Sánchez anuncia una ayuda de 30.000 euros a jóvenes para alquilar con opción de compra viviendas protegidas

BarcelonaNuevo anuncio de Pedro Sánchez en materia de vivienda: el presidente del gobierno español ha explicado que su ejecutivo aprobará un paquete de medidas que incluirá una nueva ayuda para los jóvenes de cerca de 30.000 euros para pagar el alquiler con una opción de compra. Sánchez no dio más detalles, pero la medida sólo servirá para viviendas que ya son de protección oficial, según explicaron fuentes del ministerio al diario ARA.

"Crearemos una nueva ayuda de alquiler con opción de compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda de protección permanente y acaben adquiriéndola", ha dicho Sánchez este lunes en el Congreso, en una reunión interparlamentaria del grupo socialista. El dinero servirá para pagar el alquiler antes de que el beneficiario de la ayuda decida comprar la vivienda. Una vez que quiera efectuar la compra, el dinero que habrá ido pagando por el alquiler contará como pago parcial del piso o la casa.

"Como se trata de una vivienda protegida con carácter permanente, el precio estará tasado y no podrá fijarlo libremente el vendedor. Esto significa que si en el futuro se quiere vender esta vivienda, deberá hacerlo a un precio tasado ya una persona que cumpla los mismos requisitos que el propietario anterior", han explicado fuentes del ministerio de Habit. La vivienda protegida mantendrá esta condición de forma permanente.

La medida es similar a la anunciada hace algunos meses por el Gobierno, que en su caso introdujo la ayuda en forma de préstamo sin intereses para pagar la entrada. La condición era la misma: que los inmuebles adquiridos pasen a ser de protección permanente. Sin embargo, la gran diferencia es que precisamente una de las condiciones para recibir las ayudas de la Generalitat –de hasta 50.000 euros– es que la vivienda en cuestión no esté calificada de protegida.

Este requisito tiene varias implicaciones. Por un lado, hace que la medida del gobierno español quede reducida en el mercado de vivienda protegida: por tanto, allá donde no haya oferta, no llegarán ayudas. Y, por otra, la obligación de que sea protegido podría evitar uno de los principales riesgos que tienen las ayudas a la compra, que es que se capitalicen en el precio, lo que supone una transferencia de recursos de la administración a los vendedores, sobre todo en zonas con oferta restringida. Lo advierte Ivalua, el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas, en su última revisión sistemática de la literatura académica sobre políticas de accesibilidad. "De esta forma, blindamos las viviendas pagadas con recursos estatales ante la especulación", aseguran las mismas fuentes ministeriales.

Garantías a los propietarios

En cuanto a otras medidas del paquete, Sánchez también ha anunciado hasta 10.800 euros para comprar una vivienda en entornos rurales y un seguro de impago de rentas para jóvenes. Estos anuncios llegan justo al día siguiente de que el presidente anunciara que el gobierno español exigirá a las plataformas retirar 53.876 pisos turísticos ilegales. La ayuda de 10.800 euros a viviendas rurales no podrá superar el 20% del coste de adquisición y será sólo para municipios de 10.000 o menos habitantes.

El seguro de impagos —dirigido a alquileres que no superen el 50% de los ingresos netos de la unidad familiar— es una medida que ya anunció en enero y que era ampliamente pedida, sobre todo por las patronales de propietarios, como la Asociación de Propietarios de Cataluña y la presidenta de la Fundación Hábitat 3 y presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda (OHB), Carme Trilla. El Estado hará de avalista en las viviendas asequibles para que el inquilino pueda acceder a él y el propietario tenga la garantía de que cobrará a final de mes.

Sánchez también ha anunciado que enviará la propuesta ya anunciada del Plan Nacional de Vivienda a las comunidades autónomas con el compromiso de triplicar la inversión estatal en vivienda -y alcanzar los 7.000 millones en los próximos cinco años- si éstas se comprometen también a impulsar la vivienda de protección oficial. El presidente lo planteó en la última Conferencia de Presidentes y Cataluña es una de las cinco comunidades que quieren acogerse al plan estatal.

Este incentivo económico para las comunidades autónomas es una medida habitual del gobierno español desde que aprobó la ley de vivienda. El objetivo era que los territorios desplegaran las medidas de la norma, sobre todo la aplicación del tope del precio del alquiler, pero muchas comunidades del PP no quieren aplicarlo un año y medio después de su entrada en vigor.