Més trabas judiciales (y políticas) para el diálogo
El encuentro entre los presidentes Pere Aragonès y Pedro Sánchez para retomar el diálogo político sobre la cuestión catalana llega acompañada el día antes de una doble estrujada judicial. A pesar de que el caso Borràs no tenga un origen en el proceso independentista (se trata de presuntas irregularidades administrativas de la actual presidenta del Parlamento cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes), está claro que el posicionamiento de la Fiscalía, muy duro, supone una interferencia. De hecho, Borràs y JxCat han interpretado siempre que es víctima de una persecución política, como ayer reiteraron. Aunque no lo vean así tanto la oposición como los otros partidos independentistas (ERC y la CUP), y tampoco Òmnium Cultural, que la sitúa como represaliada solo por el Catalangate, el caso es que la demanda de 6 años de prisión y 21 de inhabilitación hace subir un grado más la tensión. Por si no había quedado claro, pues, Aragonès no contará ni con la más mínima sintonía de sus socios de gobierno a la hora de afrontar las conversaciones y de encarrilar la mesa de diálogo.
La otra cuestión judicial de este jueves que también enrarece la cumbre de presidentes es la opinión emitida por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Jean Richard de la Tour, sobre las euroórdenes a los independentistas catalanes. A pesar de no ser una opinión vinculante, marca tendencia en la causa, reabriendo la puerta a la extradición del expresidente catalán exiliado en Bélgica, Carles Puigdemont. De la Tour cree que la justicia belga no puede rechazar una euroorden por el riesgo de vulnerar la presunción de inocencia –como hizo en el caso del exconseller Lluís Puig– si no se han demostrado las "deficiencias sistémicas y generalizadas" del sistema judicial español de acuerdo con "datos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados". A la vez, cree que los estados tampoco pueden pronunciarse sobre la competencia de quien emite la euroorden, como hizo la justicia belga, porque vulnera la "autonomía procesal" de los estados. Y además, asegura que el juez Pablo Llarena puede volver a emitir euroórdenes contra una misma persona en un mismo estado aunque ya haya rechazado la extradición si se ha hecho "contraviniendo el derecho de la UE".
La judicialización, pues, sigue interfiriendo en la pretensión, de por sí ya bastante complicada, de una resolución política dialogada del conflicto, una resolución dentro de la cual ahora mismo, en la hipótesis de un regreso forzado de los exiliados, la reforma del delito de sedición toma más sentido que nunca. Pero no solo el flanco judicial complica el encuentro de presidentes. En la clausura, también este jueves, del debate del estado de la nación, el PSOE ha rechazado una vez más hacer cualquier concesión al independentismo. No le hacía falta. Sánchez ha salido una vez más reforzado del debate con su giro a la izquierda y a pesar de las distancias con ERC. Así pues, Aragonès se presentará este viernes en la Moncloa con sus socios de gobierno irritados y con un Sánchez crecido. El diálogo empieza con un evidente desequilibrio de fuerzas.
