20 céntimos por litro de carburante: las principales medidas del gobierno contra la guerra

MADRIDEl gobierno español bonificará los carburantes con 20 céntimos por litro a toda la población. Esta será una de las medidas estrella del plan de choque para afrontar el impacto económico de la guerra en Ucrania y que mañana aprobará el consejo de ministros. Así lo ha anticipado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, este lunes. Sánchez también ha detallado que el plan que aprobará el ejecutivo incorporará hasta 6.000 millones de euros en ayudas directas y fiscales y 10.000 millones de euros en líneas de avales para las empresas más afectadas por la crisis.

Hace días que el ejecutivo español trabaja en este plan –que se alargará hasta el 30 de junio– para hacer frente a las consecuencias que la invasión rusa está teniendo en Europa, en particular sobre los precios de la energía y los carburantes, que este último mes han registrado récords históricos. "Serán medidas para el conjunto de los ciudadanos y para repartir de forma justa los costes de la guerra", ha dicho Sánchez en el discurso inaugural de las jornadas Generando Oportunidades, organizadas por Europa Press. En un momento en el que la economía se estaba empezando a recuperar del choque económico derivado de la crisis del coronavirus, el presidente español ha reconocido que el objetivo también es "preservar la senda de crecimiento".

La medida para bonificar los precios de los combustibles se aplicará cuando los consumidores llenen el depósito en la gasolinera. Como en el caso de la medida aprobada para el sector de los transportes, el coste se repartirá entre el Estado –que asumirá 15 céntimos– y las empresas petroleras –que asumirán 5 más–. Hasta ahora algunas compañías –Repsol y Cepsa– ya habían movido ficha anunciando una rebaja de 10 céntimos de euro por litro del precio de sus combustibles para clientes profesionales y trabajadores autónomos. "Quiero agradecer a las petroleras su compromiso con el país", ha dicho Sánchez.

Tejido económico, laboral y vivienda

Además, el plan de choque también incorporará medidas en materia fiscal y de apoyo a las empresas, de vivienda y laborales. En cuanto a las primeras, el gobierno ha anunciado 6.000 millones de euros en ayudas directas –incluyen la bonificación en los carburantes– y 10.000 millones en la creación de una nueva línea de avales ICO, ya anunciada por la ministra de Economía, Nadia Calviño, para aquellos sectores más afectados por el conflicto. Además, habrá un alargamiento del vencimiento de los préstamos que actualmente tienen las empresas y los trabajadores autónomos más afectados por la crisis derivada de la guerra en Ucrania, como reclamaban las empresas.

Por sectores, se destinarán ayudas por un valor de 362 millones de euros a la agricultura; 68 millones para el sector pesquero y, finalmente, se aprobará un paquete específico de 500 millones para la gran industria consumidora de energía. Las tres actividades son de las que más han sufrido las consecuencias de la guerra, ya sea por la subida de los precios de la luz y los carburantes, así como de las materias primas en el caso del sector primario, que se provee de muchos productos provenientes de Ucrania.

En materia de vivienda, y en un momento en el que el índice de precios del consumo está disparado –en febrero el IPC se situó en un 7,4%, el nivel más alto de los últimos 33 años–, el gobierno de Sánchez permitirá desvincular la revalorización de los precios de este indicador y se permitirá un aumento máximo del 2%. El IPC, el índice que habitualmente se utiliza para actualizar los alquileres, hace meses que castiga el mercado, y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, exigían esta medida para no debilitar todavía más el poder adquisitivo de las familias. Con todo, queda por ver si será una medida retroactiva, es decir, si ya tendría un impacto estos últimos meses en los que la inflación ha estado disparada.

En el ministerio de Trabajo utilizarán la experiencia ganada durante la pandemia para que trabajadores y empresas intenten esquivar los impactos del conflicto bélico. El plan de choque incorporará prohibir temporalmente el despido objetivo cuando se trate de causas vinculadas al impacto de la guerra, como por ejemplo la inflación. Esta medida ya se aprobó durante los peores meses de la pandemia; en aquel caso, sin embargo, se prohibían los despidos objetivos por causas derivadas del covid. Además, el gobierno quiere que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vuelvan a ser el flotador para las empresas y les permita esta opción antes de que los despidos.

En cuanto a la protección de las familias más vulnerables, el gobierno español ha anunciado un aumento de un 15% del ingreso mínimo vital, así como un refuerzo del bono social eléctrico, una medida que el ministerio de Transición Ecológica llevaba días estudiando. En concreto, el ejecutivo de Sánchez calcula que se puede ampliar el bono a 600.000 familias vulnerables y llegar a un total de 2 millones de personas. Desde Transición Ecológica trabajan para que la medida se aplique a la unidad de convivencia, definida, precisamente, por el ingreso mínimo vital, y que se pueda renovar automáticamente, explican fuentes del ministerio al ARA.

Energía, pendientes de Bruselas

Con todo, Sánchez ha anticipado que están ultimando con Portugal el paquete de medidas para que la península Ibérica pueda rebajar el precio de la electricidad. Después de que la Unión Europea afirmara que tendría en cuenta la situación "especial" de España y Portugal por su escasa interconnectividad con el continente, los dos países tienen que enviar ahora las fórmulas concretas para que Bruselas dé el visto bueno definitivo. Sánchez ha asegurado que quiere enviar el documento a la Comisión Europea esta semana y se prevé que las medidas tengan un impacto real sobre la factura de la luz de aquí a "tres o cuatro semanas".

Sobre la mesa está la opción de poner un límite al precio del gas de los ciclos combinados, como ya explicó este diario. Esto quiere decir que las energéticas no podrán vender el gas por encima de este tope y se les compensaría para cubrir la diferencia con el precio real del combustible. El límite, sin embargo, todavía no está decidido, según aseguran fuentes del ministerio de Transición Ecológica a este diario.

Una de las fórmulas que España quiere plantear pasa por vender electricidad a Francia a un precio normal. Se fijará el precio de compraventa del día sin límite, que determinará el tipo de energía que se intercambia. Después, sin embargo, se fijará otro precio para España y Portugal teniendo en cuenta el límite sobre el precio del gas que se acabe decidiendo. Esto permitirá que esta tecnología, que es la más cara, no afecte de forma desorbitada al resto de energías, como por ejemplo las renovables, que son más baratas, y rebajar así el precio de la factura de la luz. Con todo, la propuesta la tiene que avalar Bruselas.

Negociación con los partidos

En las últimas horas, en las que el gobierno español ha perfilado las medidas anticrisis, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, han llamado a los grupos parlamentarios para informarles de las líneas maestras del real decreto que este martes aprobará el consejo de ministros. Han sido contactos breves y sin entrar en detalle, según ha subrayado el portavoz del PNV, Aitor Esteban. "Estoy informándome a través de los medios sobre lo que ha explicado el presidente a su conferencia", ha tuiteado, según informa Ot Serra.