Estados Unidos
Internacional 22/04/2021

El departamento de Justicia de EE.UU. abre investigación a la policía de Mineápolis

Determinará si viola la ley y permite conductas como la que acabó con la vida de George Floyd

3 min
Joe Biden en su discruis posterior al veredicto del caso George Floyd.

Washington / BarcelonaDe la justicia para George Floyd a la reforma integral de las prácticas policiales y del sistema judicial estadounidense hay un enorme trecho. La primera se consiguió el martes cuando el jurado declaró culpable al ex-policía Derek Chauvin por el asesinato de Floyd en mayo de 2020. La segunda no está asegurada y tiene ante sí un incierto camino, pero el Departamento de Justicia dio ayer un paso en esa dirección. El fiscal general, Merrick Garland, anunció que abre una investigación a la policía de Mineápolis porque, admitió, el veredicto contra Chauvin “no aborda problemas policiales potencialmente sistémicos”.

La investigación examinará si existe un patrón de conducta inconstitucional en el departamento policial de la ciudad en la que murió George Floyd. Se llevará a cabo una revisión integral de sus prácticas y se investigará, entre otras cuestiones, el uso excesivo de la fuerza en sus intervenciones o el trato a personas con discapacidades físicas o mentales, así como el proceso de formación y supervisión de los agentes. La policía de Mineápolis está siendo igualmente investigada por el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota, que está escrutando las políticas practicadas durante los últimos diez años. No está claro, sin embargo, el marco temporal sobre el que trabajará Garland.

Una investigación como la abierta por el fiscal general hubiera sido prácticamente imposible hace apenas unos meses. Donald Trump, que se presentó como el garante de la “ley y el orden”, puso impedimentos para que su propio Departamento de Justicia pudiera forzar a las policías locales a modificar sus conductas mediante los conocidos como decretos de consentimiento, acuerdos legales supervisados por un tribunal federal entre el gobierno de Washington y las policías locales.

Antes de ser despedido por Trump, Jeff Sessions, que fue su primer fiscal general, firmó en 2018 un memorando con el que prácticamente logró inhabilitar esta figura legal que permite al gobierno federal tomar el control y poner coto a los excesos de los departamentos de policía locales. Sessions puso estrictos límites a lo que calificó incluso de “capitulación” frente a los criminales. La administración que le precedió, la de Barack Obama, firmó 14 en un intento de mejorar la relación entre policías y las comunidades más afectadas por sus excesos. 

Si la investigación de Merrick Garland concluye que la policía de Mineápolis viola los derechos legales de sus ciudadanos, el fiscal general hará público un informe con las conclusiones y impulsará un decreto de consentimiento, el primero de la administración Biden, para garantizar que se cumpla la ley. Garland admitió en una breve declaración pública que “la justicia es a veces lenta, en ocasiones esquiva y a veces nunca llega”. Aunque dejó claro que cree que “la mayoría de agentes hacen su difícil trabajo de forma honorable y legal”, Garland también apuntó que “los buenos agentes no quieren trabajar en sistemas que permitan malas prácticas”.

Los equilibrios de Joe Biden

Es difícil imaginar dos cosas tan incompatibles como la creencia de que la mayoría de policías “sirven de forma honorable a sus comunidades” y a la vez admitir que el trabajo de los departamentos policiales del país está mancillado por “el racismo sistémico y las disparidades raciales”. Es, sin embargo, lo que apuntó también en un mismo discurso el presidente Joe Biden horas después de conocerse el veredicto condenatorio del jurado contra el ex-policía Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd.

Biden se abona tanto a la teoría de las manzanas podridas que defiende habitualmente la derecha estadounidense a la vez que sugiere al Congreso que apruebe la reforma legislativa sobre prácticas policiales que lleva el nombre de Floyd y que los conservadores ven como un ataque contra la policía. En marzo fue aprobada por la Cámara de Representantes sin un solo voto republicano, pero difícilmente tendrá esa suerte en el Senado, donde se necesitan 60 votos y los demócratas tienen, incluyendo a la vicepresidenta Kamala Harris, 51. De salir adelante, limitaría la amplia protección legal de la que disfruta la policía e impondría restricciones al uso de la fuerza letal por parte de los agentes.

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