Son muchas –demasiadas– las familias que no pueden alimentar a sus hijos como es debido. El verano, momento de descanso y recreo para una gran mayoría, es también un periodo en el que el cierre de las escuelas, y los comedores escolares, hace que muchos niños no tengan garantizado en casa un consumo mínimo de proteínas a la semana. Pero el inicio del curso escolar a lo largo de las próximas semanas no asegura que esta situación se acabe.
Según el último informe de Educo, ONG de cooperación internacional para la infancia, solo un 11% de las familias tienen una ayuda o beca comedor en España –no necesariamente cubriendo todo el coste–. Además, son diversas las comunidades autónomas que han anunciado un aumento de los precios del comedor este curso escolar. En Catalunya, pasaremos de 6,3 a 6,5 euros por día y por alumno. Casi el doble de lo que se paga en regiones como Asturias o las Canarias. Las familias tendrán que sumar a la subida de la inflación de la comida en casa el aumento de las comidas en la escuela.
La diversidad entre comunidades no solo se observa en el precio, sino también en la cobertura. Si en el País Vasco todos los centros de educación primaria ofrecen servicio de comedor, y en Madrid, Catalunya o Cantabria son alrededor del 95%, en comunidades como Murcia, Castilla-La Mancha o Extremadura solo ofrecen la mitad de las escuelas. Por no hablar de Ceuta y Melilla, donde son minoría los centros que ofrecen un servicio de comedor. Esto quiere decir que en muchas regiones hay una gran cantidad de niños y niñas que no pueden acceder a un servicio tan básico. Y para las familias más pobres esta prestación es, además, una garantía de salud presente y futura de sus hijos. Aun así, sería un error reconfigurar los servicios de comedor solo como política social por política dirigida a los niños y niñas más vulnerables. Porque así, y tal como nos muestra la investigación en otras políticas sociales, lo que haríamos sería estigmatizar socialmente este servicio y hacer que se pierdan los muchos beneficios que aporta a todos los estudiantes, vengan de la familia que vengan.
Pasar el mediodía en la escuela, y alimentarse bien, es un derecho en la educación de todos los niños. Tenemos que ver el comedor no como un paréntesis en la jornada escolar, sino como un espacio más de la educación y el bienestar de los niños y niñas. Además, favorece una mejor conciliación a las familias y ayuda a inculcar mejores hábitos de estudio y de alimentación. En un país donde cada vez más niños pasan hambre, cada vez también hay más niños que sufren obesidad. En el estudio de Save the Children Adiós a la dieta mediterránea se observaba que el 28% de los menores en España tenían exceso de peso. Hoy en día, es más probable que mis hijos coman productos característicos de Catalunya, como pescado y verdura, en Suecia que en Barcelona, simplemente porque en los países nórdicos comen en la escuela, de forma gratuita.
Para entender la importancia de los comedores escolares, miramos los resultados de un estudio reciente llevado a cabo en EE.UU., analizando el programa Pandemic EBT. Es una prestación social para familias que consistía en ingresarles en una tarjeta de débito el dinero equivalente al almuerzo y la comida escolar mientras las escuelas estaban cerradas por el covid y que las familias podían usar en los supermercados. Este año, los meses de verano se han contabilizado también como cierre escolar, por lo cual los beneficiarios han podido seguir recibiendo este dinero. Los estados americanos que han aplicado esta política han visto como las familias afectadas por una insuficiencia alimentaria se reducían de manera significativa, en comparación con los que no. Es decir, un programa similar, no vinculado a la pandemia, y que compensara a las familias más vulnerables por las comidas que pierden los meses que la escuela está cerrada, podría tener beneficios que superarían con creces los costes.
Más allá de todas las pérdidas –de vidas, dinero y proyectos– que ha provocado el covid-19, también ha supuesto un campo de experimentos para las políticas sociales. Nos ha traído el ingreso mínimo vital (IMV) y ha puesto en evidencia la falta de políticas de conciliación en nuestro país. Programas como las tarjetas monedero para las familias beneficiarias de una beca comedor, que garantizó la Generalitat de Catalunya durante el estado de alarma, se podrían hacer extensivas a periodos en los que la escuela permanece cerrada. Como los fines de semana o los largos veranos. O podríamos ir más allá y preguntarnos si la mejor manera de garantizar el derecho en la educación pública, y la igualdad educativa y de oportunidades, no sería a través de la gratuidad del comedor escolar. En la escuela, el tenedor es tan importante como el lápiz.
