Si no pactamos, al menos os ilegalizo

MadridTal y como van las cosas, es probable que en un futuro muy próximo para ser diputado o senador se exija un curso previo de hipocresía. "¿Usted sabe mentir?", te preguntarán. Y si dices que no, quedarás eliminado. "Usted no puede formar parte de esta institución –te explicarán– porque aquí somos gente seria y cuando conviene sabemos no decir la verdad". Podrás pedir amparo al Tribunal de Garantías, pero seguramente el recurso no será ni siquiera admitido a trámite por falta de relevancia constitucional. "Lo que usted está haciendo no es defender un derecho fundamental –te dirán–, lo que usted quiere con su maniobra es poner en riesgo el derecho a ser engañado, que sí es esencial para todos los ciudadanos, como garantía de la convivencia". Y ya no sé qué puede pasar si intentas encender la última cerilla y te vas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), porque vete a saber si en aquellos momentos la extrema derecha ya habrá conseguido colonizarlo todo y el derecho a la inmoralidad se habrá impuesto, de modo que la distinción más prestigiosa del año sea la Gran Cruz de la Toma de Pelo, con distintivo azul o rojo, según quien lo haya provocado.

Ya me perdonará esta introducción, pero es que estos días me he quedado relativamente sorprendido con buena parte de las declaraciones de dirigentes del PP y Vox y sus esfuerzos por demostrar la supuesta coherencia de las propuestas para disolver a los partidos independentistas si incurren en “deslealtad constitucional”. Tanto criticar a Pedro Sánchez por su capacidad de dar lecciones a los camaleones sobre el arte de cambiar de opinión de la noche a la mañana en la política, y ahora resulta que el PP demuestra habilidades parecidas por conveniencia. A Vox no se le puede reprochar que cambie inopinadamente de criterio. En su caso lo más curioso es su eficacia y su crueldad a la hora de criticar al PP, partido que ahora quiere enseñar los dientes a los partidos independentistas después de haber contactado el pasado verano para ver si estarían dispuestos a secundar la investidura de Feijóo y en qué condiciones.

Lo que motiva todas estas maniobras, claro está, tiene que ver con la proximidad del debate sobre el articulado de la proposición de ley de amnistía. Los populares se han pasado en los últimos meses evitando apoyar las iniciativas de Vox dirigidas a que el Congreso o el Senado aprobaran alguna norma favorable a la ilegalización de los partidos que reivindican la independencia de los territorios donde actúan, que no son sólo ERC y Junts. En realidad, en ningún momento –y tampoco ahora– ha existido la menor posibilidad de que una propuesta de este tipo tuviera recorrido. La actual mayoría parlamentaria goza a veces con su precariedad, pero todavía no ha entrado en fase de tendencias suicidas. Las propuestas radicales de Vox han servido para constatar las dificultades del PP para afianzarse en el resbaladizo terreno poselectoral, una vez Pedro Sánchez volvió a ser investido ya ejercer con plenas competencias como presidente del gobierno. En este contexto quedan muy lejos las manifestaciones que hizo el vicesecretario popular Esteban González Pons, cuando el pasado verano dijo de Junts que “es un partido cuya tradición y legalidad no están en duda”.

Resulta curioso como los partidos adaptan sus convicciones a las exigencias de la realidad de cada momento. ¿Cuándo era más sincero el PP, cuando decía que los beneficiarios de la indignidad de la ley de amnistía habían demostrado ser unos golpistas o cuando quedó con sus representantes para tomar un cafetón en agosto? ¿O quizás ahora, cuando dice que cuando pusieron en marcha el Proceso aquellos dirigentes incurrieron en una conducta que hay que volver a tipificar como delictiva y susceptible de dar paso a un procedimiento de disolución de la organización, lo que significaría obviamente su desaparición de todo tipo de instituciones? Para responder a estas preguntas no es necesario recurrir a grandes planteamientos existenciales o filosóficos. Basta con analizar la coyuntura. Ahora que el partido filial, Vox, se radicaliza para marcar perfil y la casa madre debe esconder de nuevo sus productos sin alcohol y sin azúcar para volver a recuperar las esencias primigenias. Quienes siempre hemos pensado que la Constitución –pese a sus lagunas e imperfecciones– es una garantía para todos, podemos contemplar con cierta tranquilidad las exageraciones –y los disparates– que se proponen con la supuesta intención de preservarla.

Sin peligro

He utilizado la palabra tranquilidad con un cierto conocimiento de causa. Por lo que se refiere a la proclamación del pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico, junto a la libertad, la vigencia de la Constitución no está en peligro. Y tampoco creo que las organizaciones de la actual mayoría parlamentaria se planteen cambios en la ley de partidos. De hecho, a la hora de la verdad ni siquiera querría el PP. Lo digo porque los populares son perfectamente conscientes de que algún día pueden necesitar no ya los votos –que es el principal– de las formaciones periféricas, sino porque también saben la necesidad que tienen de recuperar credibilidad en determinados territorios, entre ellos y muy concretamente en Cataluña . Por eso Feijóo trató de utilizar argumentos afectivos en sus primeros viajes a Barcelona, ​​sobre la lengua, hasta que la espiral de radicalidad y la dieta basada en el consumo de fruta –recordad Ayuso– se lo tragaron.

Ante el nuevo ciclo electoral –que empieza en las gallegas y continuará con las europeas, vascas y quizá catalanas–, vuelven a ponerse en evidencia las angustias del PP para definir una estrategia ganadora en el conjunto de España. Sigue ocurriendo lo mismo en relación con la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y la propuesta de regular nuevas posibilidades de disolución de partidos por deslealtad en la Constitución es una manifestación más de los problemas del centroderecha y la ultraderecha. Y a ver qué ocurre con el decreto ley de las medidas anticrisis, después de que Junts haya anunciado su voto en contra si no se modifica en aspectos esenciales. Este debate implica también al PP, porque entre otras cosas habría que evitar el espectáculo que se ofreció con la votación de la reforma laboral, pronto cumplirá dos años.