ICL y la china Dynanonic invertirán 285 M€ en una planta de baterías en Sallent
La planta se ubicaría en las antiguas instalaciones mineras de la compañía israelí en el municipio del Bages
BarcelonaLa multinacional israelí ICL y la china Dynanonic tienen previsto invertir 285 millones de euros para crear una fábrica de cátodos para baterías eléctricas en Sallent, en la comarca del Bages. Según han avanzado el Región 7 y El Periódico, la planta se ubicaría en las antiguas instalaciones mineras de ICL en Sallent, que cerraron el año 2020. En una visita al Bages, el conseller de Empresa, Miquel Sàmper, ha celebrado la noticia y ha destacado que las baterías "empiezan a ser un elemento indispensable" y "muy importante para la industria y la economía que queremos que tenga Cataluña lo antes posible".
La planta que se quiere construir en Sallent sería la primera fábrica de cátodos de fosfato de hierro y litio para baterías eléctricas del Principado. Para ello, ICL tiene previsto firmar un acuerdo estratégico con la compañía china Shenzhen Dynanonic. La inversión inicial prevista para la construcción de la nueva fábrica es de 285 millones de euros y el enclave dispone de 100.000 metros cuadrados de terreno.
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En un comunicado, el presidente de la división de soluciones de fosfato de ICL, Phil Brown, ha expresado que "el momento es adecuado para realizar este movimiento, ya que el ferrofosfato de litio (LFP) es una solución crítica para el futuro de la transición energética de Europa". "ICL está entusiasmada con esta potencial inversión y estamos contentos de colaborar con Dynanonic, un socio valorado ya largo plazo", ha añadido. Por su parte, el vicepresidente de Dynanonic, WangBao Ren, ha destacado que la joint venture "se alinea" con los objetivos de ambas empresas y "aprovecha las fortalezas respectivas" para desarrollar la industria de baterías de iones de litio en Europa -
Fuentes del Govern han confirmado a ACN que el proyecto encaja dentro de la categoría de proyectos que la Generalitat reconoce como "estratégicos". Estos proyectos, entre otros criterios, deben comportar inversiones significativas –más de 20 millones de euros–, deben demostrar su capacidad de generación de empleo y deben generar oportunidades concretas en el ecosistema local de proveedores. A cambio, gozan de una agilización en los plazos administrativos por parte del Gobierno y, por tanto, se priorizan.
