La Fiscalía alerta de una "proliferación escandalosa" de narcollanches

Barcelona"Una proliferación escandalosa". Con este adjetivo la Fiscalía define en su memoria anual el fenómeno de los narcollanches en el Estrecho de Gibraltar, un conflicto enquistado que en buena partet ha provocado que los narcollanxes suban a Cataluña por la presión policial que reciben en Andalucía. El ministerio público admite "la impotencia del Estado frente a unas redes criminales que deben ser inmediatamente desarticuladas". La mayoría de las veces vienen de Marruecos y casi siempre traen lo mismo: hachís.

El ministerio público pone el foco en la situación en el Estrecho y en Galicia y también califica de "alarmante" que las narcollanchas requisadas se acumulen en las comisarías y no se les pueda dar ninguna salida. ¿Por qué es alarmante? Porque ya ha habido más de un robo, según la Fiscalía. Aunque cada vez llegan más narcollanxes a Catalunya, el ministerio público no cree que éste sea el principal problema del territorio catalán. Sí lo es la marihuana: "Se constata su incansable aumento", afirma la memoria. Y no solo sube el cannabis: "En Barcelona preocupa extraordinariamente el crecimiento del narcotráfico en el puerto, que se refleja en un crecimiento alarmante del número de contenedores", alerta la Fiscalía.

Pero si hay un tipo de delito que crece en todo el Estado es el vinculado a las conductas de odio. Estos delitos se han triplicado en un año, de 166 a 501, lo que la Fiscalía se queja de que en la mayor parte de los territorios los sistemas informáticos de gestión no permiten categorizarlos como tales. La mayoría son por racismo y xenofobia, seguidos de las vejaciones por la orientación sexual y la identidad de género. La Fiscalía también deja constancia de "la repetición de actos contra jugadores de fútbol", o la existencia de episodios de conductas violentas de grupos radicales en los estadios o en Cercanías. Esto, según el ministerio público, requiere "una respuesta común y coordinada para frenar su escalada e impedir su reiteración".

Los menores en el entorno digital

La Fiscalía pone el foco en las drogas, los delitos de odio, pero también en el entorno digital y la vulnerabilidad de los menores en ese ámbito. El ministerio público señala los delitos a los que los menores se exponen –y que cada vez sufren, pero también ejercen, con mayor frecuencia– cuando hacen uso de las redes sociales, como el ciberabus, la sextorsión, el grooming, la usurpación de la identidad, el sexting o la pornovenganza. Ante esta realidad, el ministerio público –siguiendo la línea de otras iniciativas para hacer frente a esta problemática– propone retrasar la edad de acceso de los menores a las redes sociales sin supervisión. Alerta de que la edad de acceso de los más jóvenes a las redes se ha reducido de forma "alarmante", lo que hace que sean aún más vulnerables al entorno digital. Todo ello –puntualizan–, en un contexto en el que han aumentado los delitos cometidos a través de redes o aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram o WhatsApp.

Pero no sólo los menores se exponen a los delitos digitales. La Fiscalía señala las coacciones, amenazas, estafas informáticas y delitos contra la intimidad o la libertad sexual. Éstos son algunos de los crímenes a los que nos exponemos cuando hacemos uso de las tecnologías y, de acuerdo con la memoria anual, suponen "una de las primeras amenazas para la seguridad individual y colectiva en España". Por ello, el ministerio público insta a dar una respuesta "contundente" y castigar nuevas tipologías delictivas como el deepfake, es decir, la manipulación de imágenes y vídeos con inteligencia artificial para suplantar la identidad de otras personas.

Partiendo de esta base, el ministerio público expone que en el 2023 se ha detectado un aumento de delitos como las estafas, los ciberataques a infraestructuras, el ciberespionaje o la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Sin embargo, sobre todo alerta del auge en la comisión de nuevos tipos de delitos en el ámbito virtual. Se trata del ransomware, que consiste en el secuestro de datos con fines de extorsión; el deepfake, es decir, la manipulación de imágenes y vídeos con inteligencia artificial para suplantar la identidad de otras personas, o el criptojacking, que es la transacción ilegal de criptomonedas utilizando dispositivos de terceros.

En este sentido, advierte que el ciberdelito será cada vez más complejo porque se utilizará la IA para automatizar estas infracciones, vaticina que se producirán más ciberataques a gobiernos y empresas, y apunta que la ciberguerra y la desinformación a través de redes sociales son las grandes amenazas emergentes. Antes de que este escenario se materialice, propone reforzar la legislación, tipificar los nuevos delitos, fortalecer la ciberseguridad e impulsar la formación y cooperación judicial.