Hay varios temas en los que, como sociedad, fallamos estrepitosamente. Muchos lectores pensarán ahora en el cambio climático. Ciertamente entra dentro de mi definición de error político-social. Aun así, hoy me quiero centrar en otro de estos equívocos, que también compromete el futuro de nuestros hijos.
Hace unos días el ministro de Consumo, Alberto Garzón, anunció la intención del gobierno español de prohibir la publicidad de alimentos no saludables en horario infantil. Según los cálculos del ministro, esta nueva legislación se aprobará en 2022 y se aplicará a todos los anuncios dirigidos a menores de 16 años. Un objetivo importante de la iniciativa es hacer extensiva la prohibición a todos los medios de comunicación con una audiencia infantil importante en la franja de 0 a 15 años: televisión, radio, internet, cine, redes sociales, etc.
¿Y por qué pongo este tipo de acción en el grupo de políticas fallidas desde un punto de vista social? Pues por varias razones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2010 una serie de recomendaciones para reducir la exposición de los niños a la publicidad de productos con un alto contenido en grasas saturadas, azúcares y sal. En 2018 la misma institución publicaba una evaluación del seguimiento de estas recomendaciones con la pésima conclusión de que la mayoría de los 58 países de la región Europea de la OMS o bien no han tomado ninguna acción para avanzar en estas limitaciones, o bien las que han tomado tienen como base la autorregulación por parte de la industria alimentaria y de las agencias de publicidad (como en el caso español). Además, la mayoría de las (pocas) iniciativas se concentran en los medios de difusión más tradicionales (como la televisión) y dejan de lado todos los demás medios y redes de consumo infantil. No es extraño que la OMS concluya que el efecto de las políticas adoptadas hasta hoy es mínimo, puesto que no consiguen reducir la exposición de los niños a la publicidad de estos productos.
¿Es posible que los gobiernos no adopten estas limitaciones porque no exista evidencia científica concluyente sobre los efectos de la publicidad en el consumo infantil de estos productos? La respuesta es que sí que existe evidencia sólida y suficiente. Si bien las decisiones de consumo responden a una multiplicidad de factores individuales, familiares y de contexto social, las estrategias de promoción de la industria de la alimentación incentivan la compra y el consumo de productos con un alto contenido en grasas saturadas, azúcares y sal. Más concretamente, algunos estudios demuestran que aumenta la ingesta de estos productos inmediatamente después de la exposición al anuncio publicitario, lo cual, además, se traduce en menos consumo de productos más saludables (efecto sustitución). Esta cadena de acontecimientos, de manera repetida en el tiempo, deriva en un aumento del peso de los niños. La evidencia no solo existe en cuanto a la publicidad en medios tradicionales, sino que también se han documentado efectos similares cuando la exposición a la publicidad es a través de medios digitales.
Por lo tanto, la relación entre la exposición a la publicidad de este tipo de productos y el sobrepeso/obesidad infantil tiene suficiente base científica para justificar, al menos en el caso español, un endurecimiento de las actuales medidas basadas en la autorregulación del sector (código PAOS), que han demostrado ser claramente insuficientes. Así lo indican las altas cifras de sobrepeso y obesidad infantil en el Estado. Según el último informe ALADINO de 2019, la prevalencia del sobrepeso se sitúa en el 23,3% de la población de entre 6 y 9 años y la obesidad afecta el 17,3% de esta población. No solo los valores actuales son preocupantes, sino que se han mantenido estables, sin ningún progreso sustancial durante los últimos 6 años.
Investigadores del Reino Unido han evaluado el impacto de una propuesta similar lanzada por el gobierno británico, basada en la prohibición de la publicidad (en televisión) de productos con un alto contenido de grasas saturadas, azúcares o sal desde las 5.30 h hasta las 21 h. Los resultados de esta modelización apuntan a una disminución en la ingesta calórica diaria de 9,1 kcal para niños de entre 5 y 17 años, que se traduciría en una reducción del 4,6% en la obesidad y un 3,6% en el sobrepeso infantiles. Y esto legislando solo sobre televisión.
Los objetivos actuales del ministro Garzón son ambiciosos y nos situarían como uno de los países líderes en Europa en esta materia. A su vez, son muy necesarios si queremos conseguir reducir las cifras de sobrepeso y obesidad infantil actuales que, de rebote, se traducirán en mejoras en el estado de salud durante la etapa adulta y en reducir los costes, presentes y futuros, del sistema de salud público. Obviamente, el principal escollo para adoptar esta nueva legislación será la oposición, previsiblemente feroz, de la industria. En unos meses veremos si el gobierno más progresista de la historia consigue sacarla adelante.
