La Fiscalía ya investiga los delitos laborales de Glovo

BarcelonaLa aprobación de la ley rider hace ya tres años nunca puso fin al uso de falsos autónomos por parte de plataformas de reparto como la catalana Glovo. Ante estos incumplimientos, el ministerio de Trabajo llevaba tiempo amenazando con llevar los posibles delitos laborales de la compañía a la Fiscalía General del Estado, y finalmente ha cumplido esta promesa. Según avanzó este miércoles El País y ha podido confirmar el ARA, la fiscalía provincial de Barcelona ya ha puesto en marcha una investigación en la compañía, después de que la Inspección de Trabajo remitiera su informe sobre la actuación de las sociedades mercantiles de Glovo. Desde la reforma de 2022 el Código Penal castiga con penas de prisión de seis meses a seis años los delitos contra los derechos de los trabajadores.

El ministerio que dirige Yolanda Díaz cree que la empresa podría haber vulnerado el Código Penal por "por no atender los requerimientos que se le han realizado para que reconozca como trabajadores por cuenta ajena a sus repartidores", como fijaría la ley rider. Hasta ahora el argumento de Glovo ha sido defender que su modelo cambió una vez aprobada la norma y que a partir de ese momento los mensajeros contaron con mayor libertad para decidir las tarifas y los horarios. Pese a las multas millonarias a Glovo impuestas por la Inspección de Trabajo, la plataforma ha continuado operando de la misma forma hasta ahora.

Informe con casos concretos

Como explica el rotativo español, en el informe enviado por Treball se detallan cientos de casos concretos de repartidores que deberían ser asalariados pero siguen como autónomos. La Fiscalía General del Estado recibió esta documentación en octubre del pasado año y trasladó la información a la unidad de seguridad y salud en el trabajo "por si los hechos denunciados podrían ser delito contra los derechos de los trabajadores".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció hace meses que se instaría a la Fiscalía General del Estado a investigar si las empresas de reparto están vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces avisó que aunque la ley rider funciona y la mayoría de las empresas están cumpliendo con sus obligaciones, "el peso de la ley" caería sobre las que la incumplan. "El siguiente paso es la Fiscalía General del Estado y ver si hay invasión de la esfera penal por la rebelión que existe en algunas de estas empresas en España", dijo Díaz en ese momento.