La otra PCR que Illa no querrá hacerse
Este domingo sabremos cómo queda el Parlament y, eventualmente, si la fragmentación lo permite, quién dirigirá el país los próximos años. Un país que seguirá marcado por la doble crisis sanitaria y económica del coronavirus y por la crisis del desencaje nacional. Ni la primera ni la segunda tienen fácil solución y las dos piden capacidad de liderazgo, de consenso y de diálogo. Del virus, como el resto del mundo, se va aprendiendo sobre la marcha, y no es nada obvio el equilibrio entre salud y economía. La salida de la pandemia será lenta e insegura. Ya veremos si en verano vienen los turistas y, por lo tanto, hasta qué punto tenemos una cierta normalidad social que nos permita recuperar el pulso en las empresas, los hogares, la calle, la educación y, por supuesto, en la sanidad. En todo caso, vacunas, PCR y mascarillas pasarán a formar parte de nuestras vidas durante mucho tiempo. Y la remontada económica y, por lo tanto, la lucha contra la exclusión social será complicada.
Pero hoy quiero hablar de la otra crisis, la propiamente política. El Procés (2010-2017) dio paso a una fuerte represión policial y judicial que hace tres años que dura, y a la desorientación de un independentismo herido en sus liderazgos y agriamente dividido. Un independentismo que no ha perdido mucho apoyo ciudadano, pero que permanece desorientado. Es probable que ahora vuelva a sumar una mayoría clara, que, aun así, seguramente será poco operativa, quizás incluso con un nuevo actor: el PDECat. La pluralidad siempre ha sido el arma de doble filo del catalanismo, en el que han convivido opciones de derecha (ahora PDECat), centroderecha (JxCat), centroizquierda (ERC) e izquierda (CUP). En el lado unionista existe la misma diversidad, pero más escorada a la derecha, como parece que confirmará la entrada de Vox en el Parc de la Ciutadella.
Lo que está en juego este 14-F es ver si hay suficiente voluntad para pasar página, pero no del soberanismo, como pretende el candidato socialista Salvador Illa –propiamente el Procés ya hace tres años que se acabó–, sino de la respuesta represiva del Estado, que es la etapa en la cual estamos, marcada por el espíritu revanchista del nacionalismo español. El hecho de que en Madrid haya una coalición de izquierdas tendría que permitir abrir un nuevo tiempo de diálogo y negociación. El previsible fortalecimiento del PSC en Catalunya en detrimento de Cs también tendría que ayudar. La responsabilidad y la oportunidad de la distensión la tienen los socialistas. Y, en el otro lado, les guste o no, encontrarán una mayoría independentista cuyo mínimo denominador común es el que describo como la otra PCR: Pro Catalan Referendum. De esta PCR, de entrada Illa tampoco querrá ni oír hablar. Pero es lo que hay.
Con todos los matices que se quiera, con la retórica más inflamada y reactiva de los unos o con las ganas de tener los pie en el suelo para seguir avanzando de los otros, todos los partidos independentistas van por la vía, como opción más deseable, de un referéndum acordado. También los comunes defienden esta salida que está, de hecho, en el origen del propio Procés: el derecho a decidir. Es la apuesta democrática amplia de la sociedad catalana. Ignorarla es seguir negando la realidad. Evitar darle una respuesta política, como ha hecho hasta ahora el Estado, delegando en la represión del poder judicial, es mantener el bloqueo y seguir envenenando la convivencia. El primer paso, reconocido por el propio vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, tendría que ser acabar con la anomalía de los presos y exiliados políticos, el voto de alguno de los cuales, por cierto, ha sido decisivo para la gobernabilidad de España.
La superación de la represión es lo que puede dar pie a un nuevo marco político que tarde o temprano desemboque en un referéndum acordado. Es el punto de encuentro. El resto es alargar la agonía, la bronca y la inestabilidad. En Catalunya y en España.
Ignasi Aragay es director adjunto del ARA
