La transformación del Tribunal de Cuentas
El 22 de julio del 2016 el Tribunal de Cuentas publicó un extenso informe en el que analizaba la acción exterior de las diferentes comunidades autónomas en el periodo 2011-2014. Visto con ojos actuales resulta muy interesante comprobar cómo aquel informe, al cual ha tenido acceso el ARA, no cuestionaba la acción exterior de las autonomías, incluida la de la Generalitat de Catalunya, y se limitaba a hacer recomendaciones en el sentido de reforzar las sinergias entre el Estado y las comunidades para evitar duplicidades o aumentar los controles.
En el caso de Catalunya, los auditores analizaban con profundidad cuatro líneas de subvenciones que dependían de ACCIÓ destinadas a la internacionalización de las empresas catalanas y a la atracción de talento. Una vez revisados una decena de expedientes de cada una de estas líneas, la conclusión es que no había ninguna irregularidad destacable que justificara ninguna sanción. ¿Y por qué? Pues porque precisamente este informe es un ejemplo de lo que sí que es competencia del Tribunal de Cuentas, que es comprobar si el dinero se ha gastado siguiendo los procedimientos que marca la legalidad. Y punto.
El contraste entre este informe y el que hemos conocido sobre Exteriores es abismal. Uno, del 2016, es una auditoría profesional, hecha por técnicos y en la que se analizan los expedientes de concesión de ayudas y subvenciones. En cambio, el del 2021 es un informe hecho por un tribunal político, en el que lo que se mira no son los procedimientos de gasto, sino lo que se dijo en actos o visitas institucionales y, basándose en un pronunciamiento concreto, se impugna todo el gasto. Es como una Inquisición que actúa de manera retroactiva vulnerando derechos como el de la libertad de expresión y creando un clima de terror y de inseguridad jurídica entre los afectados. La transformación ha sido total.
Con este sesgo político, el Tribunal de Cuentas también podría declarar ilegal el presupuesto del departamento de Educación (por adoctrinar los niños enseñando historia de Catalunya) o el del departamento de Cultura, o la financiación de los medios públicos. No es extraño, pues, que entre los funcionarios, y especialmente entre los interventores, que, por cierto, dependen en última instancia del ministerio de Hacienda, haya una cierta psicosis a la hora de dar luz verde a expedientes que un tribunal político podría, de manera retroactiva, considerar ilegales. Y es evidente que con esta acción se busca asustar a los trabajadores públicos y limitar al máximo la ambición política de la Generalitat para reducirla a una simple gestoría.
El Tribunal de Cuentas no es nadie para decir en qué se tiene que gastar el dinero público, porque no es de su incumbencia, que es solo comprobar que se sean los procedimientos administrativos correctos y que la acción pública no derive en un perjuicio económico para la administración. Y los interventores igual. Ahora el Tribunal de Cuentas pretende que los interventores de la Generalitat se conviertan en censores políticos, aplicando, además, el punto de vista de la derecha y adulterando de este modo el funcionamiento de la administración. Y eso es lo que ni la Generalitat ni el gobierno español pueden permitir.
