La oportunidad de un modelo de financiación singular
El presidente Aragonés y la consellera Mas han presentado una trabajada propuesta de relación económica con España. La han llamado “Financiación singular. Propuesta de financiación justa para Cataluña”. Evidentemente, el gobierno del Estado se ha apresurado a decir que “ni hablar” y recordar que toda propuesta debe pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Partido Popular y los inspectores de Hacienda han hablado de inconstitucionalidad y la colección de reacciones contrarias de otras comunidades autónomas (CA) es indescriptible. Sobresale el enfado ofendido del candidato del PNV a las elecciones vascas que se realizarán el 12 de abril. Sabe mal que algunas reacciones catalanas sólo se hayan fijado en que era una propuesta que se anunciaba pensando en el inminente horizonte electoral catalán, a pesar de que el presidente de la Generalitat llevaba tiempo hablando de ello y que la propuesta, en sí misma, es sólida.
Si dejamos de lado todo el ruido propio de estar en período preelectoral, vale la pena prestar atención a la propuesta de financiación singular ya cómo superar las barreras para reducir el inmenso déficit fiscal catalán. Como algunos expertos han dicho de inmediato (ver Guillem López Casasnovas en este mismo diario el 18-3-2024) y yo mismo (en este diario 13-9-2023), es necesario ser conscientes de que la legalidad del cambio pasa por una reforma de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA) que incluya la “financiación singular” (o un adjetivo más adecuado) como una posibilidad abierta a todas las CCAA. Cabe recordar que la LOFCA puede cambiarse por mayoría absoluta, en una dirección o en la contraria, y que las representaciones parlamentarias vascas podrían ser hostiles por potenciales amenazas a su modelo. Esto sabe mal porque les cupos (cuotas) vascos han sido aprobados con amplias mayorías que siempre han tenido el apoyo de los partidos catalanes.
La parte más radical de la propuesta es transferir a la Generalitat la recaudación de todos los impuestos, por cesión de la gestión (no la titularidad) estatal. La resistencia a esa idea será gigantesca. También lo será la hostilidad en la visibilización de la aportación catalana a la solidaridad con las otras comunidades autónomas. Como es bien sabido esta solidaridad se niega siempre, salvo cuando existe alguna emergencia –por ejemplo la proximidad del 1 de Octubre del 2017– porque entonces toda la negación se convierte en reconocimiento íntegro de las cantidades que los actuales beneficiarios podrían perder. Las estimaciones de las balanzas fiscales, con los superávits que explicitan para la gran mayoría de CA, se convierten, repentinamente, en medidas precisas del beneficio económico que se podría dejar de recibir en caso de la independencia de Cataluña o de un modelo de financiación” egoísta”.
Conviene recordar que el déficit fiscal de Catalunya con el Estado tiene muchos orígenes, y que el modelo de financiación autonómica en sí mismo no es lo más importante, a pesar de serlo mucho. La esencia del déficit fiscal es la capitalidad de Madrid y su voracidad para apropiarse y alimentarse del incremento de funciones y tamaño del Estado. En segundo lugar, y sabe mal decirlo, es la excepción fiscal vasco-navarra, que permite que dos de las tres CCAA más ricas del Estado tengan importantes superávits fiscales. Han ido creciendo con los años y con las actualizaciones de cuotas, y ahora son ya una masa de recursos que desequilibra la financiación de las CCAA menos ricas. De la capitalidad madrileña y de la excepción vasca resulta que quien financia la solidaridad interterritorial es Cataluña.
El posible cambio de la relación económica de Cataluña con el Estado necesitará paciencia, persistencia y aprovechar las coyunturas favorables. De haberlos, los hay. Muchas elecciones al Congreso de los Diputados generan equilibrios de votos entre bloques opuestos que solo pueden resolver los partidos catalanes –pero a veces también se necesitan los partidos vascos–. Recordemos que las repeticiones electorales de 2016 y 2019 fueron hijas de la falta de voluntad de los partidos estatales de pactar nada con los partidos catalanes. Pero, con la aritmética en la mano, Catalunya puede ser siempre decisiva, salvo cuando hay una mayoría absoluta, como las del PP en el 2000 y el 2011. También la aprobación de muchas leyes –sobre todo la de Presupuestos– son ocasiones de negociación. Es bueno tener a punto un proyecto, como el de la financiación singular, para negociar apoyos parlamentarios en provecho de Cataluña. No se ha podido plantear desde hace muchos años, porque el Proceso ha cambiado las prioridades de los partidos estatales y de los partidos catalanes. Pero recordemos que la negociación de 1996 de CiU con el Partido Popular –el Pacto del Majestic– fue muy productiva y sólo la envidia política y la competencia electoral en Catalunya minimizaron su trascendencia. El paso del tiempo, en cambio, obliga a valorar todo lo que se logró. El espíritu, el talante, de 1996 es el que puede traer buenos resultados en un futuro que no sea muy distante.
