Soluciones en el gran sudoku inmobiliario
Los remedios que unos proponen para mejorar el acceso a la vivienda son la causa del problema para otros
BarcelonaEl problema del acceso a la vivienda es ya una "emergencia social" para el gobierno español y el segundo elemento que más preocupa a la ciudadanía, según el CIS. Pero el gran consenso sobre la crisis residencial es solo éste: que es un problema. Sus causas y, por tanto, sus soluciones, polarizan como nunca el debate público, que congrega tantos diagnósticos como remedios. Lo que es la solución para unos es parte del problema para otros como regular los alquileres o dar ayudas a los inquilinos.
Aquí hacemos un repaso de las principales soluciones que se han planteado últimamente ante un problema que ya tiene nivel europeo y también global.
Regular el precio de los alquileres
Medida vigente en Cataluña desde marzo con resultados no definitivos
Cataluña aplica la regulación de los alquileres en 271 municipios declarados como zonas tensionadas. En estos sitios, el precio de los alquileres está limitado al precio del contrato anterior y sólo puede aumentar con la inflación, a la espera de que el gobierno español cree un índice de referencia. Además, los propietarios de cinco o más viviendas deben ceñirse a un índice de precios que fija un rango de precios –un máximo y un mínimo– según las características de cada vivienda.
Los primeros datos después de la aplicación del tope indican una bajada de precios del 5% en las zonas tensionadas, pero también una reducción de los contratos. Sin embargo, son resultados no definitivos, que podrán interpretarse más adelante, como se hizo con el tope catalán del 2020, y del que sólo se ha hecho un estudio peer-reviewed.
Construir y crear más viviendas (sobre todo públicas)
Política de vivienda aplicada por el Gobierno para aumentar el número de hogares disponibles
En Catalunya hasta 355.000 familias quedarán excluidas del mercado en los próximos 15 años. Si se deben construir nuevas viviendas, supone hacer cerca de 25.000 al año, lejos de los 11.500 que se inician hoy en día. El Plan Territorial Sectorial de Vivienda propone que 220.000 unidades deberían ser de protección oficial. Por el momento el Gobierno se ha propuesto crear 50.000 pisos de alquiler social hasta 2030, que serán de carácter permanente, en la línea del objetivo del gobierno español, que hace unas semanas se propuso blindar este tipo de viviendas porque no pasen al mercado libre, como ha ocurrido en las últimas décadas.
De todos estos, la mayoría se tendrán que construir, y lo tendrá que hacer el sector privado. Pero también se propone que las administraciones movilicen –a través de la compra o la cesión– las viviendas vacías o en desuso.
Seguridad para los propietarios
Iniciativa no vigente que busca incentivar que los arrendadores alquilen a precios más bajos
Los propietarios, en voz de asociaciones como la Associació de Propietaris de Catalunya, consideran que el Estado debe incentivarlos a rebajar el precio del alquiler y no obligarlos, como lo hace el tope de precios. Una de las medidas que se han puesto sobre la mesa últimamente es la creación de un sistema de garantías públicas en el alquiler. Según la OCU, el 15% de los propietarios de viviendas vacías no alquilan sus viviendas por falta de seguridad.
"Si queremos evitar desahucios y regular precios, se debe decir a los propietarios que si ofrecen pisos por debajo del precio contarán con garantía pública en caso de insolvencia", explica al ARA la presidenta de la Fundación Hábitat 3 y presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda (OHB), Carme Trilla.
Incentivos y desincentivos fiscales a los propietarios
Utilizar la fiscalidad para aumentar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles
El sector inmobiliario, la Cámara de la Propiedad Urbana y la Asociación de Propietarios de Cataluña condensan en este punto las demandas al gobierno español: los primeros piden respetar el marco fiscal actual, mientras que los segundos piden un plan de incentivos fiscales por " motivar" a los propietarios para que bajen el alquiler e, incluso, no se marchen del mercado de alquiler. Entre los desincentivos –como subir los impuestos a las viviendas vacías– es una medida que ven bien el 51% de los propietarios, según la OCU. el PSOE se ha abierto a modificar el tributo en función de lo que haga Europa.
Frenar el uso especulativo de las viviendas
Andorra, Canadá y ciudades como Amsterdam han limitado las adquisiciones a una serie de condicionantes
Hace cinco años, Nueva Zelanda prohibió a los extranjeros comprar pisos. Hace dos años, Amsterdam fijó la obligación de que los propietarios vivan cuatro años en las viviendas que compren. En Canadá y Andorra el año pasado se tomaron medidas similares para frenar la especulación inmobiliaria. Otras medidas que se han planteado al respecto son la renovación automática del alquiler, como figura en un documento de Sumar. Esta semana representantes del Sindicato de Inquilinos y del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) han defendido en el Congreso de los Diputados esta medida.
De momento el gobierno español se ha propuesto acabar con los visados de oro por la compra de vivienda, que permiten a los extranjeros obtener el permiso de residencia por tres años y renovable con la compra de un piso o una casa de 500.000 euros como mínimo.
Limitar alquileres turísticos y de temporada
Medida vigente que busca evitar el desplazamiento de vivienda tradicional a otros usos
La falta de viviendas de alquiler para responder a la demanda residencial ha puesto a los pisos turísticos en el punto de mira. Si bien el gobierno municipal de Ada Colau ya prohibió dar más licencias, ahora el de Collboni pretende acabar con esta actividad en 2028. Estas licencias, que limitan su estancia a un máximo de 30 días, era junto al alquiler de temporada el agujero que dejó la ley estatal del año pasado. Para este segundo uso, que se ha disparado en la capital catalana, el gobierno español creará en enero un registro único, sin el que no podrán comercializarse los pisos de alquiler no habituales o no residenciales.