La Iglesia deberá indemnizar a las víctimas de abusos: "No se entendería que no fuera así"

BarcelonaEspaña ha aprobado este martes un plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, también en los casos que hayan prescrito penalmente. Siguiendo las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo, la idea es que sea la Conferencia Episcopal (CEE) quien les repare económicamente el daño, y, según el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el ejecutivo ya está en conversaciones con ellos para que así sea. "[La Iglesia] tiene voluntad de colaborar. [...] No se entendería que no fuera así", ha afirmado el ministro, y ha subrayado que en el resto de Europa y Estados Unidos las instituciones religiosas han asumido las compensaciones en estos casos.

En caso de que la CEE se negara a hacerlo –inicialmente dijo que sólo colaboraría en un fondo estatal si se dirigía a todas las víctimas de pederastia, no sólo las de la Iglesia–, el plan estatal prevería la apertura de un proceso administrativo que reconozca el daño y una posible colaboración entre el Estado y las comunidades para su indemnización. Ahora bien, y más allá de las compensaciones económicas, el plan incluye varias acciones a lo largo de cinco ejes de actuación, no sólo para reparar el daño, sino prevenir nuevos casos, ha dicho Bolaños.

El primero es el de reparación y reconocimiento público de las víctimas, que prevé la celebración de un acto de estado con víctimas y familiares que supondrá una reparación simbólica. El segundo eje está dedicado a la asistencia a las víctimas y se prevé la atención gratuita a aquellas que lo soliciten, así como "entornos seguros" con salas "amigables" para las declaraciones, que eviten cualquier contacto con el agresor.

En el tercer eje, el de prevención, se establece la modificación del decreto de inspecciones educativas en las escuelas para crear una nueva figura, la de los coordinadores de bienestar y protección de los niños. El plan contempla, en el cuarto eje, acciones de sensibilización y formación a todos los profesionales que tienen relación con menores y va más allá de los docentes, incluyendo figuras como los jueces. Por último, se prevé la ejecución de un estudio sobre la prevalencia de violencia hacia la infancia en todo el Estado.

El plan, que estará vigente hasta diciembre de 2027, es una respuesta a las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Según los datos de encuestas con testigos, de los casos registrados oficialmente y de los archivos de la Iglesia, se estima que más de 400.000 personas (el 1,13% de la población) habrían sufrido abusos, la mitad de los cuales por parte miembros de la orden religiosa. "Queremos dar respuesta a estas recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo para prevenir, para reparar y para intentar saldar esa deuda que tiene nuestra sociedad y nuestra democracia con las víctimas de estos abusos sexuales", aseguró Bolaños en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.

El objetivo de este plan es garantizar una respuesta a las víctimas que han quedado fuera del circuito judicial, por ser casos muy antiguos, por estar prescritos o porque no se pudieron aportar pruebas suficientes. "Adoptaremos medidas para ampliar los plazos de prescripción de la responsabilidad civil hasta los 35 años o evitar que algunos delitos prescriban", añadió el ministro. El informe del Defensor del Pueblo se presentó el pasado octubre y Bolaños ha calificado las conclusiones de "contundentes y claras", si bien ha recordado que la respuesta de las diferentes diócesis ha sido muy "disparo": "Desde la col colaboración plena a no querer [hacerlo] de ninguna de las maneras", ha añadido.

La Iglesia lamenta el tono "condenatorio" del plan

La propuesta del gobierno español llega después de que la semana pasada Bolaños se reuniera con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Arguello, con quien trató el plan por las víctimas. Este martes, en un comunicado, la CEE ha lamentado el tono "condenatorio" y "discriminatorio" del plan. "El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio del Estado. Al centrarse sólo en la Iglesia católica, sólo aborda una parte del problema. Es un análisis parcial y esconde un problema social de enormes dimensiones", denuncian los obispos.

Desde la CEE también aseguran que ya están ejerciendo buena parte de las líneas de actuación y acompañamiento que defiende el ejecutivo y dicen que el plan deja fuera de las indemnizaciones a las víctimas de abusos que se han producido fuera de la Iglesia. "Dejarían fuera nueve de cada diez víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales", aseguraron.

Cambios en el certificado de delitos sexuales

En la misma rueda de prensa, Bolaños también ha anunciado varios cambios en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que pasará a llamarse "Registro Central de Delincuentes Sexuales y Tráfico de Humanos". Se trata de una base de datos gratuita (pero no pública), en la que cada uno puede pedir un informe de antecedentes de abusos a menores, necesario en el momento de trabajar con menores. El primer cambio es que, a partir de ahora, tal y como indica la nueva denominación, el registro también incluirá los delitos de tráfico de personas.

Otra modificación es quien puede solicitar el informe: hasta ahora lo pedía el trabajador cuando tenía que empezar a trabajar en una empresa. Para evitar situaciones de abuso, ahora las empresas o instituciones también podrán pedir el certificado una vez que la persona ya haya sido contratada y hayan pasado meses o años, siempre con el consentimiento del trabajador. Asimismo, cambia la edad que se debe tener para pedir el certificado: los menores de 16 a 18 años podrán solicitarlo ellos mismos (hasta ahora debían hacerlo los padres o tutores legales).

Por otro lado, un problema que se encontraban empresas, instituciones y ONGs a la hora de contratar a personas de nacionalidad extranjera era que se les exigen dos certificados y el trabajador a veces tardaba varias semanas o meses en conseguirlos , lo que impedía que la persona se pudiera incorporar a trabajar cuando era necesario. Ahora se agilizará este trámite conectando digitalmente todas las bases de datos europeas para así simplificar la burocracia. Según Bolaños, un proceso que antes duraba semanas será ahora de minutos. Y aún en relación con las personas extranjeras, se equiparan los antecedentes penales de los demás países al régimen español, también a la hora de cancelar antecedentes.