El acuerdo entre el PSOE y Junts para aprobar una ley orgánica que permita a Catalunya "la gestión integral de la inmigración" ha puesto esta cuestión tan compleja y con tantas aristas en el centro del debate político. Pero más allá de la trifulca política, no cabe duda de que es una oportunidad para hacer un debate serio sobre la inmigración y sobre qué herramientas necesita Cataluña para poder gestionar todos los retos que representa. Entre otras cosas porque, aunque se trata de un pacto entre el PSOE y Junts, para salir adelante hará falta también los votos de ERC y de los comunes (y de Bildu y el PNV), por lo que se necesita un trabajo previo que sólo pueden hacer los expertos en la materia para saber exactamente qué políticas que ahora dependen del Estado son susceptibles de ser traspasadas a la Generalitat.
De entrada hay que subrayar que Cataluña tiene una situación especial que pide también un tratamiento diferenciado respecto a otros territorios del estado español. Para empezar, el porcentaje de población inmigrante es superior a la media española (un 17% frente a un 13%), y también su procedencia es más variada, con una importante presencia de población de origen norteafricano y asiático. De hecho, la población inmigrante residente en Cataluña representa un 23% del total español, un peso muy superior a la población (16%) o el PIB (19%). Y esto se produce en un territorio con una cultura y una lengua propia que según todos los indicadores está en retroceso y que, por tanto, necesita una protección especial y muchos recursos para poder alfabetizar a toda la población.
Esta realidad por sí sola ya justifica que la Generalitat tenga más herramientas y recursos para gestionar este fenómeno. De hecho, ésta es una previsión que ya aparece en el actual Estatut, pero que nunca ha sido desplegada. Por ejemplo, el Estatut faculta a "participar en las decisiones del Estado sobre inmigración que tengan una trascendencia especial para Catalunya y, en particular, la participación en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros". Sin embargo, la sentencia del TC sobre el Estatut, como hizo con muchos otros artículos, limitó su alcance para aclarar que "la competencia en materia de entrada y residencia de extranjeros se inscribe en el ámbito de la inmigración y la extranjería, que son exclusivas del Estado".
Los redactores de la ley, pues, tendrán que enfrentarse a muchos obstáculos si de verdad se quiere dar un salto en el autogobierno en esta materia. Y también habrá que ver cuáles son los límites del PSOE, puesto que la experiencia demuestra que los socialistas son maestros en el arte de anunciar "acuerdos políticos" que después se aguan cuando toca aterrizarlos en la letra pequeña. En cualquier caso, este debate es una oportunidad para realizar un diagnóstico esmerado de las necesidades de Cataluña, huyendo del populismo pero también del buenismo, para poner negro sobre blanco un modelo de integración y cohesión social que tenga en cuenta las características específicas de una sociedad tan compleja y plural y tradicionalmente acogedora como la catalana.
