El lío judicial de las elecciones
BarcelonaEl lío judicial alrededor de las elecciones al Parlament es cada día más gordo. El TSJC ha decidido este jueves mantener de manera cautelar las elecciones el día 14 de febrero pese a las alegaciones de la Generalitat en contra de la suspensión del decreto de aplazamiento. Todavía no es una decisión definitiva, pero el tribunal sorprendió fijando el día 8 de febrero como fecha tope para sentenciar en una dirección u otra. Además, por una cuestión de plazos legales, el viernes 29 sería el primer día en el que podría decidir, ya con la campaña electoral en marcha.
El escenario que se dibuja para los próximos días es surrealista. La Generalitat está obligada a reactivar todos los procesos para asegurar la celebración de las elecciones el 14-F y los partidos tienen que empezar la campaña electoral de aquí a una semana sin saber si finalmente habrá elecciones. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya se prepara para dimitir antes del próximo viernes para cumplir con su promesa de dejar el cargo justo en el momento en que empezara la campaña. El PSC, pues, se puede encontrar con que en medio de la campaña el tribunal da la razón al Govern y da luz verde al aplazamiento de las elecciones hasta el 30 de mayo. ¿Qué pasaría entonces con el efecto Illa que prevé el CIS publicado este jueves?
Pero más allá de los efectos para los partidos, lo que no es aceptable es el lamentable espectáculo al cual está asistiendo la ciudadanía. ¿Cómo se lo montarán los partidos para animar a la participación a pesar de que las autoridades sanitarias han desaconsejado la celebración de las elecciones? ¿Cómo se evitará la impugnación del resultado electoral por parte de ciudadanos que consideren que se han vulnerado sus derechos cuando se les ha hecho elegir entre la salud y el voto? La situación es tan compleja e inaudita que ni siquiera los juristas saben cómo puede acabar todo esto.
Lo que es evidente es que, más allá de que la emergencia sanitaria aconseje posponer un acontecimiento que tiene un riesgo potencial de expandir los contagios, existe un peligro real de que si la justicia obliga a celebrar las elecciones el 14-F se sume un problema de críticas o dudas sobre la legitimidad. ¿Qué pasará si en un clima de pandemia descontrolada la participación baja por debajo del 50% o muchas mesas no se pueden constituir porque sus miembros no se presentan? ¿Qué pasa si se confirma que hay una abstención diferencial entre barrios por culpa del covid? ¿Qué pasa si la participación baja especialmente entre los mayores de 60 años?
Dicho esto, el Govern tiene que trabajar efectivamente para garantizar el voto a todo el mundo incluso en el supuesto de que las elecciones se tengan que celebrar el 14 de febrero. Acabe como acabe este vodevil, es muy importante que las elecciones se puedan hacer con el máximo de normalidad y con la máxima participación. Catalunya se encuentra en un cruce demasiado importante como para que el próximo Govern se encuentre con ruido añadido sobre la legitimidad de las elecciones en un momento en el que se tienen que afrontar enormes retos de futuro.
