Mientras usted lee estas líneas, Pedro Sánchez está reflexionando en la Moncloa sobre si debe continuar o dimitir. El lunes nos lo dirá, y mientras tanto nos tiene a todos atrapados, esperando el desenlace por la parte que nos toca, que en el caso de las elecciones catalanas es una parte decisiva porque, desde que publicó la carta, todo gira en torno a su posible renuncia a la presidencia.
El debate que plantea Sánchez es capital, pero llega tarde. El lawfare, o guerra judicial, y la fabricación de pruebas, llevan mucho tiempo funcionando en España como forma de destrucción de reputaciones. El dossier falso sobre Xavier Trias del 2014, difundido por El Mundo, fue redactado por un jefe de aduanas francés que cobró 25.000 euros en negro de los fondos reservados del ministerio del Interior español del ministro Fernández Díaz. La juez Carmen Lamela, tras tener dos años en prisión preventiva a Sandro Rosell sin poder probarle nada, fue promovida a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El juez García-Castellón dejó pasar 4 años hasta que, para impedir la amnistía de Puigdemont y Rovira, se le ocurrió acusarlos de terrorismo. Los presos políticos llegaron a ir a juicio por rebelión, acusación sobre la que la mayoría de medios construyeron un relato de "golpe de estado". El principio de autocontención de los jueces hace ya tiempo que ha quedado pulverizados. Y del de los políticos ya ni hablamos: si el PP de Casado ya le decía a Sánchez que era un presidente ilegítimo, ¿qué podía esperarse?
Para que la reflexión de Sánchez sea provechosa para la democracia, PSOE y PSC deben pasar de las lamentaciones y adhesiones irrompibles al líder a enfrentarse de verdad a la guerra sucia judicial, afecte a quien afecte.
