Una maniobra inadmisible contra la protección de fuentes
La protección de las fuentes es una piedra angular del periodismo y en pocos lugares como en Estados Unidos se ha respetado este precepto escrupulosamente, ya que está sacralizado en la Primera Enmienda de la Constitución. Pero el caso que afecta a la reportera Catherine Herridge abre unas fisuras inquietantes. Resulta que esta profesional, fundadora de Fox News y despedida recientemente de la CBS, hizo un reportaje sobre una científica china que estaba siendo investigada por el FBI (sin que se llegaran a presentar cargos). La afectada se querelló contra el gobierno federal por haber permitido que se filtraran detalles de las investigaciones sobre su persona. Para identificar el origen del escape de información, el juez exige a Herridge que revele su fuente: argumenta que su derecho a protegerla no está por encima del derecho de la científica a poder averiguar quien la vendió públicamente.
Por mucho que sobre Herridge pesen acusaciones de ser una periodista claramente partidista, en este caso en favor de los republicanos, lo que hay que valorar aquí no son sus intenciones, sino el hecho de que la información que protege, aunque sea filtrada de forma interesada, ha podido tener un interés público. Por tanto, es a la ciudadanía que hay que defender, y atacar a Herridge de manera individual supone un abuso intolerable que debe denunciarse. Que se le establezca una multa de 800 dólares diarios, en un momento en el que ha perdido su trabajo, es una presión inadmisible. Por suerte todavía no debe pagarlos, porque puede apelar, pero el juez ya ha decidido claramente que quiere violentar este principio básico de la protección de fuentes. Todo ello un paso más en la regresión que vivimos en términos de transparencia y fiscalización del poder en los últimos años.
