con dificultades? Algo no cuadra y hay que evaluarlo, teniendo en cuenta que por desgracia nuestra los recursos son finitos.

El Idescat ha publicado indicadores de pobreza alarmantes en 2020: un 26,3% de la población está en riesgo de exclusión social y un 35% de los menores están en situación de pobreza. ¿La situación puede repuntar en otoño con el final de los ERTE?

— El repunte ya lo hemos tenido y hemos ampliado con 140 millones de presupuesto la renta garantizada de ciudadanía. Es posible que la situación empeore pero tampoco sabemos cómo evolucionará la economía. En todo caso, estaremos preparados e iremos afrontando las dificultades que surjan.

¿Con qué recursos de los fondos europeos contarán y a qué se dedicarán?

— Los fondos europeos llegan a Madrid, que los reparte pero se queda la mitad. Dicho esto, tendremos dos paquetes importantes: uno es el de la rama más social, con unos 400 millones de euros a invertir hasta 2023, y un segundo paquete de vivienda más o menos de la misma cantidad. En la partida social estamos a punto de firmar el convenio para el traspaso del dinero y estamos trabajando ya en las convocatorias públicas que se orientarán a temas de accesibilidad, inversiones en residencias, programas relacionados con menores y cuestiones tecnológicas porque los sistemas de información que tenemos y de relación con los ayuntamientos, por ejemplo, son francamente mejorables.

¿Qué programas concretos podrán ver la luz con estos recursos?

— Trabajamos en una convocatoria destinada los ayuntamientos para hacer accesibles todos los edificios públicos de Catalunya. En materia de infancia, queremos desplegar por todo el país una red de casas para atender a los menores que han sufrido abusos sexuales, un total de once y al menos una por cada vegueria. Se trata de extender el modelo de inspiración nórdica de las Barnahus, las casas de los niños, que hicimos como experiencia piloto en Tarragona.

La pandemia ha hecho patente que hacen falta más recursos de acogida más flexibles para las personas sin hogar. ¿Qué estrategia se propone contra el sinhogarismo?

Queremos ampliar el apartado de sinhogarismo del contrato programa con los ayuntamientos, un convenio de colaboración con los de más de 20.000 habitantes y consells comarcals. Todas las ciudades importantes tendrían que tener algún albergue para atender situaciones de urgencia, ya no solo para las personas que no tienen hogar sino también para las que en un momento puntual les haga falta, por ejemplo, para hacer aislamientos.