El ingreso mínimo llega solo a un tercio de las familias previstas un año después

BarcelonaEl 23 de mayo del año pasado, Pedro Sánchez se colocaba ante la cámara para hacer una comparecencia que empezaba a ser habitual. La de ese sábado era para explicar que ya se veía el final del túnel. Hablaba de una pandemia que se volvería a complicar después del verano y que todavía no había hecho flotar todas sus consecuencias, pero que ya dejaba entrever importantes heridas económicas. Era en este contexto cuando el presidente del gobierno anunciaba la inminente aprobación del ingreso mínimo vital (IMV), una ayuda que, según dijo, podía “amparar a 4 de cada 5 personas en situación de pobreza severa” y que beneficiaría “a cerca de 850.000 hogares”. Un año más tarde, el importe ha llegado solo a un tercio de esta previsión y apenas a una de cada diez personas en situación de pobreza extrema.

Los últimos datos indican que hasta ahora se han aprobado unos 276.000 expedientes del millón y medio tramitados, cosa que supone impactar sobre algo más de 680.000 personas de los 5 millones que, según Oxfam Intermón, hay en situación de pobreza extrema en España. En Catalunya, con datos de mediados de mayo, la tasa es todavía peor: se han aprobado solo el 14,3% de los expedientes tramitados y un 11,4% de todos los que han llegado (unos 148.000).

“Han puesto en marcha un transatlántico en medio de un riachuelo”, resume Enriqueta Durán, secretaria de políticas sociales de la UGT de Catalunya. Parte del problema, a ojos de esta portavoz sindical, es que la prestación se aprobó “demasiado apresuradamente”, sin ningún estudio ni discusión con los agentes sociales. Considera que se ha puesto toda la presión sobre una Seguridad Social ya colapsada y que el IMV está diseñado con requisitos demasiado complicados de cumplir. 

“Una persona vulnerable tiene que demostrar que todo el año anterior a la solicitud o no ha tenido ingresos o que han sido menores a los que da el ingreso mínimo vital [unos 460 euros para un adulto que viva solo]”, detalla Diosdado Toledano, portavoz de la comisión promotora de la renta garantizada de la ciudadanía. “Posteriormente, esta persona tiene que esperar seis meses para que le den una respuesta. ¿Tú crees que una persona vulnerable puede aguantar en una situación así año y medio?”, se pregunta. Si después de este tiempo no hay respuesta, quiere decir que la respuesta es negativa, y en el 73% de las peticiones resueltas, la administración lo comunica formalmente.

El propio ministerio de Seguridad Social explica al ARA que en tres de cada cuatro casos, la denegación es porque las personas superan los criterios de vulnerabilidad y que están estudiando cómo dirigirse a la gente que los cumple pero no pide la prestación. Así, el departamento capitaneado por José Luis Escrivá sigue aferrado al objetivo de llegar a los 850.000 hogares, tarea que dejan claro que no se puede conseguir “en unos meses”.

Pero lo que pone sobre la mesa la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) es que hay muchos perfiles excluidos del IMV por cómo está planteado, como por ejemplo personas que vivan en una misma vivienda sin pertenecer a una única unidad de convivencia (la prestación se dirige a las familias), las que viven en residencias o los jóvenes menores de 23 años pero ya fuera del sistema de protección. Otra barrera es la brecha digital y la necesidad de tener sí o sí una cuenta bancaria: según el INE, el año pasado el 15,4% de los españoles en edad de trabajar que ingresaban menos de 900 euros no había utilizado internet en tres meses, y según el Banco Mundial, el 6% de la población adulta en España no tiene cuenta corriente. 

Centralización y duplicidades

Aparte de esto, la comisión promotora de la renta garantizada insiste en el problema de la gestión. En el País Vasco, que tiene la competencia del IMV para su territorio, la tasa de aprobación de expedientes es del 85%. “Ha habido una legislación mejor, una administración más competente o más voluntad política”, valora Diosdado Toledano. En esto, tanto las entidades sociales como la Generalitat (que lo está defendiendo en los tribunales) están de acuerdo: el IMV se tiene que gestionar a escala autonómica. De hecho, el gobierno central no se opone a ello: “La propia norma prevé esta posibilidad desde el principio y nosotros no tenemos ninguna voluntad de retener la gestión”, explican desde el pertinente ministerio. “Una vez el despliegue esté avanzado, podría tener sentido que hubiera una ventana única”, añaden.

Sobre todo porque el otro gran problema en Catalunya han sido las duplicidades con la renta garantizada. Tal como está diseñado el sistema, si se tiene derecho a las dos prestaciones, la catalana se convierte en un complemento de 200 euros sobre los 400 del ingreso mínimo vital. Lo que pasa es que, según la UGT de Catalunya, las dos administraciones no se están comunicando y, en caso de cobrar en exceso, más adelante se reclamará el importe. El problema, analiza Toledano, es que se han unido “una mala implementación de la renta garantizada” con una “pésima implementación del ingreso mínimo vital”. Enriqueta Durán añade un último aviso: cuando acaben los ERTEs y empiecen los EREs, la situación se complicará todavía más.