Ultimátum de Junts y ERC en los gobiernos de Sánchez e Isla

Madrid / BarcelonaLos gobiernos de Pedro Sánchez y Salvador Illa tienen, al menos, algo en común: ambos dependen de unos socios parlamentarios que aprovecharán las negociaciones para los presupuestos para moverlos en cuestiones clave, como la financiación, el catalán en Europa y el traspaso a la Generalidad de las competencias en inmigración. Juntos lo ha hecho este miércoles en el Congreso con Sánchez después de exigirle que se someta a una cuestión de confianza. Los junteros presionan mientras ponen en duda que se puedan llegar a aprobar unas cuentas para 2025. "No se han puesto en contacto con nosotros para hablar de presupuestos. Dudo de que nos pongan sobre la mesa esta carpeta", ha relatado la portavoz de Juntos en el Congreso, Míriam Nogueras, en una atención a los medios. Del mismo modo, ERC lo ha hecho en el Parlament con el presidente socialista catalán con un tema que ha levantado polvareda en la cámara catalana durante la sesión de control: la integración de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el sistema de emergencias del 112 .

"Lo que hemos hecho nosotros es lo que nadie más se atreve a hacer, que es exigirles a ustedes que muevan el culo y hagan la trabajo que deben hacer en Cataluña". Nogueras trasladó así el aviso que formuló el lunes Carles Puigdemont en el primer cara a cara con el presidente español tras la petición de los junteros. En la sesión de control, Nogueras no ha mencionado este examen parlamentario planteado por el líder de Junts. "¿Sabe por qué somos exigentes y lo vamos a seguir siendo? Porque el presidente de la Generalitat ha decidido no serlo [...] y porque hay algunos de aquí que para defender bloques ideológicos españoles han renunciado a defender a Catalunya" , ha dicho, atacando también a ERC.

El jefe del ejecutivo español ha respondido que "el gobierno de España cumple con sus acuerdos" y alargará la mano "a todos los grupos" para alcanzarlos. "El gobierno de España cumplirá con los compromisos que son públicos y transparentes, firmados en mi investidura", ha garantizado Sánchez, quien tampoco ha mencionado la cuestión de confianza, aunque la Moncloa ya la descartó hace dos días. Fuentes del gobierno español reconocen que todavía no han hablado de presupuestos con Junts, pero sí con otros grupos como el PNV. Sin embargo, niegan que los puentes estén rotos porque tienen negociaciones sobre otros asuntos pendientes con los junteros, como el traspaso de competencias en inmigración.

"Señora Nogueras, claro que Sánchez no es de fiar. Claro que les ha engañado y les seguirá engañando", ha aprovechado para decir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no ha tendido la mano a los junteros como había hecho otras veces. Sin embargo, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se mostró "absolutamente convencido" de que "Juntos hará tarde o temprano presidente Feijóo". "Aquí ya hay una mayoría de derechas, lo que ocurre es que Junts no se atreve a dar el paso, pero se atreverá", vaticinó.

Mientras tanto, el PNV ha complicado otro de los flancos del presidente español borrandose de la negociación del impuesto a las energéticas que reclama la izquierda, y ha decidido no presentarse a la reunión de esta tarde por abordarlo. Tampoco ha ido Junts, que desde el primer minuto se opuso a mantener el impuesto con el actual diseño, por lo que ha quedado fuera de la reforma fiscal. Sin embargo, Podemos, ERC, el BNG y EH Bildu condicionaron su apoyo a esta reforma a la que exista este gravamen, al menos un año más. Desde el ministerio de Hacienda asumen que para llegar a un entendimiento con todo el mundo será necesario que la nueva figura vaya acompañada de fuertes deducciones. Teniendo en cuenta que cae este 31 de diciembre, fuentes de Hacienda no descartan una prórroga del impuesto a través de un decreto por tener un mes de margen para negociar (el tiempo máximo que puede pasar entre la aprobación del impuesto al consejo de ministros y su convalidación en el Congreso), informa Núria Rius.

ERC presiona por el 112

Salvador Illa llegaba este miércoles al Parlament después de que Junts, ERC, los comunes y la CUP cerraran filas para exigirle la comparecencia –la próxima semana– para explicar los acuerdos de la Junta de Seguridad que, entre otros, aplazan la incorporación de los Mossos a la seguridad de puertos y aeropuertos y añaden los cuerpos de seguridad del Estado a la gestión del servicio de emergencias de Catalunya. El presidente no se ha ahorrado los reproches desde la bancada independentista, que considera que no ha hecho valer a los Mossos como policía integral frente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Pero ha sido ERC, socio clave para el gobierno socialista, quien ha ido un paso más allá: "Reviertan el despropósito o no cuenten con nosotros", ha dicho su líder parlamentario, Josep Maria Jové. Poco después, los republicanos llevaban el torcebrazo a la votación de un decreto ley del Gobierno para mantener el tramo superior del impuesto del patrimonio mientras dure el impuesto a las grandes fortunas estatales para que la reptación de este tributo se quede en Cataluña: "No vamos a apoyarlo, aunque da continuidad un decreto de ERC", ha anunciado el diputado de ERC Albert Salvadó, aunque ha salido adelante gracias también a la abstención de Junts. Este gesto es, según los republicanos, un "toque de atención" del que el Gobierno debe tomar nota cara a futuras negociaciones. Por ejemplo, la de presupuestos. Fuentes de Economía concretan que la consellera, Alícia Romero, había sido avisada de ese posicionamiento.

En cuanto a los acuerdos que afectan al 112, el ejecutivo catalán ha salido en defensa de los acuerdos con el ministerio que pilota Grande-Marlaska. "Los Mossos son la policía integral de Catalunya, lo tengo claro yo y mi Govern", ha dicho Illa en respuesta a la CUP, que también le ha acusado de entregar competencias siguiendo los "deseos" de Grande-Marlaska. Por su parte, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha negado que el Govern haya renunciado a ninguna competencia para los Mossos.

El acuerdo de la Junta de Seguridad tiene su origen en un acuerdo que se cerró bajo el gobierno de Carles Puigdemont en 2017 -y que posteriormente trabajaron los gobiernos de Quim Torra y Pere Aragonès-, pero Isla no ha querido poner el dedo en la llaga y, ante las críticas, se ha limitado a decir que da "continuidad" a la labor de gobiernos anteriores. Lo mismo le recordó Parlon al diputado de Junts Josep Rius, que acusó a los socialistas de querer "desintegrar" a los Mossos. De hecho, Rius ha negado que la incorporación de la policía en el 112 se impulsara desde el gobierno de Puigdemont: "No se acordó, sólo se puso encima de la mesa como posibilidad", ha dicho.