El acuerdo por el catalán entra en la semana decisiva

BarcelonaEl tramo de escaleras que separa la planta principal del Parlament del registro de la cámara, ubicado en un piso superior, servirá esta semana para medir el consenso que genera la lengua en Catalunya. Son los peldaños que tendrán que subir los partidos para registrar la ley con la cual quieren combatir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que impone a las escuelas un 25% de las clases en castellano. Habrá que analizar qué incluye la norma, pero tanto o más importante será ver si este recorrido lo hacen juntos el PSC, ERC, Junts y los comuns, o si alguien se descuelga por el camino. Lo único que hoy por hoy está claro es que no tienen mucho más tiempo para negociar: el 31 de mayo se acaba el plazo para ejecutar la sentencia. Todos coinciden en que esta semana será clave, empezando por este mismo lunes.

Los últimos días se han caracterizado por las negociaciones frenéticas a cuatro bandas. El intercambio de documentos, propuestas y contrapropuestas ha sido constante. La última versión que ha podido ver el ARA buscaba contentar a las dos partes que se encuentran situadas más en los extremos de las conversaciones y que, por lo tanto, podrían tener más incentivos para desmarcarse del acuerdo: el PSC y Junts. Por un lado, el texto evita no explicita el rechazo a la aplicación de porcentajes en la enseñanza –el famoso 25%– y se utiliza una forma más ambigua, puesto que los socialistas no quieren plantear un pulso tan evidente con la justicia –"Las sentencias se tienen que cumplir", dicen a menudo–. Por otro, el proyecto de ley sitúa la conselleria de Educación de González-Cambray en el centro de la responsabilidad legal para combatir la sentencia, una idea que lleva el sello de JxCat.

En los actos políticos del fin de semana, la lengua ha sido la principal protagonista. Con una amplia gama de matices, los mensajes van desde los que ven posible el acuerdo –entre ellos los presidentes de la Generalitat y del Parlament, Pere Aragonès y Laura Borràs– hasta las críticas cruzadas. Lo único que ha sido una constante en todo el mundo ha sido el hermetismo sobre la negociación. Este domingo, Jordi Turull (JxCat) y Jéssica Albiach (comuns) no han podido ser más explícitos en cuanto a sus estados de ánimo. El primero ha asegurado que es "optimista" de cara a llegar a un acuerdo "sin renuncias", mientras que la segunda se ha atrevido incluso a poner fecha: este lunes.

La cuestión es que el pacto no puede ir mucho más allá, puesto que, si algún partido contrario al acuerdo quiere impugnarlo en el Consell de Garanties Estatutàries, esto paralizaría una semana la votación de la ley en el Parlament a la espera del dictamen de este órgano consultivo. Y si una cosa tienen clara los equipos negociadores es que no se puede ir más allá del 31 de mayo. El lunes también es un día clave porque se reúnen las ejecutivas de todos los partidos. Allí será donde cada formación socializará las negociaciones de puertas adentro y el contenido de la ley. Se tendrá que estar especialmente pendiente de la de Junts per Catalunya, como mínimo si se tiene en cuenta el último precedente. Los mismos cuatro actores negociaron y anunciaron un acuerdo sobre el catalán el 24 de marzo, y el partido de Puigdemont acabó echándose atrás.

El decreto

Todos los focos están puestos en la negociación de la ley, pero no se tiene que olvidar que también se está elaborando un decreto ley que promueve el Govern sobre la misma cuestión: cómo defenderse de la sentencia del TSJC. A diferencia de la ley, el decreto genera menos problemas porque el PSC ya tiene decidido no apoyarlo. Esto ha permitido a ERC y JxCat elevar la contundencia de sus planteamientos y, en este redactado sí, hacer explícito que se rechaza el 25% en castellano. Incluso en este caso se ve posible incorporar el voto de la CUP, que se ha mostrado muy crítica en todo momento con la posición del Govern en este ámbito. En la última versión del decreto a la cual ha tenido acceso el ARA, se recoge que uno de los criterios de la enseñanza en Catalunya se basa en "la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas".

El decreto se tiene que aprobar en el Govern y, como la ley, también podría ser impugnado y, por lo tanto, frenado en este caso durante dos semanas como máximo. Desde el Palau de la Generalitat se valoraba hacer un consejo ejecutivo extraordinario el lunes para validarlo de manera inminente o esperar a martes en la reunión ordinaria. Sea como fuere, no irá mucho más allá. En definitiva, em conjunto es una jugada de orfebrería por la vertiente jurídica para que todos los partidos salgan satisfechos en la vertiente política. Si sale bien, unos blandirán con más fuerza el decreto y otros la ley, pero todo quedará aprobado y el consenso quedará salvado.

Las incógnitas

Si hay pacto, tanto el decreto como la ley tendrán que ser votados por el Parlament de manera inminente. Si nadie los impugna, en el pleno del miércoles y jueves de esta semana, se tendrá que esperar al dictamen del Consell de Garanties –que no es vinculante– y se tendrá que convocar un pleno extraordinario la semana que viene.

Todos los actores implicados en la negociación tienen clara una cosa: cuando se produzca la votación del Parlament, solo será el principio del combate contra la cuota del 25%. Habrá que ver si el TSJC le parece una respuesta adecuada a la ejecución de la sentencia y, además, las entidades contrarias a la inmersión seguro que presentarán batalla. En definitiva, se abrirá con toda probabilidad un conflicto entre el que dice el TSJC en la sentencia y lo que apruebe el Parlament, cuyas normas solo se pueden recurrir al Tribunal Constitucional (TC). Y es en el Constitucional donde el Govern confía en poder derrotar definitivamente los porcentajes en la escuela, a pesar de que fue precisamente allí donde todo empezó con la sentencia contra el Estatut. Para esta batalla, sin embargo, todavía queda mucho.