El PSOE ultima un reglamento en el Congreso para frenar a los agitadores de extrema derecha

MadridDecenas de periodistas del Congreso de los Diputados se concentraron el miércoles en la puerta de los leones para denunciar los comportamientos de algunos agitadores de extrema derecha acreditados en la Cámara Baja. Principalmente, Vito Quiles y Bertrand N'Dongo, que trabajan para el medio ultra Estado de Alarma TV (Eda TV). Su trabajo consiste en manipular, esparcir noticias falsas y hacer preguntas tendenciosas a los políticos, saltándose los turnos de palabra e ignorando las normas de conducta que durante años se han respetado en el Congreso y en el Senado. Un grupo de trabajo de la mesa del Congreso liderado por el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, lleva años trabajando en una reforma del reglamento, que el PSOE intentará negociar con la mayoría plurinacional y llevarla al pleno.

La semana pasada la gota que colmó el vaso fueron las amenazas de N'Dongo y Quiles a una reportera de La Sexta, a la que señalaron en las redes sociales para, supuestamente, haber impedido su trabajo. Simplemente, esta periodista dijo al cámara (que asumía las funciones de pool, que consisten en distribuir las imágenes a todos los medios para no colapsar los espacios) que dejara de grabar como Quiles perseguía a un ministro, ya fuera de la zona donde se hacen los cuidados en los medios. Hubo una tensa discusión entre ambos y los periodistas en los pasillos del Congreso, y los agitadores llegaron a amenazar con publicar información de los domicilios de los periodistas. "Los periodistas que trabajamos en el Congreso sufrimos descalificaciones, insultos y señalamientos por parte de personas acreditadas que trabajan con nosotros y no respetan unas elementales normas de convivencia", dice el manifiesto que el miércoles leyeron portavoces de la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

Fuentes del entorno de Rodríguez Gómez de Celis explican al ARA que el grupo de trabajo plantea unas "normas de convivencia que garanticen el normal desarrollo de la labor informativa en el Congreso". El objetivo no es sancionar y retirar acreditaciones, dicen, aunque la nueva normativa lo va a prever. El problema es que el reglamento actual no regula los motivos por los que se puede retirar la credencial a alguien y, por eso, desde la dirección de comunicación de la cámara baja alegan que no pueden actuar contra los agitadores. "Se trata del ejercicio de un derecho fundamental [el de información]", se escudan.

El principal precedente en este sentido se remonta al año 2020, cuando un reportero deOK Diario grabó imágenes sin permiso en dependencias del grupo parlamentario de Podemos. Se le retiró la acreditación, pero una sentencia del Tribunal Supremo obligó a devolvérsela, argumentando que no había tipificación en la normativa vigente de la cámara baja.