Primero salvar la vacunación, después el verano

La Comisión Europea sigue insistiendo en que de aquí a finales de junio más de la mitad de la población de la UE ya estará vacunada. La única manera de garantizar que el certificado digital de vacunación o anticuerpos, que se quiere poner en marcha de cara al verano para intentar recuperar la movilidad en la Unión, no sea discriminatorio es asegurar que las cifras de población inmunizada serán reales. Pero, de momento, con buena parte de Europa en plena tercera oleada de confinamientos pandémicos, el proceso de vacunación empieza a recordar el sálvese quien pueda del mes de abril pasado, con cada país intentando buscar la manera de garantizar las dosis necesarias para su población.

Los atrasos en el suministro de viales han dejado a la Comisión Europea en evidencia. Bruselas convenció a los estados miembros para coordinar las compras de vacunas y evitar las divisiones internas que marcaron los inicios de la pandemia. A cambio de reclamar más capacidad de control, sin embargo, la Comisión tenía que garantizar resultados. Pero la realidad está lejos del despliegue mediático inicial. Lo que se ganó en coordinación se perdió en agresividad negociadora –por eso AstraZeneca se escuda ahora diciendo que el gobierno británico cerró su compra de vacunas tres meses antes que la Unión Europea–. Además, tampoco se ha conseguido acabar con las asimetrías internas que, desde el inicio, marcan el impacto de la pandemia. 

Los gobiernos de Austria, Bulgaria, Croacia, la República Checa, Letonia y Eslovenia se han quejado por carta al Consejo y la Comisión de las “grandes disparidades” que hay en la distribución de las vacunas entre estados miembros, y reclaman una discusión a nivel de los Veintisiete. El ejecutivo comunitario se defiende diciendo que el sistema de reparto ha sido “transparente”, pero todo este caos ha acabado alimentando la idea, ya preexistente, de la Europa burocrática que no ha estado a la altura de la emergencia. El descontento ha ido creciendo en la Eurocámara y en algunas capitales. Hungría, Polonia, Eslovaquia o la República Checa han decidido ir a negociar, por su cuenta, la compra de vacunas a Rusia o China. Austria y Dinamarca han optado por asociarse con Israel en un fondo común de investigación y producción de vacunas.

Legitimidad democrática

El salto adelante que la UE había conseguido con la aprobación de los fondos pospandemia –y las consecuencias para la integración económica que conllevará– ha quedado dilapidado por el fracaso de la vacunación, que se atribuye directamente a Ursula von der Leyen. La presidenta de la Comisión quiso aprovechar la pandemia para expandir los poderes comunitarios en materia de sanidad, pero precisamente ha sido esta falta de competencias y de preparación interna la que ha acabado haciendo descarrilar el plan y la credibilidad de Von der Leyen. Una vez más, la Comisión vuelve a chocar con la misma piedra que la acaba erosionando a cada nueva crisis. La legitimidad del ejecutivo comunitario se fundamenta, sobre todo, en los resultados; en su capacidad de mejorar la vida de los europeos. La oportunidad del coronavirus no era recoger más competencias para Bruselas sino mejorar la capacidad de ejecución de políticas útiles para los ciudadanos. Si para ello se necesitan más competencias, habrá que defenderlo. Pero lo primero es estar a la altura de la urgencia sanitaria, económica y social.