¿Quiénes son los cargos a los que Pradas y Argüeso culpan de la gestión de la DANA?

ValenciaCulpar a los subordinados. Esta vieja y, a menudo, efectiva estrategia judicial es la que han puesto en marcha la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso con el objetivo de evitar una condena por no avisar a tiempo y adecuadamente la ciudadanía el pasado 29 de octubre cuando la DANA segó la vida de 228 personas sólo en la Comunidad Valenciana.

A estas alturas, los dos ex altos cargos del Partido Popular ya han señalado a cinco supuestos responsables. Se trata del recientemente jubilado jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHX), Miguel Polo; el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez; la jefa del servicio de Coordinación de Emergencias, Inmaculada Piles, y la responsable de comunicación de este departamento, Aurora Roca. De todos ellos, Pradas y Argüeso culpan especialmente a los dos primeros, hasta el punto de que el exsecretario autonómico ha pedido su imputación. Para el resto ha solicitado que declaren como testigos.

El más criticado es Miguel Polo. Le reprochan que no informara al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la situación del barranco de Poio. También, que no alertara de que a las 18.43 h el organismo había enviado un correo electrónico que advertía del fuerte crecimiento del caudal de la rambla tras permanecer dos horas sin remitir ningún aviso. Se trata del ya famoso apagón informativo denunciado por el PP. La CHX alega que, pese a ese vacío, la información era accesible en su web para cualquier ciudadano y para Emergencias a través de una aplicación específica.

En el segundo lugar del listado de supuestos responsables de la presunta falta de información según Pradas y Argüeso, encontramos a José Miguel Basset. A él le recriminan que su departamento retirara a las 14.30 h los bomberos que vigilaban el barranco de Poio. Se trata de una medida de la que el ex secretario autonómico aseguró que se enteró "dos semanas después". Inicialmente, el exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia justificó la decisión porque el caudal bajó y los trabajadores querían comer. Posteriormente, pidió disculpas por estas palabras y explicó que la medida se tomó "exclusivamente por criterios técnicos". "Fue una decisión operativa tomada porque en ese momento el caudal no representaba un riesgo importante y la tendencia era claramente descendente", aclaró.

En la petición de imputaciones de Emilio Argüeso, no se incluye la de Jorge Suárez, aunque en su declaración ante la magistrada le culpó por no informar de las llamadas de alarma que se recibían en la sala del 112. Hasta 2.438 llamadas sólo entre las 17 hy las 18 h. "Dijo que no había que tener en cuenta las llamadas telefónicas porque de un único accidente de circulación pueden llamar a cincuenta personas", adujo. A diferencia de Polo y Basset, Suárez –que dirige el 112– pertenece al departamento de Emergencias de la Generalitat que dirigía Argüeso.

Completan el listado de señalados dos mujeres. La primera es Inmaculada Piles, a quien sus dos ex jefes también responsabilizan del hecho de que el Cecopio no recibiera "ninguna información" sobre las llamadas telefónicas al 112. La segunda es la periodista Aurora Roca, a la que reprochan que "era la responsable" de informar a los medios de comunicación de lo que se decide. cuyas situaciones dramáticas diarios, televisiones y radios se hacían eco y que los máximos representantes del Cecopio afirman que desconocieron hasta que ya era tarde.