El CES pide flexibilizar la entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral

MadridEl Consejo Económico y Social (CES), el órgano consultivo del gobierno español en el que se encuentran representantes patronales y sindicatos, ha emitido su dictamen sobre el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanas, con un total de 54 votos a favor y 2 votos en contra. Los representantes del órgano han discutido hasta último momento las conclusiones del informe para tratar de alcanzar una posición de consenso sobre una cuestión que, de hecho, separa a empresarios y sindicatos –hay que recordar que los primeros ni siquiera se han sumado al texto que UGT y CCOO firmaron con el ministerio de Trabajo el pasado mes de diciembre–. Precisamente, en el informe se critica al gobierno español por haber pedido un dictamen preceptivo (no es de obligado cumplimiento) sobre la reducción de la jornada laboral con tan poco margen de tiempo (el anteproyecto se está tramitando por la vía de urgencia): "Se abordan una serie de cuestiones de gran complejidad e importancia que requieren un debate tranquilo y en profundidad", se apunta en el informe.

En cuanto al contenido del informe, el CES pone la lupa en el despliegue de la reducción de la jornada laboral, que de hecho ha sido un elemento de discordia entre el ministerio de Trabajo y el de Economía. En concreto, aconseja que el anteproyecto incluya un "marco más flexible [de entrada en vigor y aplicación de la reducción de la jornada] que permita el efectivo cumplimiento de la norma". "Esto sería especialmente necesario en relación a algunos sectores y actividades como la agricultura y la pesca", ejemplifica el órgano. De esta forma, vería con buenos ojos lo que se planteaba desde Economía en cuanto a abrir un proceso de transición, sobre todo cuando se trata de pequeñas y medianas empresas. El ministerio de Trabajo, en cambio, prevé que la reducción de la jornada sea algo a finales del 2025 en todos los sectores y empresas.

Otro elemento clave son los salarios. La norma del gobierno español que debe volver al consejo de ministros para después dar el salto al Congreso de los Diputados incluye que, pese a la reducción de la jornada, los trabajadores no podrán sufrir una reducción de sus ingresos. Aquí, el CES no se ha puesto de acuerdo y, por tanto, no se pronuncia.

Por último, también dedica un grueso de sus recomendaciones a hablar de la desconexión digital y el registro horario. Por lo que se refiere a la primera cuestión, no ha alcanzado un consenso de máximos, como se reconoce en el mismo informe, pero sí recomienda al gobierno español "clarificar" mucho más el texto actual y suavizar en algunos casos particulares la prohibición de ciertas "comunicaciones", sea a través de mensajes o llamadas, entre la empresa y el trabajador. "A las excepciones a la prohibición de comunicación debe tenerse en cuenta sectores con necesidades propias y específicas de su actividad como son las explotaciones agrarias, que dependen de la climatología, u otras actividades que necesiten esta excepcionalidad", se apunta.

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