Las negociaciones para la investidura del próximo presidente del gobierno de España son, indudablemente, la mejor película del verano. Han abierto escenarios que parecían impensables y prometen ser una caja de sorpresas. Se mezcla la obligada discreción por parte de los negociadores con el evidente interés de todos los públicos, unos para aplaudir iniciativas y propuestas y otros para criticarlas.
El problema esencial en este tipo de negociaciones es garantizar que lo que se acuerde se cumpla. La esencia de las contrapartidas es temporalmente asimétrica: a cambio de unos votos que se producirán en el momento de la investidura se prometen unas políticas que tendrán que ir desarrollándose durante la legislatura. La tentación de incumplir por parte de quien ha recibido los votos y debe desplegar las políticas es muy grande.
Lo ejemplificaré con propuestas sobre las que se ha empezado a hablar. La principal la ha puesto Junts per Catalunya sobre la mesa: el referéndum de autodeterminación. Es una exigencia política potente, ambiciosa y muy desafiante para el estado español y también para el PSOE. Pero es compleja y larga tanto en el proceso como en la ejecución. Su concreción puede diluirse fácilmente y limitarse a una votación sobre elementos que solo resuelvan la parte estrictamente constitucional del derecho de autodeterminación. Si no hay otras oportunidades de condicionar la política de quien ha ganado la investidura, el compromiso puede acabar en nada. En cambio, la amnistía es una condición que parece más fácil garantizar que se cumpla al ser un acto que, pese a toda su complejidad jurídica, se ejecute en una sola decisión. Si se prepara bien el acuerdo, podrá ser una decisión del gobierno y una votación del Congreso, pero no más. La vigilancia de su cumplimiento parece más fácil. Las posibilidades de alterar, posponer o diluir el acuerdo se reducen.
Del peligro de la procrastinación por parte del PSOE es un ejemplo paradigmático una de las condiciones que se han mencionado por parte de ERC: la eliminación del déficit fiscal. El déficit fiscal es enorme y tiene, en su corazón, los beneficios de la capitalidad de Madrid. Resolverlo es incompatible con la existencia del estado español en sus actuales fronteras. Otra cosa es acabar con el déficit inversor, pero esa exigencia, que era nuclear en el Estatut del 2006 mediante la disposición adicional tercera, se ha incumplido ya desde hace muchos años. Por eso gana bastante la formulación del traspaso de Cercanías, que resolvería de repente, con su decisión, una parte sangrienta del déficit fiscal. Sin embargo, ya se ha prometido muchas veces y siempre ha quedado reducido a poco.
La reforma del modelo de financiación autonómica, otra parte del déficit fiscal, es un caso claro de tramitación compleja, que dará oportunidades de influencia a muchos otros actores (partidos, comunidades autónomas, administraciones, medios de comunicación, expertos, etc.). que pueden ir condicionando y distorsionando el acuerdo inicial del momento de la investidura y conseguir, finalmente, un resultado decepcionante. Que la ministra de Hacienda en funciones reconozca ahora la importancia, la necesidad y la urgencia de la reforma del modelo de financiación ya hace torcer el gesto. El propio gobierno del presidente Sánchez puede tener diseñada una reforma que acabe siendo muy distinta a la que tienen en la cabeza los negociadores por parte de ERC. El resultado puede acabar siendo un cambio menor. La reforma del 2009 debía corregir la infrafinanciación de la Generalitat, pero solo lo logró en el primer año. Ningún otro año se ha vuelto a cumplir. De la ordinalidad que debía preservarse ni se volvió a hablar.
Ocurre algo aún más extremo con otra condición que está circulando estos días: la cancelación de la deuda del FLA (el Fondo de Liquidez Autonómico, que es el titular de la mayor parte de la deuda de las comunidades autónomas). Cancelar el FLA y que la administración general del Estado lo asuma como responsabilidad propia es más fácil de ejecutar, y de vigilar su ejecución y detalles. En este caso también observamos que la reacción del actual gobierno en funciones es más propicia a aceptar la propuesta y que ve ángulos positivos. Parecería incluso que aunque no se pacte se producirá por el interés compartido de todos los partidos y administraciones.
Un caso de decisión fácil e inmediata, si así se pacta, y de significación política potente, es el uso del catalán, el vasco y el gallego en las instituciones representativas estatales –Congreso y Senado– y la obligación de los funcionarios estatales de atender a la ciudadanía en las lenguas cooficiales en las respectivas comunidades autónomas.
En última instancia, el temor de los partidos de obediencia catalana es que no se cumpla lo que se acuerde. Mejor acordar compromisos concretos en el contenido y tiempo. A pesar de la fama de “fenicios” de los catalanes, desgraciadamente los españoles son mejores negociando.
