Cs denuncia por malversación al Govern y a la junta del ICF por los avales en el Tribunal de Cuentas

BarcelonaLa decisión que fuera el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) quién presentara los avales para las fianzas de la causa de Exteriores abierta por el Tribunal de Cuentas ha generado en los últimos días ruido en el Govern y en la misma junta de la entidad financiera. El motivo era el miedo que situar al ICF en medio de esta operación pudiera comportar consecuencias penales para sus integrantes y para miembros de la Generalitat. No era un miedo infundado: este viernes, dos días después de que el ICF tomara la decisión de presentar los avales, Cs ha formalizado una denuncia por malversación y prevaricación ante la Fiscalía Superior de Catalunya. El destinatario es el ejecutivo catalán, pero también los miembros de la junta de gobierno de la entidad financiera.

Los naranjas han formalizado la denuncia esta mañana en las oficinas de la Fiscalía Superior de Catalunya. Según el líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, la concesión de estos avales supone un "absoluto desprecio" por las funciones reales del ICF, que tendrían que ser "ayudar a las empresas y promover el crédito" y no a 34 excargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas. Así pues, para Ciudadanos es una "absoluta ilegalidad" dedicar estos avales a ayudar a un grupo de personas que, a la vez, también están siendo investigadas por malversar dinero público. "Esto sería un escándalo en cualquier país democrático", ha proclamado. En el escrito de la denuncia se considera que todo ello es una "grosera maniobra" que intenta "perpetuar el daño patrimonial" en la Generalitat.

Carrizosa ha hecho una referencia explícita al presidente del ICF, Albert Castellanos, y ha recordado que también es miembro de ERC. El voto de Castellanos sirvió para desempatar la votación y dar luz verde a la presentación de los avales. Carrizosa ha avisado que, aparte de haberlo denunciado a la justicia, también le citarán para que comparezca en el Parlament. La denuncia no especifica a qué miembros del Govern o de la junta de la ICF va dirigida esta acción judicial, pero Carrizosa ha asegurado que los consejeros del ICF que votaron en contra "se liberarán de las consecuencias".

Cs es por ahora el único partido que ha tomado esta decisión. Por coherencia con lo que han expresado los últimos días públicamente, el PP y Vox podrían ser los siguientes en hacerlo. Quien no se lo plantea por ahora es el PSC. Los socialistas han dicho en más de una ocasión que quieren esperar que el Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano consultivo de la Generalitat, se pronuncie sobre si es legal o no la operación. La Moncloa, también socialista, espera y mira, y tampoco ha tomado una decisión.

Nuevas muestras de rechazo

Este viernes ha habido nuevas muestras de rechazo del independentismo contra la causa abierta por el Tribunal de Cuentas. La más destacada es la de uno de los encausados, el exvicepresident de la Generalitat y presidente de ERC, Oriol Junqueras. En una entrevista con la agencia Efe ha acusado al PP de utilizar el Tribunal de Cuentas como un "órgano político" que busca "perseguir rivales políticos". "Su objetivo es embargar nuestras casas, que son las casas donde viven nuestros hijos", ha denunciado.

El argumento del líder republicano es que el tribunal está formado por algunos cargos muy estrechamente vinculados con el partido que ahora lidera Pablo Casado. Por ejemplo, Margarita Mariscal de Gante, la exministra de Justicia en tiempo de José María Aznar, o Manuel Aznar, directamente el hermano del expresidente popular. "No es un tribunal, es un órgano político formato por políticos en retirada nombrados por sus méritos a la hora de servir los intereses de los partidos que les nombran", protesta el republicano. También ha defendido que los avales del ICF son legales porque "protegir la actuación legítima de los trabajadores de una institución pública siempre es bueno".

También ha hablado la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que para cargar contra el tribunal se ha remontado a 1936: "Aplica clichés y pautas de funcionamiento como los que se aplicaron al final de la Guerra Civil contra los republicanos en Catalunya". En definitiva, según ella se busca la ruina económica de los encausados hasta provocarles "la muerte civil".

Las intervenciones de Junqueras y Borràs también han servido para evidenciar que, por ahora, los dos socios de Govern han enterrado el hacha de guerra. Ninguno de los dos ha querido reabrir la polémica que enfrentó a los dos partidos martes y miércoles sobre si hacía falta o no recurrir al ICF. Borràs sí que ha criticado de nuevo la judicialización del movimiento y ha lamentado que esto obliga a trabajar con "miedo" a muchos servidores públicos, que inevitablemente actúan con "autocensura".